Jueces en campaña

La nominación de Amy Coney Barrett para ocupar la vacante de la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg en la recta final de la campaña electoral puede tener efectos insospechados en los resultados del próximo 3 de noviembre. Pero, además, abre una batalla sin cuartel para lograr su confirmación en el Senado.

“El pueblo puede cambiar el Congreso, pero solo Dios puede cambiar la Corte Suprema” (George W. Norris). Algo de eso debe haber cuando la elección de los magistrados de la Corte Suprema, un proceso en el que confluyen el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, suele ser una de esas decisiones de la que se arrepienten todos los presidentes de los Estados Unidos, quizás por su irrevocabilidad.

Hasta 1987 la confirmación de los nominados para el Tribunal Supremo era un trámite rutinario, una presentación del candidato ante el Comité Judicial del Senado, centrada en su carrera profesional, sin entrar en cuestiones de su ideología o su vida personal, que generalmente se solventaba sin preguntas, no solía durar más de un par de horas y en la mayoría de los casos se adoptaba por aclamación, o sin votos en contra.

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Sin embargo, la nominación de Robert Bock por Ronald Reagan en 1987 cambió para siempre un procedimiento que afecta a la clave de bóveda de la democracia norteamericana. Cuando se conoció su nombre, el senador Ted Kennedy criticó duramente la elección por “oponerse al aborto, favorecer la segregación, ir en contra de los derechos de los ciudadanos, prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución en los colegios, la censura de los artistas”… Quizá sin saberlo, el pequeño de los Kennedy estaba abriendo la brecha para que todo cambiara y sus críticas fueron el pistoletazo de salida para que una elección que, hasta ese momento había sido generalmente pacífica, se convirtiera en una batalla a muerte, donde intereses y principios se confunden.

A la contienda desatada se unieron algunas de las organizaciones civiles más relevantes del país, como la ACLU, que impulsaron campañas para evitar la confirmación. E incluso ya por entonces, destacó en la liza un senador, Joe Biden, que elaboró el conocido ‘Biden Report’, que el candidato más adelante calificaría como “un informe tan tergiversado que merecería figurar en cualquier antología de la injuria”. El resultado, además de un enconado debate en el que, por ejemplo, se llegaron a revisar los títulos de los vídeos alquilados por el candidato (entre los que se encontraban 'Un día en las carreras' o 'El hombre que sabía demasiado') fue el rechazo del candidato y, sobre todo, un sonoro fracaso de la Casa Blanca.

Su rechazo cambió las reglas no escritas para estos procesos de manera radical y, desde entonces, prácticamente todas las nominaciones se han convertido en auténticas batallas campales. Nunca una institución tan pequeña reclamó tanta atención ni detentó tanto poder.

Cada vacante desata una auténtica batalla que, además de a las instituciones, llega a los medios y a las calles, donde organizaciones de derechos invierten millones en organizar campañas de apoyo o rechazo al nominado, llegando incluso a convocar manifestaciones que se han saldado con cientos de detenidos.

Ser seleccionado para el Tribunal Supremo es como ser un candidato político al que nadie quiere y que, sin embargo, lucha por ser elegido. Así es como lo describió el juez Roberts en sus audiencias de confirmación. No es de extrañar que ante esta situación la Casa Blanca se arme para estas batallas como para las campañas electorales más importantes.

El proceso de selección de magistrados se ha convertido, a la vez, en un auténtico juicio con testigos cualificados e investigaciones en profundidad y en una campaña política, en la que participan los grupos de activistas, los medios de comunicación y los partidos. Un juicio en el que las sesiones se extienden durante días, incluso semanas. En él, participan decenas de testigos y el candidato se somete a cientos de preguntas sobre su vida y sus creencias, más de 1.000 en la última confirmación, en ocasiones interminables, como la de Biden en la confirmación de Alito que duró 24 minutos, todo aliñado con una virulencia impropia de los debates parlamentarios que ha llegado a provocar las lágrimas en los familiares de algún candidato, y que terminan con resultados cada vez más ajustados.

Tampoco se ahorran atajos legales como el del filibusterismo, el intento de retrasar una decisión parlamentaria a través de una sucesión de intervenciones sin fin, y sin relación alguna con el asunto en cuestión, hasta llegar incluso a bloquearla (que amenazó los procesos de Alito y Gorsuch), o el retraso ‘sine die’ de la convocatoria de la Comisión, que afectó al último nominado por Obama, Merrick Garland, que nunca llegó a ser elegido.

Los procesos se preparan durante años, como cuenta el consultor político, y jefe de gabinete de George W. Bush, Karl Rove, que vivió el proceso: cuando la jueza Sandra Day O´Connor anunció su retirada, la Casa Blanca llevaba ya 4 años trabajando en los posibles nominados con un equipo de altísimo nivel del que formaban parte el vicepresidente y su jefe de gabinete, el Fiscal General, el jefe de gabinete y el asesor jurídico de la Casa Blanca.

