¿Alfombra roja al turismo o prohibir la risa?

En uno de los cuentos de Los búlgaros, de Gonzalo Núñez, elogiado por Alberto Olmos en su Mala fama como "el placer exacto que la escritura literaria puede proporcionarnos", el protagonista, hastiado por su vida insulsa, pasa el verano esperando que una banda de ladrones búlgaros asalte su casa para así vivir al menos una aventura emocionante. En estos días prenavideños que vivimos, alguien que quiera experimentar una sensación similar, tal vez pueda fantasear con que un grupo de personas de cualquier nacionalidad intente abrir su puerta pensando que es un apartamento turístico. Hijo, todo esto antes era campo, luego fueron viviendas familiares y ahora son alojamientos para viajeros.

Es obvio que este hecho resultará un problema importante o una cuestión irrelevante según si está leyendo estas líneas en una gran capital, en un municipio costero aún por desarrollar o en un tranquilo pueblo del interior. E incluso dependerá de si lo está haciendo desde el centro histórico de la ciudad o desde un barrio de la periferia, o si es un vecino preocupado o un profesional que depende del turismo. Lo que sí es cierto es que el tema ha cobrado una dimensión general que hace necesaria una regulación más específica. Tanto por exceso como por defecto.

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Confieso que al menos entre mis amigos la cuestión genera calurosos debates, en unos casos producto de una concienciación real, rayana en la militancia, y en otros por el gusto por la esgrima dialéctica. Uno de ellos abomina de la colonización silenciosa que los turistas están haciendo de los cascos históricos, mientras que otro recela de cualquier intervencionismo. Como ambos son cultos y educados, sus discusiones son estimulantes porque transcurren por los senderos de la inteligencia y el humor.

Mientras uno sostiene que el turismo actual desnaturaliza a las ciudades, por lo que las administraciones deben acometer políticas urgentes de desincentivación, otro defiende que es una fuente de riqueza y empleo y que debe ser el propio mercado el que se autorregule. El primero sube la apuesta afirmando con ironía que, puestos a promocionar los centros históricos como parques de atracciones anteponiendo los valores estadísticos del PIB, se abra la veda a nuevas fuentes de ingresos, como la venta de órganos a la "maniera" de Milei. El segundo replica que con tanta intervención de Papá Estado terminaremos por prohibir la risa, como defendía el monje ciego Jorge de Burgos en El nombre de la rosa.

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Ante este ejercicio de lucidez, resulta imposible cometer con ellos un error muy habitual cada vez que se habla de este tiempo de alojamientos, el de reducir los argumentos a favor y en contra al simplismo de confrontar la turismofobia con el ultraliberalismo. En este asunto, como en casi todos, conviene tener muy presente esa aurea mediocritas a la que aludía Horacio, esa justa medida alejada de los extremismos.

Porque hay vecinos de zonas saturadas que ansían una limitación a los alojamientos turísticos porque literalmente no cabe uno más, pero también pequeños empresarios y comerciantes de lugares en los que se hace necesaria una permisividad mayor, ya que la oferta hotelera fuera de la temporada alta no es suficiente para responder a la demanda existente.

Precisamente conceder la flexibilidad que permita alcanzar ese equilibrio es la gran aspiración del Decreto sobre viviendas con fines turísticos que está en la ultimísima fase de tramitación por parte de la Junta de Andalucía. El objetivo es plantear un escenario que armonice el derecho a la vivienda y al descanso con los intereses económicos, para que sean posteriormente los ayuntamientos quienes regulen sobre esa base atendiendo a las particularidades de cada zona.

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Por ahora, los propietarios han alabado el borrador. La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía destaca positivamente que se haya contado con el sector y se apueste por criterios de calidad, garantía jurídica y profesionalización. Asimismo, las comunidades de vecinos ven con buenos ojos la introducción en el Decreto de ciertas exigencias, como un medidor de ruidos, un detector de humos o incluir la figura del gestor como persona como responsable de la vivienda, aunque están expectantes para ver cómo regula cada Ayuntamiento. Por ejemplo, los alcaldes de Sevilla y Málaga ya han reiterado que están a la espera de la aprobación del Decreto para poder tomar medidas en diversas zonas de la ciudad, aunque también advierten de la necesidad de acabar con la incipiente turismofobia.

Como suele ocurrir en asuntos que generan polémica y posiciones muy encontradas, a buen seguro que la regulación no dejará satisfecha a ninguna de las partes. Y si eso sucede, esa será sin duda la demostración de que es un acierto. No asumirá en su totalidad ninguno de los postulados a un lado y otro, sino que proporcionará un marco lo suficientemente flexible para que los ayuntamientos fijen las medidas más provechosas en cada caso.

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Y entonces quizás asistiremos a otra discusión como la de mis amigos, aunque sin trazas de ironía. Unos presentarán a los turistas como unos hooligans sedientos de alcohol, máquinas de hacer ruido e irrespetuosos con las tradiciones locales. Otros presentarán un escenario ideal al hablar de que el turismo es nuestra principal industria y enumerar aparatosas cifras de impacto económico. Y, en medio, la mayoría silenciosa, que apuesta por ese virtuoso término medio. Ni alfombra roja al turismo, ni prohibir la risa.