¿Por qué armonizar solo los impuestos?

Ángel Gabilondo, profesor de filosofía, tomó conciencia de cómo funciona la política en España el día del año 2010 en el que, siendo ministro de Educación del presidente Zapatero, estaba a punto de cerrar un acuerdo histórico: un pacto educativo entre los dos grandes partidos. Lo que nadie había conseguido hasta entonces –ni nadie ha conseguido desde entonces– ya estaba negro sobre blanco en un documento listo para la firma. Pero, llegada la hora, el PP dijo no.

En aquel momento, la crisis financiera que se inició en 2008 tenía al gobierno socialista atrapado en una sucesión de desastres que parecía conducir a un adelanto electoral que podría dar la victoria a Mariano Rajoy, y los populares no querían regalar a Zapatero el titular de que con él sí se había podido acordar una política educativa consensuada. En efecto, Zapatero convocó elecciones un año y medio después y las ganó Rajoy con mayoría absoluta. Gabilondo no conseguía entender por qué lo que se había acordado no se había firmado. Aplicaba la lógica de las personas normales, no la lógica de la política.

Esta semana, once años después de aquella frustrante experiencia como ministro, María Jesús Montero, responsable de Hacienda e imparable en su voluntad comunicativa, apenas necesitó utilizar unas pocas palabras para ayudar a su compañero Gabilondo a tomar conciencia, por segunda vez, de cómo funciona la política española. La ministra desmontó el mensaje de campaña que, con mucho esfuerzo, trata de mantener vivo el candidato socialista, que lleva semanas intentando convencer a los votantes madrileños de que si gobierna no subirá los impuestos.

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En estos años como líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Gabilondo ha debido comprobar que no existe una respuesta social negativa mayoritaria al modelo de impuestos bajos que abandera el PP, y que prometiendo subirlos será difícil tener éxito en las urnas. Pero la ministra Montero anunció que los subirá, Gabilondo se reafirmó en que no los subirá, y Pedro Sánchez se hizo un hueco inexistente entre ambas posturas contrapuestas para confirmar que, en efecto, los impuestos deberán subir en Madrid y que "la tarea del Gobierno es amoldar" la fiscalidad, pero que "Gabilondo tiene autonomía en su condición de candidato". Se entiende que tiene autonomía para prometer lo contrario.

El pasado mes de noviembre, Sánchez fue muy explícito: "La armonización fiscal se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que estoy convencido que puede estar de acuerdo todo el mundo, hasta incluso la señora Ayuso, y es la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Si hablan con dirigentes del PP les dirán que hay que resolver el problema de armonización fiscal".

Para entonces, Sánchez había cerrado su acuerdo con Esquerra Republicana para los Presupuestos Generales del Estado, que recogen tal voluntad armonizadora para terminar con eso que los partidarios de impuestos altos han calificado como el 'dumping fiscal' de Madrid. Que sean los independentistas catalanes quienes lideren este esfuerzo armonizador e igualitario para toda España podría provocar la aparición de lágrimas furtivas de emoción: los defensores de la ruptura –aquellos que exigen ser tratados con deferencia porque se consideran diferentes– reclaman, sin embargo, la equiparación fiscal de todos los españoles. Conmovedor. Pero, ¿por qué limitar la armonización nacional solo a los impuestos?

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Uno de los artículos más importantes de la Constitución es el 14, que establece la igualdad de los españoles. Este precepto se incumple con una naturalidad y habitualidad formidables. En materia fiscal, por las ventajas de las que disfrutan los vascos y los navarros. En materia de transportes, por las desventajas que sufren los extremeños o los almerienses, entre otros muchos. En materia educativa, porque hemos construido un país con diecisiete métodos de enseñanza que, en ocasiones, resultan contradictorios entre sí. Y, por ejemplo, en materia sanitaria, cuando son evidentes las diferencias en la gestión de la pandemia: dependiendo del territorio en el que se viva y con incidencias del virus similares, se adopta una decisión y su opuesta al mismo tiempo.

El nuevo empellón del Gobierno a una subida de impuestos pretende dar satisfacción a presidentes autonómicos muy celosos de sus competencias, pero muy recelosos de que otros utilicen las suyas para hacer lo contrario y los dejen en evidencia ante sus votantes. Que Cataluña tenga los impuestos más altos de España y los de Madrid sean los más bajos es una decisión política dentro del marco legal vigente. De la misma forma que los impuestos en España son más altos que en Irlanda o Luxemburgo, países en los que rige la misma normativa europea que en el nuestro.

Nada impide al Gobierno de Pedro Sánchez armonizar o amoldar –se refiere a subir, nunca a bajar– los impuestos que pagamos los españoles. El problema lo puede tener su candidato en Madrid con los votantes.