El tablero electoral español se divide en dos bloques bastante uniformes, pendientes de su capacidad de movilización, pero con una gran volatilidad interna. Esta indecisión especialmente en el bloque formado por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha provocado desde muy pronto, en plena precampaña, un intercambio recurrente de declaraciones y vídeos que tratan de reivindicar que el voto solo es útil si recae sobre las propias siglas.

Para hacerlo, los partidos seleccionan cuidadosamente las cifras elegidas para que, oh casualidad, los "datos" corroboren la tesis establecida previamente. En los tiempos de la verdad a la carta no hay nada más mentiroso que un dato cuidadosamente elegido. Al hacerlo confunden, quién sabe con qué intención, entre el todo y la parte y, con esa necesidad posmoderna de simplificar asuntos complejos, culpan de todo a Víctor d'Hondt, un jurista belga que hace 141 años ideó un sistema proporcional de reparto de escaños empleado hoy en más de 40 países.

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Las críticas se centran en que esta fórmula de reparto de escaños no resulta proporcional, favoreciendo a los partidos mayoritarios y perjudicando a los que tienen un respaldo electoral menor, lo que no es del todo cierto.

Lo primero que habría que decir es que el sistema electoral puramente proporcional no existe. Solo podría existir si se distribuyeran el mismo número de escaños que de votos, pero como no es así, todo sistema tiene que pensar en una fórmula matemática de reparto de los "restos". Esto es precisamente lo que intentan resolver tanto la citada ley d'Hondt, como otras fórmulas como Sainte-Laguë o la del mayor resto. Y en cierta medida, lo ha logrado. Así lo muestra la historia reciente de nuestro país en la que a pesar de las críticas coincidentes en que favorece el bipartidismo, nos encontramos actualmente con cuatro partidos por encima de 10% de los votos y escaños, algo que, según las encuestas, puede hacerse extensible a un quinto partido.

Dicho lo cual, es cierto que el sistema electoral en España favorece a los partidos mayoritarios, pero lo que afecta a la proporcionalidad no es tanto el desequilibrio que genera una opción u otra del reparto de los restos, sino el número de escaños que el sistema reparte entre las distintas circunscripciones. La LOREG, que regula el sistema electoral, reparte los escaños por provincias en función de su población, tras conceder a todas ellas una representación mínima de dos escaños, independientemente de su tamaño o población.

En Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos

Este reparto inicial es el que realmente afecta a la proporcionalidad y hace que 35 circunscripciones, que representan el 67% del total, repartan un total de 145 escaños. El 41% de los escaños en juego, para el 30% de la población (14.488.041 de un total 46.723.000) según los datos del INE.

De esta manera, en estas provincias resulta más difícil conseguir escaño para aquellos partidos que resultan terceros o cuartos en el recuento. Los datos históricos de estos 42 años nos señalan el porcentaje mínimo para obtener un escaño en las provincias de estas características. Por ejemplo, en Soria, que desde 2008 es la única provincia que reparte solamente dos escaños, nunca se ha obtenido uno con menos del 23% de los votos, en las ocho provincias de tres escaños nunca se ha obtenido un diputado con menos del 17,6% de los votos, en las diez de cuatro, el escaño obtenido con un porcentaje menor de votos se consiguió con el 12,2%, en las siete provincias de cinco con un 9,7% y, paradójicamente, en las siete de seis escaños el mínimo de votos necesario para lograrlo fue un 10,8%.

En estos mismos datos de las ocho elecciones generales celebradas en España vemos que cuando hablamos de promedio de votos, el porcentaje de voto para obtener dos escaños es de 30,89%, en las de tres escaños se sitúa en el 23,5%, si la circunscripción reparte cuatro escaños la media es del 17,8%, 14,8% para las de cinco escaños, y 12,6% para las de seis. Si proyectamos sobre este promedio el resultado medio de las encuestas publicadas hasta esta semana, que otorga un 27,4% de los votos al PSOE, un 20,5% al PP, un 16,8% a Ciudadanos, un 13,8% a Podemos y un 10,9% a Vox vemos cómo tres de los cinco principales partidos políticos rondan estos porcentajes y corren serio riesgo de quedarse fuera del reparto en casi todas estas circunscripciones, sin poder aprovechar los votos recibidos en esa provincia.

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Caso aparte es el Senado. Con el objetivo de favorecer la representación de los territorios, se dispara la falta de proporcionalidad al repartirse el mismo número de escaños por cada provincia. Una asimetría que aumenta, aún más si cabe, si le añadimos que el sistema de reparto concede el escaño a los candidatos con mayor número de votos, escogidos en listas cerradas, pero no bloqueadas, que permiten al votante escoger tres nombres de diferentes partidos, algo, por cierto, poco habitual. De esta forma podemos decir que aquel partido que en cada provincia consiga el mayor número de votos, obtendrá tres de los cuatro escaños en juego, lo que, una vez más, a la luz de la mayoría de las encuestas publicadas, proporcionaría al PSOE un número de representantes suficientes (146 sobre los 206 asientos que se eligen), para tener mayoría absoluta sobre los 266 senadores que forman la Cámara, una vez incorporados los senadores de designación autonómica.

No es casual, por tanto, que hayan surgido ofertas del Partido Popular para unir fuerzas en estas provincias ni que, tras no ser aceptadas estas por Vox y Ciudadanos, comience la apelación a la utilidad que pretende maximizar el voto dentro de cada uno de los bloques. Estas apelaciones, si no se concretan en una serie de provincias donde el escaño está en competencia con PSOE o Podemos, corren el peligro de terminar produciendo el efecto contrario al que pretenden, perjudicando a la suma dentro del mismo bloque y, consiguientemente, a la posibilidad de formar Gobierno. Un objetivo que, más allá de los juegos aritméticos, pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas, (aunque, según las encuestas, muchos españoles aún contemplan y aceptan la posibilidad de que Ciudadanos cambie la posición adoptada por su ejecutiva, y pase a apoyar al PSOE o al menos permita su investidura con la abstención).

Un objetivo que pasa por un juego de alianzas que, a día de hoy y a todas luces, debería unir a PP-Ciudadanos-Vox o PSOE-Podemos-Nacionalistas

Está por ver el efecto de los ataques cruzados que se dediquen los partidos a cuenta de si el voto útil es de uno o de otro. En primer lugar, está el efecto que pueda tener en el resultado final del bloque, que puede sufrir esta guerra de desgaste y que aumentaría la dificultad de formar un Gobierno alternativo al del PSOE con Podemos y los nacionalistas. En segundo lugar, está la cuestionada eficacia de este tipo de campañas, basadas en las encuestas, salvo que se realicen en los últimos días o, como ocurrió en 2016, tengan lugar muy cerca de unas elecciones anteriores. Los ciudadanos al votar no piensan tanto en la utilidad de su voto como en sus consecuencias. Y es, precisamente, en las consecuencias donde se encuentra el riesgo principal, a medio y largo plazo. Si nos atenemos a las encuestas publicadas es probable que su voto sea un voto que la misma noche electoral dejará de ser útil o inútil, quedará libre de consideraciones y cálculos para ser, sencillamente, un voto que permita gobernar a Pedro Sánchez. Esta es la gran paradoja a la que se tendrán que enfrentar muchos votantes: queriendo echar a Sánchez, habrán colaborado a mantenerlo.