El Gobierno de Su Majestad

"Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir". Juan Carlos I tardó exactamente tres segundos en pronunciar la frase más recordada de su largo reinado. No es la única importante, porque no se puede ignorar su discurso del 23-F. Y también fue relevante su reacción en la Nochebuena de 2011 ante las investigaciones sobre Iñaki Urdangarin, cuando nos dijo que "la Justicia es igual para todos".

No habían pasado cuatro meses desde esa apelación a las responsabilidades de su yerno cuando el todavía Rey se cruzó con los elefantes de Botsuana. Emergieron entonces la sombra de Corinna y los muchos desatinos que se conocieron después. La pintoresca y lamentable aventura africana se produjo en abril de 2012. Mariano Rajoy estaba recién llegado a la Moncloa. Dos años después asistíamos a su abdicación del trono en favor de don Felipe, una delicada crisis institucional cuya gestión Rajoy compartió con el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hoy, Pedro Sánchez cogestiona la calamidad sanitaria y la calamidad económica de la mano de Pablo Iglesias. En paralelo, el presidente trata de poner plomo en sus pies para moverse con la cautela debida ante el complejo brete institucional provocado por las interminables revelaciones sobre las actividades económicas de Juan Carlos I. Y no es fácil.

Opinión

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El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos defiende legítimamente sus aspiraciones políticas y nos anuncia a los españoles que "tarde o temprano, la república llegará con absoluta normalidad democrática". Al tiempo, el presidente y líder del PSOE afirma con palabras rotundas que "la monarquía no está en peligro" y que "el Gobierno de España siempre va a salvaguardar la Constitución, del primer al último de los artículos" porque respeta "el pacto constitucional que alumbró en 1978 nuestro país".

Que desde la misma sala del Consejo de Ministros se certifique que la monarquía no está en peligro y, a la vez, se nos comunique que va a llegar la república resulta confuso salvo que, precisamente, la estrategia electoral del ticket Sánchez-Iglesias sea ocupar todo el terreno de juego político: el lado del campo que corresponde a quienes defienden España tal y como la conocemos y, también, el lado de quienes aspiran a poner al país del revés. Cada voto cuenta para que Frankenstein se mantenga en pie sin perder el equilibrio.

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La tarea para que la república llegue "tarde o temprano" sigue su curso, porque quienes promueven ese cambio de régimen ven alimentadas sus aspiraciones gracias a que no hay defensa posible para las desdichadas actuaciones privadas protagonizadas por don Juan Carlos con el dinero de otros. El propio rey Felipe erigió una frontera entre él y su padre: apartó al anterior jefe del Estado de los actos institucionales y retiró la asignación económica que le correspondía como rey emérito. Y ahora, ante la magnitud de la crisis, ha llegado la hora de que don Juan Carlos reflexione sobre la conveniencia de tomar decisiones, para que esas decisiones no las tenga que tomar su hijo. Urge.

Si resulta irracional ser más papista que el Papa, de la misma forma es poco sensato reconocerse como más juancarlista que el hijo de don Juan Carlos. Lo difícil es encontrar esa posición en la que la exigencia a la persona se ajusta a la gravedad de los errores o desmanes que haya podido cometer, al tiempo que se protege a la institución. Y en el Gobierno de Su Majestad —utilizando la terminología británica— encontramos una cosa y su contraria: desde el mismo Gobierno se defiende y se ataca a la Corona. El presidente Pedro Sánchez y los suyos amparan en público la presunción de inocencia del Rey emérito y la honorabilidad de la monarquía parlamentaria, mientras el vicepresidente Pablo Iglesias y los suyos proclaman en público la presunción de culpabilidad de don Juan Carlos y pretenden destruir la monarquía parlamentaria.

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Nadie —tampoco quien ha sido rey— debe sufrir las consecuencias de algo que no ha hecho. Nadie —tampoco quien ha sido rey— debe evitar la acción de la Justicia si existen motivos para que la Justicia actúe. La presunción de inocencia jurídica es un derecho de todo ciudadano. Otra cosa es la exigencia ética, porque cuanto más alto es el cargo institucional que se ocupa —o se ha ocupado— más elevada ha de ser esa exigencia.

La abdicación de Juan Carlos en 2014 la trabajaron a medias Rajoy y Rubalcaba, Gobierno y oposición. La operación de salvar el reinado de Felipe VI es aún más compleja. Si el presidente es sincero cuando se erige en valedor de la monarquía parlamentaria, le será difícil arropar al Rey de la mano de Podemos y de sus socios parlamentarios, todos ellos fervientemente republicanos. Sánchez se vería obligado a apoyarse en los partidos de oposición, con los que mantiene un intenso proceso de incomunicación y desconfianza mutuos. Si aun así lo hace, ¿asumiría el riesgo de perder los apoyos que necesita para seguir en la jefatura del Gobierno, a cambio de reforzar la jefatura del Estado? Interesante dilema.