Los nuevos árbitros de la campaña electoral

Sus decisiones de los últimos días han puesto en el foco de la actualidad a la Junta Electoral Central, un órgano, que como cualquier buen árbitro suele triunfar cuando consigue pasar desapercibido. En estas elecciones no ha podido evitar salir de las sombras para actuar ante aquellos que se han acostumbrado a moverse en los límites de las reglas del juego, convencidos de que el camino de su éxito pasa por sembrar la desconfianza en el Estado de derecho.

Quizás ese protagonismo no buscado, ha mantenido en segundo plano otras decisiones adoptadas durante la campaña por plataformas como Facebook, Twitter o WhatsApp, que, aunque no han afectado de manera determinante al resultado electoral, sí han alterado el normal desarrollo del proceso.

En el año 2019 es imposible afrontar unas elecciones sin tener en cuenta que el uso innovador de la tecnología permite, al primero en adoptarlas, una posición de ventaja. Prácticas como la de crear perfiles, cada vez más concretos y personalizados, de usuarios de redes sociales a los que adaptar la publicidad y la comunicación es algo de lo que ya hemos oído hablar. Lo hicimos con el caso de Cambridge Analítica la campaña presidencial norteamericana de 2016. En la del referéndum sobre el Brexit supimos cómo personas y grupos de fuera del país podían interferir en el desarrollo de la campaña, tanto comprando publicidad como a través acciones coordinadas en las redes. Lo último que hemos conocido es el uso de WhatsApp que algunos cifran como clave del éxito de la candidatura de Bolsonaro en Brasil.

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En todos los casos, el uso de las tecnologías ha ido siempre dos pasos por delante de la legislación. Y los lapsos de tiempo entre los hechos y la respuesta legislativa que se les da, acaba dando espacio a nuevos árbitros que acaban por asentar sus propias reglas.

Así ha sido en el caso de España donde la reciente reforma de la ley electoral, recurrida por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, en lugar de dar respuesta a estas prácticas, ha parecido alentarlas, aumentando la incertidumbre que ni siquiera la Agencia Española de Protección de Datos ha podido evitar, en una interpretación que va más allá de la literalidad de la ley, y establece una serie de obligaciones, cuyo valor normativo resulta, cuando menos, cuestionable.

Entre la confusión y la falta de respuesta, las propias plataformas se han lanzado a poner en marcha medidas para responder a estas prácticas que amenazan la democracia. Las elecciones generales del 28 de abril en España fueron una prueba de lo que vamos a vivir el 26 de mayo en toda Europa. Y la conclusión es que aún hay mucho que mejorar.

La privatización de la justicia electoral

Las plataformas han ido estableciendo distintas reglas del juego electoral de manera unilateral, en virtud del contrato privado que establecen con sus usuarios. Esto es ya de por sí un motivo, al menos, de reflexión, porque supone que la justicia electoral pasar a ser el resultado de una relación entre particulares. Además, no han dudado en aplicar estas normas de manera unilateral y sin previo aviso, amenazando el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión.

Facebook al menos trató de informar a los partidos políticos de estas condiciones. Por un lado, la red social avisó de que rastrearían y eliminarían las cuentas falsas, ofreciendo a las formaciones políticas herramientas para denunciar estos perfiles; anunció que iba a luchar contra las noticias falsas, permitiendo a los usuarios calificarlas como falsa y delegando en Newtral y Maldita.es la decisión final. Se establecían también una serie de condiciones para la contratación de publicidad en la plataforma: su identificación como campañas políticas, la debida autenticación por parte del partido de aquellos que quieran contratar campañas de publicidad, la prohibición de comprar publicidad desde fuera de España y la creación de una librería pública (que se almacenaría durante 7 años) donde estarían disponibles todas las campañas de publicidad política, con una información básica de cada una de ellas.

Un archivo similar ha establecido Google, que permite consultar la publicidad contratada por los distintos partidos y candidatos en su plataforma de YouTube. En el caso de Twitter también se anunciaron una serie de medidas dirigidas a eliminar cuentas falsas.

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Una vez en campaña se plantearon una serie de incidencias que, ante la falta de respuesta rápida de las Juntas Electorales (que se limitaron a advertir frente al uso de canales institucionales con fines electorales) fueron resueltas de manera expeditiva por las distintas plataformas sociales, sin criterio ni procedimientos claros.

El primero fue la desaparición repentina en Facebook de los anuncios de aquellas fuerzas políticas que no habían efectuado el registro en la fecha establecida, a pesar de que en las instrucciones de la plataforma vinculaban este registro exclusivamente a las elecciones europeas. Todos los anuncios eliminados fueron repuestos una vez realizado el registro.

La plataforma también ha bloqueado distintos anuncios contratados por los partidos, denunciando las "mentira" de otros partidos, sin aclarar porque esta denuncia alteraba sus condiciones de uso, mientras mantenía otros que habían sido denunciados como falsos, como la serie de anuncios de Ciudadanos que se refería a una escasa diferencia de votos en distintas provincias, basada en una encuesta inexistente.

Twitter también actuó según lo anunciado y aprovechó la celebración de los debates, y la actuación de los equipos de campaña en torno a 'hashtags' propios, para localizar cuentas supuestamente falsas y eliminarlas sin aviso previo.

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Pero lo más preocupante fue la reacción de WhatsApp, que decidió suspender sin ningún tipo de aviso previo el canal de Podemos por un supuesto mal uso de la plataforma a cinco días de la votación. Dos días después, y tras reiteradas propuestas del partido de Iglesias que denunció esta suspensión como un ataque a la libertad ideológica (denuncia archivada por la Junta Electoral Central), la plataforma propiedad de Facebook decidió suspender, también sin previo aviso y por los mismos motivos, los canales de PP, Ciudadanos y PSOE. En este caso, según los partidos involucrados, la compañía tardó en ofrecer respuestas y cuando lo hizo resultaron contradictorias.

Las consecuencias resultan preocupantes. A menos de 72 horas de la celebración de las elecciones, en un momento en el que un alto porcentaje de votantes estaba tomando su decisión, los partidos políticos se vieron privados de uno de sus canales de comunicación directa con los votantes. Lo paradójico es que fue ese el momento en el que más bulos comenzaron a circular por esta misma plataforma, dejando a los partidos indefensos frente a estos ataques, que según distintas organizaciones de verificación, se intensificaron en esos días.

Ante la actuación, marginal en estos temas de la Junta Electoral, y la ineficacia de la circular de la AEPD que no generó ninguna respuesta oficial de los partidos, la única normativa aplicable resultó la propia de las plataformas sociales y la única autoridad la de estos mismos organismos que adoptaron sin aviso ni procedimiento alguno decisiones de especial transcendencia que tuvieron consecuencias directas en el derecho de los ciudadanos a recibir información durante el proceso electoral. Nuevos árbitros electorales sin otra legitimidad que su papel predominante en el mercado.