Un ministro socialista de los años 90 solía ofrecer, sin micrófonos, esta explicación sobre cuál era la estrategia que seguían con los partidos nacionalistas: "trampear; piden diez y les damos cinco; vienen de nuevo, piden diez más y les damos otros cinco; y así ganamos tiempo". Eso hizo el gobierno de Felipe González, de la misma manera que lo hicieron después los gobiernos de Aznar y Zapatero, aunque hubo ocasiones en que los nacionalistas pedían diez y conseguían nueve.
Rajoy trató de trampear cuando llegó al poder a finales de 2011. Pero, para entonces, aquel remedio aparentemente terapéutico había dejado de sanar, porque los nacionalistas catalanes abrazaron el independentismo con la inquebrantable fe de un converso y se precipitaron sin freno por el despeñadero del "lo quiero todo y lo quiero ahora".
En 2012, Rajoy apostó parte de su capital político a que la creciente presión del presidente de la Generalitat Artur Mas era solo otro ejemplo de cómo la vieja Convergència gestionaba sus demandas. Así, el PP decidió abandonarse a un inocente candor para facilitar con su abstención que se aprobaran los presupuestos del gobierno catalán. Era febrero de 2012. Solo dos meses después, aquel favor gratuito y rebosante de concordia recibió como respuesta la bofetada de que el parlamento autonómico aprobara una resolución acusando al Estado de "expolio fiscal" y exigiera un concierto económico como el vasco. En ese año 2012, España —y medio mundo— estaba en pleno naufragio debido a la crisis financiera que estalló en 2008. No había un céntimo para repartir, pero quienes gobernaban la Generalitat pretendían que el Estado les diera más. 'Espanya ens roba'. En la Diada del 11 de septiembre de 2012, los partidos soberanistas sacaron a las calles a un millón y medio de personas en una gran movilización por la independencia.
Sánchez respondió a Aragonès lo único que es factible responder ante una propuesta ilegal: hablemos de todo, salvo del referéndum
En enero de 2013, el parlamento catalán proclamó al pueblo de Cataluña como "sujeto político y jurídico soberano" y exigió un referéndum. Rajoy intensificó la vía negociadora y se citó varias veces en secreto y en público con Artur Mas, en el intento de reconducir la situación.
Meses después, Rajoy y Mas se reunieron de nuevo en Moncloa cuando ya se había anunciado una votación el 9 de noviembre de 2014. Mas presentó un documento con 23 propuestas sobre economía, cuestiones lingüísticas e infraestructuras. Pero, también sobre la consulta. El presidente del Gobierno respondió al presidente de la Generalitat lo único que es factible responder ante una propuesta ilegal: hablemos de todo, salvo del referéndum porque "ni se puede celebrar ni se va a celebrar". Pero se celebró.
En 2015 hubo elecciones en Cataluña, la CUP se negó a investir a Artur Mas y en enero de 2016 tomó posesión Carles Puigdemont, que fue recibido por Rajoy en Moncloa tres meses después. Para entonces, ya se había creado en el parlamento catalán una ponencia para elaborar las conocidas como "leyes de desconexión" con España. Puigdemont llevó al despacho de Rajoy una lista de 46 medidas. El presidente del Gobierno, en una nueva muestra de ingenuidad dialogante y paciencia extrema, respondió que podían llegar a acuerdos sobre 45 de esas propuestas, pero no sobre la número 46: fijar el camino para la independencia de Cataluña.
Aun así, los independentistas siguieron esa ruta con una determinación delictiva inconmovible, mientras Rajoy enviaba a Barcelona a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a eso que la maquinaria propagandística de aquel gobierno denominó "operación diálogo". Querían creer que Oriol Junqueras era un político razonable. Después llegó el 1 de octubre de 2017.
Pretender, como ha dicho el ministro José Luis Ábalos, que los padecimientos del actual gobierno son culpa de "la ausencia de política, de la indolencia, de la época de la hamaca y del puro, de pusilánimes" de Rajoy se entiende en esa clave de vuelo gallináceo en la que está instalada la política española. Pero, desde la hamaca, Rajoy asumió la responsabilidad nada cómoda de aplicar el 155. Asegurar, como ha hecho el presidente Pedro Sánchez, que el problema catalán que él intenta resolver con "concordia y magnanimidad" lo ha "heredado de la anterior Administración" del PP es un enjuague de manos algo culposo, porque en 2017 Rajoy acordó con Sánchez cada decisión sobre Cataluña.
Ahora, el Gobierno de coalición inicia su propia "operación diálogo". En breve se firmarán los indultos y Sánchez tratará de emplear la misma táctica que sus predecesores: trampear, ofreciéndose a debatir cualquier reivindicación que plantee la otra parte de la mesa, igual que Rajoy con 45 de los 46 puntos de Puigdemont. Pero también llegará el día en el que Sánchez tendrá que decir que no puede negociar el punto 46, porque la independencia de un territorio está prohibida. Así lo establece la ley. Y la ley es el tope de la vía contra el que, antes o después, chocará el tren. Otra vez.
Un ministro socialista de los años 90 solía ofrecer, sin micrófonos, esta explicación sobre cuál era la estrategia que seguían con los partidos nacionalistas: "trampear; piden diez y les damos cinco; vienen de nuevo, piden diez más y les damos otros cinco; y así ganamos tiempo". Eso hizo el gobierno de Felipe González, de la misma manera que lo hicieron después los gobiernos de Aznar y Zapatero, aunque hubo ocasiones en que los nacionalistas pedían diez y conseguían nueve.
