Los ERE son los padres

Para fijar la tesis desde el principio, por si alguien prefiere no seguir leyendo, en este Zaguán se respetan siempre las decisiones judiciales, sean cuales sean, favorezcan a quien favorezcan y perjudiquen a quien perjudiquen. Otra cosa es que se compartan. Y no es porque los jueces no se equivoquen o sean inmunes a los defectos que pueda padecer cualquier otro colectivo, sino que el sistema cuenta con suficientes mecanismos de control para garantizar nuestros derechos. Y poner eso en duda es muy peligroso.

Aunque asumo que a veces es complicado no sucumbir a la tentación de quienes encuentran una conspiración a la vuelta de cada esquina. Como cuando un juez cita a declarar como investigada a la mujer del presidente del Gobierno cinco días antes de unas elecciones. O el Tribunal Constitucional corrige al Supremo y a la Audiencia Provincial de Sevilla para desinflar la sentencia de los ERE, en un fallo aprobado curiosamente por los siete votos favorables de los magistrados considerados progresistas y con la oposición, qué casualidad también, de los cuatro señalados como conservadores. O Pedro Sánchez “absuelve” en un mitin a Magdalena Álvarez sólo días antes de que lo hiciera el Constitucional.

Ante estas circunstancias hay tres posturas. Seguir confiando en nuestro Estado de Derecho, y acudir a las herramientas previstas por la Ley para defender los propios intereses si alguien se considera agraviado. Optar por defender que el sistema en su totalidad está podrido y no existe la Justicia. O aplaudir las sentencias que favorecen a “los míos” y criticar las que les perjudican. La primera es propia de demócratas; la segunda, de iluminados peligrosos; y la tercera, de sectarios.

Desgraciadamente, el polarizado escenario político actual, en el que hemos pasado de una sociedad líquida a una sociedad inflamable, provoca que las voces más habituales pertenezcan al tercer grupo, aún quiero pensar que porque son las que hacen ruido, no por ser las mayoritarias. Lo triste es que quienes más deberían hacer por potenciar la primera versión, la sensata, que son los responsables públicos y políticos, en muchas ocasiones son los que se esfuerzan en verter gasolina sobre el incendio de la irracionalidad.

TE PUEDE INTERESAR

El Constitucional borra la malversación de los ERE y deja todo el foco del fraude en Empleo

Carlos Rocha. Sevilla Pablo Gabilondo

Ciertamente no contribuye demasiado a defender la independencia judicial y la separación de poderes que el PSOE y el PP hayan estado cinco años enredando con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el acuerdo final contemple un reparto de diez vocales/cromos por bando, que sea necesario poner por escrito que quien ha encabezado un Ministerio de Justicia no puede hacer lo propio con la Fiscalía General del Estado o que el Presidente del Gobierno no vea razón suficiente para dimitir que el Fiscal General del Estado fuera imputado.

Ante este panorama, casi nada debería invitarnos a la extrañeza, aunque la reacción de los socialistas a la sentencia del Constitucional que diluye y limita las condenas por el caso de los ERE resulta tan llamativa como un rasguño negro en un coche blanco. Celebrar el fallo y alegrarse por los compañeros que verán reducidas o anuladas sus penas es lógico, lo que llama la atención es que sean capaces de ir más allá y exigir que se les pida perdón. Ya hemos pasado por aprobar una Ley que pretende argumentar que el 1 de octubre nunca existió, aunque el Supremo ha visto algunas lagunas evidentes en ese plan. Ahora el nuevo objetivo parece ser que triunfe con efectos retroactivos aquella célebre frase de Manuel Chaves de que solo era “cosa de cuatro golfos”.

TE PUEDE INTERESAR

Cinco años del 1 de octubre: del gran desafío a la gran decepción del independentismo

Marcos Lamelas. Barcelona Gráficos: Unidad de Datos

A este argumento intentó aferrarse durante años el PSOE andaluz, antes de que quedara sepultado bajo el peso de los hechos, en forma de 139 piezas separadas, 500 imputados y hasta 19 ex altos cargos condenados. Y esa excusa vuelve a esgrimir ahora, con aire retador incluso, al hilo de la sentencia del Constitucional.

Pero que el fallo niegue ahora que existiera prevaricación al interpretar que las leyes no pueden considerarse ilegales, o que no hubo malversación porque los convenios no eran arbitrarios, sino amparados por las leyes de presupuestos, no anula lo que ocurrió. Aunque no se pueda condenar por ese delito a los acusados, por más que tanto la Audiencia Provincial como el Supremo entendieron antes que sí se podía, ese dinero fue destinado a unos fines diferentes a los que estaban previstos y buena parte de él se repartió entre determinadas empresas para que aquellos gobiernos socialistas consiguieran la “paz social”. Que los árboles de unas rayas de coca no nos impidan ver el bosque del fraude.

TE PUEDE INTERESAR

El TC ampara a Magdalena Álvarez y obliga a repetir parte de la sentencia de los ERE

Carlos Rocha. Sevilla Pablo Gabilondo

Por eso sorprende tanto ver al PSOE andaluz aprovechar este giro para incluso reivindicar su gestión e incluso, en una estrambótica pirueta, para pedir al PP que decida, en palabras de Juan Espadas, “si quiere ser un partido que disienta o discrepe pero que acate las sentencias con seriedad o rigor, o ser un partido antisistema que sólo defenderá los pronunciamientos que le den la razón”.

Y, claro, esto no pasaría de ser una frase más dentro del argumentario si no fuera porque los antecedentes nos demuestran que los socialistas se situarían más bien en el segundo grupo. En un somero recordatorio podemos hablar de la enorme campaña de desprestigio contra la jueza Mercedes Alaya, de la presión que ahora están ejerciendo contra el juez Peinado, que investiga el presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez, o incluso del comunicado conjunto de todas las asociaciones de jueces, algo absolutamente inusual, que consideraba inadmisible que el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts hiciera alusión al lawfare. Por no irnos más lejos, cuando Felipe González y toda la cúpula del partido acompañaron a José Barrionuevo y Rafael Vera a su entrada en prisión entre gritos de “injusticia” e “inocentes”.

Sería conveniente que en el PSOE andaluz celebraran la sentencia del Constitucional como es lógico, pero se abstuvieran de comportarse como si nada hubiera pasado o, peor aún, hacerse los ofendidos. Porque a este paso va a parecer que los ERE son los padres.