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Los cambios de dinámica han afectado también al perfil de los candidatos, y entre los que alguna vez fueron considerados se encuentran nombres tan curiosos como el de Mario Cuomo, Michael Sandel o Hillary Clinton (una idea sexy en palabras de su marido Bill, que fue finalmente rechazada porque como recuerda Stephanopoulos “Sexy estaba bien, pero seguro era aún mejor”).

Karl Rove ofrece una idea aproximada de la entidad del proceso cuando da la composición de estos equipos “de comunicación, prensa, asuntos legislativos, asesores y miembros del departamento de justicia”. Una cohorte de profesionales con un solo objetivo: ser el 'sherpa' del candidato y guiarle a través del proceso de nominación. A estos equipos han pertenecido consultores reconocidos como George Stephanopulos (All too human: a political education), Karl Rove (Courage and Consequence, 417-425), Eddie Gillespie (Winning Right, 187-232), que reconocen su importancia dedicando un capítulo en sus memorias. E incluso Fred Thompson, exsenador y famoso por su papel en la serie Ley y Orden, que ejerció de sherpa del actual presidente del Tribunal, el juez Roberts, o Steve Schmidt, que sería el jefe de campaña de McCain en 2008.

Su trabajo incluye expurgar los historiales vitales y profesionales de los candidatos, realizar entrevistas a fondo para su selección, presentar al candidato al Comité Judicial y al resto de miembros del Senado, proteger su historial y su imagen de los ataques públicos, trabajar con los grupos de activistas, responder cientos de preguntas enviadas por los senadores y preparar a conciencia al “candidato” para unas audiencias que serán necesariamente desagradables, además de gestionar el día a día de la comunicación.

Todos han tenido que lidiar con acusaciones desagradables: acoso sexual, plagio, favoritismo en el proceso de adopción de un hijo...

Todos han tenido que lidiar con acusaciones desagradables: acoso sexual (Thomas y Kavanaugh), plagio (Gorsuch), favoritismo en el proceso de adopción de un hijo (Roberts), o racismo (especialmente ofensivo al venir de Ted Kennedy y referirse al Juez Alito, hijo de un inmigrante italiano) e incluso ataques de los grupos conservadores por no ser suficientemente conservador (lo que obligó a renunciar a Harriet Miers nominada por George W. Bush).

Es muy probable que, a partir de mañana, comience una batalla similar. Antes de hacerse pública la nominación ya han comenzado las críticas, que se han centrado en la condición de católica de la nominada a la que acusan de pertenecer a la comunidad religiosa en la que supuestamente se inspiró 'El cuento de la criada'.

Ante la posibilidad que, a pesar de estas críticas, la nominación salga adelante, dando lugar a una Corte de marcado talante conservador, se plantean ya distintas propuestas.

La primera sería reproducir el bloqueo que sufrió Merrick Garland, al ser nominado por Obama en su último año de mandato, un precedente que ha sido invocado en el proceso que empieza hoy. Aunque la situación no es la misma, los principios han vuelto a ceder frente a los intereses de unos y otros, y los que en 2016 defendieron el derecho del presidente de nominar un candidato hasta su último día en la Casa Blanca, hoy se agarran al calendario (más allá de que exista un buen número de nominados en el último año y algún ejemplo de procesos de confirmación de una duración similar).

La historia muestra que, por su independencia y profesionalidad, una vez nombrados los magistrados actúan con libertad

La segunda, la del filibusterismo, ya ha sido desactivada. Los republicanos terminaron con esa posibilidad al extender a los Jueces del Supremo el uso de la “opción nuclear” (establecida por los demócratas en 2013 para sacar adelante las nominaciones judiciales federales), lo que permitiría aprobar la confirmación de Barrett por mayoría simple.

Como última opción se habla de aumentar el número de magistrados. El tamaño de la Corte Suprema, que no se establece en la Constitución, no ha variado desde 1869, y el último intento serio de cambiarlo fue realizado por F. D. Roosvelt, que fracasó en el intento. La opción de aumentarlo solo se justificaría por el miedo a una Corte excesivamente conservadora y sería una opción demasiado agresiva, al modificar una institución básica por un motivo puramente coyuntural.

De todos modos, la historia nos muestra que, como consecuencia de su independencia y su elevada profesionalidad, una vez nombrados los magistrados actúan con una gran libertad, y casos como el de jueces como Frankfurter, Black, Earl Warren o el mismo Roberts explican que pese a que en los últimos 50 años 14 jueces han sido nombrados por Presidentes Republicanos frente a 4 nombrados por Presidentes Demócratas, las decisiones del Tribunal Supremo sigan siendo una referencia jurídica y moral, y no solo en Estados Unidos.