Pandemia, responsabilidades y disculpas

La todopoderosa canciller Angela Merkel apareció en televisión y pidió perdón.

Resulta sugestivo e inspirador que una mandataria de ese calibre se considere en la obligación de disculparse ante los ciudadanos a los que gobierna porque las medidas que ha adoptado para frenar el avance de la pandemia no funcionan, o ha llegado a la conclusión de que son legalmente inaplicables, o son irrealizables en la práctica, o se ha percatado de que sus compatriotas están hartos de restricciones, o la gestión política nacional y de cada 'lander' en particular ha sido defectuosa. O todo a un tiempo.

Asistir a una buena gestión de la calamidad sanitaria que sufrimos no es algo que haya podido experimentar casi nadie en el mundo. El desastre es de tal magnitud que resulta humanamente inabarcable, y los dirigentes a los que les ha tocado tomar decisiones han tenido y tienen enfrente un rival al que, de momento, no han sido capaces de sortear. Y eso es comprensible. Pero es exigible valentía para adoptar las decisiones que se consideran necesarias, y asumir la responsabilidad cuando dan buen resultado y también cuando no funcionan.

Asistir a una buena gestión de la calamidad sanitaria que sufrimos no es algo que haya podido experimentar casi nadie en el mundo

El Gobierno de España ha puesto en marcha dos modelos contrapuestos de gestión. En la primera ola, la Moncloa asumió todo el poder con el mando único mediante el decreto de estado de alarma. Cada una de las decisiones se adoptaba en el Consejo de Ministros –con el lema “entramos juntos y saldremos juntos”– y las comunidades solo se limitaban a ejecutar las medidas que establecía el Gobierno central.

Todo cambió en agosto de 2020. Después de que la situación mejorara en junio y julio, los indicadores de la pandemia volvieron a empeorar y anunciaban una segunda ola. A la vista de lo que estaba por venir, el presidente del Gobierno dedicó parte de su tiempo de vacaciones a repensar su decisión de marzo. Asumir toda la responsabilidad en la gestión había supuesto, también, asumir toda la responsabilidad política sobre el cuestionado resultado de esa gestión. Y Pedro Sánchez y quienes le rodean decidieron que ya había sido suficiente.

Así, a finales de ese mes de agosto, 'El País' publicó en qué consistía el nuevo marco mental del presidente: “Trasladar a las autonomías toda la presión política frente a la pandemia”, según se podía leer en el titular del periódico. El Gobierno había adoptado lo que las fuentes de la Moncloa citadas por el diario definían como “una decisión política de fondo”: el presidente no quería asumir otra vez toda la responsabilidad ni sus consecuencias negativas. Desde entonces, su ministro de Sanidad hasta febrero, Salvador Illa, se limitó a actuar como un “comentarista”, en expresión cáustica de su compañero de partido y presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Toda la responsabilidad de la pandemia sería de las autonomías, y la de las vacunas sería de la Unión Europea. La Moncloa miraría a un lado y a otro, y nada más.

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La voluntad monclovita de permanecer al margen solo se quebró en octubre, en una decisión más política que epidemiológica, para forzar un estado de alarma en la Comunidad de Madrid. El posterior decreto de estado de alarma nacional –vigente hasta el 9 de mayo– se estableció no tanto para que el Gobierno de la nación tuviera la posibilidad de adoptar medidas sino porque las comunidades autónomas pedían herramientas legales para actuar por su cuenta ante la evidencia de que Sánchez e Illa ya no lo hacían. Y ahora, llegada la Semana Santa, la Moncloa tampoco ha querido retomar el control de las operaciones.

El Ministerio de Sanidad sí sugería el cierre de comercios no esenciales a las 20 horas –un adelanto 'de facto' del toque de queda, pero sin el engorro de pedir al Congreso la ampliación del estado de alarma con el riesgo de perder la votación–, pero no consiguió reunir el suficiente apoyo ni siquiera entre los gobiernos autonómicos socialistas. Sí ha encontrado el respaldo mayoritario para cerrar el interior de bares y restaurantes cuando una comunidad supere una incidencia acumulada de 150 casos. Pero solo es una recomendación que algunos territorios afectados no van a aplicar. La medida tiene como objetivo evidente –otra vez– Madrid. Y, previsiblemente, nada haría más feliz a Isabel Díaz Ayuso –decidida a mantener abierta la hostelería durante la pandemia, sí o sí– que un cierre forzado por el Gobierno PSOE-Podemos para utilizarlo en la campaña electoral contra Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias.

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Cuando esto acabe será interesante –y necesario– reflexionar sobre cómo ha funcionado nuestro sistema político descentralizado ante un examen tan duro como la pandemia. En Alemania, con un sistema parecido, la canciller ha tenido que pedir disculpas. En España no hemos visto tal cosa. Pero, al menos, sería conveniente que aprendiéramos de nuestros errores de hoy para no repetirlos ante una nueva calamidad en el futuro. Porque hemos cometido muchos.