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El pacto fiscal: ¿tiene razón Cataluña?
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Álvaro Robles Cartes

Ángulo Inverso

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El pacto fiscal: ¿tiene razón Cataluña?

Parece razonable que cuanto más elevada sea la carga impositiva en un país, más justo deba ser su reparto. Estando España en cotas vertiginosas de esfuerzo tributario, afirmar

Parece razonable que cuanto más elevada sea la carga impositiva en un país, más justo deba ser su reparto. Estando España en cotas vertiginosas de esfuerzo tributario, afirmar que el actual sistema de financiación autonómico es justo, eficaz, transparente y que además no admite mejoras, es mucho afirmar.

Es cierto que reclamando esa justicia, el nacionalismo catalán se ha enredado en su propio discurso: agravios cogidos por los pelos,  como unas balanzas fiscales de las que no se enseñan ni tripas ni metodología, mitos simplemente falsos, como el del presunto límite legal de la solidaridad regional en Alemania, o torpezas como amenazar con irse de España mientras se pide inversiones para liderar su recuperación. Tampoco parece inteligente apuntar al PER andaluz, al museo del Prado o al AVE gallego en lugar de denunciar a Navarra y País Vasco, las dos comunidades más ricas del país y al fuero que limita por sistema su contribución solidaria. Por último, en mi opinión, se ha incurrido en el error táctico de basar la reclamación fiscal en la identidad y en la asimetría, sin buscar la complicidad de la CCAA de Madrid, primera contribuidora per cápita y junto con la que Cataluña suma casi tres cuartas partes del  esfuerzo solidario nacional.

A pesar de todo, aunque no haya dinero, y en contra del negacionismo centralista, Cataluña ha logrado imponer su 'marco' de Pacto Fiscal Solidario en el debate político. Razones no faltan para alimentar una discusión

Los territorios no pagan impuestos, lo hacen los ciudadanos. Correcto. Pero sí son las CCAA las que reciben ciertas transferencias, como son también ellas las obligadas a prestar servicios determinados por el Estado. Unas prestaciones hoy cuestionadas al verse reducida la recaudación impositiva. El Gobierno español en 2011 redujo las dotaciones a la cooperación internacional hasta el 0,29% ¿Sería lógico que hicieran lo mismo algunas CCAA con la solidaridad interregional?

Como decíamos, la reclamación catalana, al formularse desde las limitaciones de una visión nacionalista, evita cuestionar la asimetría fiscal de los territorios forales. En Cataluña se paga más impuestos al Estado con el argumento de que es necesario preservar la igualdad de los españoles ante la ley (en forma de garantía de servicios básicos) pero cuesta invocar la desigualdad a favor de los vascos, tan españoles como los catalanes.

En efecto, Cataluña tiene una tasa de paro inferior a la media española, y lidera la contribución al PIB estatal. Con un menor porcentaje de funcionarios per cápita, a los que se les ha bajado ya dos veces el sueldo, paga más tasas, más peajes y costes sanitarios, la gasolina más cara de España y el IRPF más elevado del Estado, lidera la deuda autonómica española y hoy tiene más déficit que Andalucía. Todo esto, tras dos años de ajuste bajo la batuta de Mas Colell, laureado economista y candidato al Nobel. Ojalá la culpa la tuvieran las embajadas y otros gastos de la construcción nacional. Pero es más complejo. El País Vasco alcanza el equilibrio presupuestario con superior coste de funcionariado, de policía autónoma y de TV pública per cápita, con tres modelos educativos y con sanidad para sin papeles. Mientras, sus ciudadanos tributan hasta diez puntos menos en el marginal de su IRPF. O el autodidacta lehendakari López ha obrado un milagro de gestión que debería enseñar el propio Mas Colell en las aulas de Berkeley, Minnesota o Harvard… o el sistema tiene truco.

Los aeropuertos peatonales (copy del ministro Margallo), las facturas bajo las alfombras, y las responsabilidades políticas judicializadas en Baleares, Andalucía o Valencia inducen a una duda razonable sobre los límites de la solidaridad y la eficacia de los fondos estructurales de compensación que, treinta años después de ser creados, no han servido para converger ni en renta ni en empleo.

La próxima ecuación para regular la fiscalidad regional en 2013 deberá conjugar las variables de población, PIB, extensión, edad, superficie y solidaridad entre las Comunidades como lo que es: un juego de suma nula. Lo que ganen unas comunidades lo perderán otras. Hablando claro, si treinta años de sistema autonómico no penalizan a las comunidades peor gestionadas, el sistema es una broma. Europa no permitirá esta vez ni el recurso zapateril de aprendiz de mago de aumentar la deuda pública para que todas las Comunidades ganen en el reparto, ni el invento chapucero de la deuda histórica para cuadrar las cuentas a capón de las regiones más perjudicadas.

En los próximos meses las Comunidades se van a pelear literalmente entre sí por el dinero y Cataluña será beligerante. Tanto, que mientras el PSC prolonga su ya natural estado de shock, el Partido Popular Catalá ha incorporando a su ideario la reclamación fiscal, originalmente nacionalista.  Por mérito convergente, el pacto fiscal está en la agenda catalana , se consolidará en el parlament y seguirá en ella hasta encontrar una solución razonable, lo cual es mucho tiempo. La dialéctica de negociación/reclamación nacionalista hace un imposible  metafísico la aceptación de un mecanismo de financiación óptimo permanente. Por definición, la cuota solidaria siempre tendrá, para algunos, un puntito de expolio, pero si en los próximos meses ésta se suaviza, el PPC podrá celebrarlo como un triunfo propio.  

Parece razonable que cuanto más elevada sea la carga impositiva en un país, más justo deba ser su reparto. Estando España en cotas vertiginosas de esfuerzo tributario, afirmar que el actual sistema de financiación autonómico es justo, eficaz, transparente y que además no admite mejoras, es mucho afirmar.