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Los alemanes no veranearán en Baleares, pero ojalá visiten Madrid en otoño
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Álvaro Robles Cartes

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Los alemanes no veranearán en Baleares, pero ojalá visiten Madrid en otoño

Tras dos años de vacaciones, el Presupuesto de 2021 no lo aprobará una mayoría Frankenstein en el Congreso. Lo hará Alemania

Foto: La canciller alemana, Angela Merkel. (EFE)
La canciller alemana, Angela Merkel. (EFE)
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El Gobierno hace tiempo que delega sus decisiones más importantes. A los jueces, las que afectan a Cataluña; a comités clandestinos de 'expertos', las sanitarias, y a Europa, su política fiscal. Ojalá los alemanes no se retrasen. España necesita pautas, senda y calendario para abordar un tremendo ajuste fiscal.

Muchos preferimos la tutela y condicionalidad europea a la discrecionalidad propia. Aunque es comprensible que el Gobierno encuentre limitados incentivos al inminente corte de pelo que tendrá que ejecutar. Un servicio esencial, supervisado por Alemania, que va a terminar con el ciclo de desmelene reiniciado en 2018 y descontrolado con la pandemia. En Europa, la nueva normalidad se parecerá a la antigua. Como la costumbre de prestar dinero imponiendo condiciones al deudor.

Una década después de la última crisis financiera y con los deberes sin hacer, encaramos una nueva 'consolidación fiscal'. Como pasó en Grecia, será el Gobierno enemigo de las élites y el más crítico con los recortes el encargado de empuñar las tijeras. A lo mejor eso no es malo para contener la tensión social, pensarán en Europa.

Foto:  Paolo Gentiloni (EFE)

El autocomplaciente ejercicio fiscal de 2019 no es un precedente que provoque simpatía entre los dueños de nuestro destino. Tampoco la reclasificación del Tribunal de Cuentas del año anterior. Con el viento de cola, hemos retrocedido en disciplina —2,8% de déficit sobre PIB, 30.000 millones más de deuda— hasta la cola del 'ranking' de la ortodoxia. Nos superan ya los compañeros del sur en las clases de refuerzo de contabilidad pública: el Portugal de Costa, que asombra con sus progresos, Italia, en equilibrio fiscal primario (antes de intereses), y Grecia, a la que le ha costado una década de tutela europea tener más ortodoxos en la Iglesia que en su Hacienda.

El último Gobierno de Rajoy ya relajó el ritmo de la convergencia rebajando impuestos, subiendo sueldos a los funcionarios y agravando la inviabilidad del actual sistema de pensiones. La gestión del gabinete de Sánchez, engastado —gastar les define bien siempre— en torno a la gigantesca mesa del Consejo de Ministros, que recuerda al anuncio de Fairy, simplemente la ha ignorado. Siguiendo una enraizada costumbre progresista, volvemos a criticar la austeridad invocando la solidaridad de quienes la practican; a pedir ayuda a los países austeros, los que, ante un apuro electoral, no intentan comprar los votos de funcionarios y pensionistas con dinero ajeno.

Foto: Reuters.

El agujero es serio. Un escenario central de caída del PIB en la horquilla del 12%-15%, cinco millones de parados, una posible reducción de 50.000M en la recaudación y aproximadamente 200.000M de necesidades de financiación extra lo resumen. Más allá de una no pequeña porción de ayuda directa —casi el 40% de esa cifra, si se aprueba el generoso Fondo de Recuperación en los términos propuestos—, España va a pedir permiso para endeudar más a los españoles. Argumentos como invocar la solidaridad, no agravar los desequilibrios financieros o promover la simetría de la recuperación no nos eximirán de esa nueva carga. Hemos gastado más y peor que nuestros vecinos, y es duro, pero a la postre los rescates europeos —si prefieren, no lo llamen así— se practican con el dinero del rescatado.

Foto: El economista holandés Marcel Jansen. (Carles Bover Martínez)

Es cierto que muchos gastos no son recurrentes y que lo importante es la viabilidad estructural de nuestras cuentas. Por eso, no son buenas noticias que hoy España lidere junto a Italia y Eslovaquia los desequilibrios estructurales de la Unión Europea: déficit del 5,6% sobre PIB, según los datos —optimistas— que maneja la Comisión, y que se agravarán en pocos meses hasta deber más del 125% del PIB.

España se enfrentó ya a un ajuste de casi 40.000M en 2012, cifra que podría dar idea del orden de magnitud del que nos espera. Se acerca el momento de plantearse si es de recibo que los funcionarios cobren de media casi un 50% más que los trabajadores que pagan su sueldo; si es solidario que muchos pensionistas reciban por encima de lo que han cotizado y más que quienes financian su pensión; si podemos permitirnos cuatro millones de servidores públicos, ignorando las prácticas del sector privado y la productividad digital; si nuestra democracia necesita decenas de televisiones públicas tan ruinosas como sectarias para competir en telebasura con las privadas; si la panoplia de observatorios, institutos, organismos públicos e instituciones subvencionadas es sostenible —o si, como el CIS, su principal utilidad es indignar a la mitad de los españoles—, y si los niveles solapados de la administración territorial descentralizada tienen algo de capricho de nuevo rico.

Foto: iStock.

Tras dos años de vacaciones, el Presupuesto de 2021 no lo aprobará una mayoría Frankenstein en el Congreso. Lo hará Alemania. La condicionalidad no es un castigo insolidario al necesitado. Es la expresión de las garantías que solicita el acreedor para que nuestra deuda no sea creciente, perpetua e incobrable. Que España sea viable no es malo. Lo que no ahorremos se traducirá en más impuestos, no en mayores ingresos públicos, debido al derrumbe de la actividad. Y en nuevas figuras: tasas de reconstrucción, impuestos de solidaridad, de transición ecológica, de transacciones financieras, de bebidas edulcoradas, de economía digital, de rentas altas y de grandes fortunas. Más corrección política para camuflar de patriotismo el yihadismo fiscal.

De cara a la condicionalidad, nos va a dar igual si es MEDE —los remilgos por evitar un instrumento estigmatizado nos iban a costar 2.000M en intereses—, SURE, inversión del Banco Europeo, fondos como el de reconstrucción o recurso directo del Tesoro. Volvemos a incurrir con holgura en déficit excesivo (3% sobre PIB), si no lo hemos hecho ya en 2019, lo que permite a la Unión intervenirnos 'de facto'. Si ello no bastara, el BCE tiene el 40% de nuestra deuda, mutualización por la puerta trasera suficiente para mandar en nuestras cuentas. Somos, junto a Italia, la mayor amenaza para el euro, un problema que Europa no va a ignorar. Podremos (unidas) endeudar a otro par de generaciones, pero será a cambio de mostrar pronto los primeros sacrificios. El resto es retórica. Teatro de exclusivo consumo interno.

Por eso, mientras los ricos que alguien creyó que iban a pagar todo esto se van de España, algunos esperamos que los alemanes vuelvan. 'Willkommen'.

El Gobierno hace tiempo que delega sus decisiones más importantes. A los jueces, las que afectan a Cataluña; a comités clandestinos de 'expertos', las sanitarias, y a Europa, su política fiscal. Ojalá los alemanes no se retrasen. España necesita pautas, senda y calendario para abordar un tremendo ajuste fiscal.

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