Democracia, nación y referéndum sobre la independencia en Cataluña

Son muy minoritarias las opiniones que, entre los defensores de la unidad de España y nuestra Constitución, apoyan la oportunidad o utilidad de realizar en Cataluña un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña legal (el previsto en el artículo 92 de la Constitución española no lo permite hoy, pero nada impediría una reforma constitucional que lo regulara), convocado por el Gobierno de España y con carácter vinculante. Los pocos que lo defienden, además, suelen unir sus argumentos a favor del referéndum de autodeterminación a ideas críticas sobre la unidad de la nación española.

La que aquí se expone es una de esas opiniones todavía minoritarias que defienden que, para reforzar la nación española, celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña para que los catalanes expresen su opinión es una alternativa óptima.

Es más, ante las actuales circunstancias de crisis de la nación española, el referéndum sobre la independencia en Cataluña puede ser un instrumento necesario, puede que inevitable, para reforzar la nación española.

Ante las actuales circunstancias de crisis de la nación, el referéndum puede ser un instrumento necesario, puede que inevitable, para reforzar la nación española

En primer lugar, debemos considerar el argumento del puro pragmatismo y la experiencia comparada. Si en países como Canadá o Reino Unido han tenido que celebrar referéndums sobre la independencia de Québec o Escocia, me parece poco realista pensar que en España las cosas puedan ser muy diferentes si hay una mayoría en el Parlamento catalán que lo pide perseverantemente con un apoyo de la ciudadanía muy relevante. En nuestros días, cualquier argumento de legitimación política debe ser democrático. Defender a largo plazo la unidad de la nación española sin esa legitimación va a ser difícil. Valga esto para dejar claro que no solo nos sitúa en una posición difícil celebrar el referéndum (que desde luego tendrá muchos riesgos), sino que también no celebrarlo implica asumir muchos riesgos.

En segundo lugar, la evolución de la vida política en Cataluña en los últimos 40 años nos pone de manifiesto claramente que, en el 'status quo', el tiempo juega a favor de quienes quieren declarar independiente Cataluña. Había muchos menos catalanes independentistas hace 38 años que ahora, y me cuesta pensar que, con la situación actual, dentro de 10 años no vaya a haber más. Con la mayoría de los instrumentos de ejercicio del control social y, sobre todo entre ellos, la educación en manos de los defensores del proyecto independentista, y sin una voluntad y estrategia claras y efectivas para contrarrestar esa acción de conformación de una mayoría independentista que tienen las élites de catalanes que la defienden, el tiempo no juega a favor de los que queremos que España siga unida.

Pero en todo caso, todo esto no deja de ser instrumental —como no celebrar el referéndum también—. La pregunta es más bien para qué, con qué objetivos y de qué manera.

El qué debe ser Cataluña no es solo cuestión de los catalanes, y si los españoles renunciamos a definirlo, perderemos a Cataluña como parte de España

Es asombroso en el debate actual de la cuestión catalana la ausencia de reflexión y definición de objetivos sobre cómo queremos los españoles continuar siéndolo, cómo queremos que sea Cataluña en el futuro y qué debemos hacer para conseguirlo. El qué debe ser Cataluña en el futuro no es solo una cuestión de los catalanes, y si todos los españoles renunciamos a definirlo, perderemos a Cataluña como parte de España a largo plazo con seguridad. La táctica partidista de los partidos españoles —en general, muy cortoplacista— condiciona todas las opiniones, y no queremos ver ya que cerca de la mitad de catalanes no quieren seguir siendo españoles, como decía, muchos más que en 1978.

La estrategia de otorgar más autonomía a Cataluña y dejar a los catalanes independentistas toda la iniciativa en crear la identidad nacional de la población (estrategia base de nuestro vigente acuerdo constitucional material) ha fracasado como vía para integrar a Cataluña en España. Esa mayor autonomía en ningún momento ha generado procesos de mayor afección al proyecto nacional español. Mayor autonomía o federalismo, como se quiere plantear ahora, no es sino más de lo mismo y nos abocará a la independencia de Cataluña antes o después.

Las naciones no nacen ni se justifican por la historia común, ni hay razones históricas que sustenten indefinidamente la unidad de las mismas. Por supuesto, tampoco ningún supuesto agravio histórico, inventado o real, justifica un procedimiento de independencia ahora. Las naciones se fundamentan en un proyecto compartido a futuro. Y ese proyecto no nace por generación espontánea, sino que es una construcción racional de las élites políticas, económicas y culturales de la nación que quiere crearse o mantenerse. Por eso, las naciones —como ha explicado recientemente Álvarez Junco— no son sino una 'invención'. Pues bien, o hacemos un esfuerzo para seguir inventando la española integrando Cataluña, y ponemos en marcha los instrumentos de construcción de la misma (lo que no ha ocurrido los últimos 40 años), o la nación española tal y como hoy la conocemos desaparecerá más pronto que tarde. Me puedo, por supuesto, imaginar cosas peores, pero que a nadie le quepa duda de que ese proceso, si se produce, y hay grave riesgo de que ocurra, va a ser muy traumático para todos.

España tiene un modelo territorial que es insostenible y hace de España, por su falta de integración, un Estado ineficiente para conseguir el progreso

¿Y entonces por qué un referéndum sobre la independencia? El referéndum es necesario porque el nivel de desintegración territorial que el vigente sistema político y constitucional ha generado es tal que España, más allá de que Cataluña se independice o no, tiene un modelo territorial que es insostenible (por supuesto, no solo en relación con Cataluña) y hace de España, por su falta de integración, un Estado ineficiente para conseguir el progreso social y económico.

Es necesario centralizar de manera notable el Estado, reformar el sistema autonómico profundamente y generar un nuevo modelo constitucional que, en asuntos como la educación, el sistema fiscal, la simplificación institucional o en general el sistema de distribución territorial, permita cambiar profundamente el Estado. No se trata solo de aclarar la distribución competencial regulada de forma inmanejable en los artículos 148 y 149 de la Constitución, se trata de reforzar las competencias e instituciones del Estado.

Para ello es necesario modificar la Constitución (en general, todo el Título VIII, pero específicamente los citados artículos 148 y 149), limitando las competencias de las comunidades autónomas, y hacer eso no es posible sin una consulta democrática que incluya otras alternativas y, en concreto, la posibilidad de que las regiones cuyos parlamentos electos, a la vista de la reforma centralizadora, propongan una consulta sobre la independencia la voten.

El día después en relación con la deuda pública, las infraestructuras… debe estar definido por el Estado español unilateralmente antes del referéndum

Mi propuesta es la de acometer, en primer lugar y antes de ningún referéndum, una reforma de la Constitución profunda que centralice el Estado, otorgue los instrumentos constitucionales al Estado central que permita el refuerzo de la nación, y con todo ello acordemos socialmente un proyecto común de nación. Por supuesto, esta reforma exige su trámite por el extraordinariamente rígido procedimiento del art. 168 de la Constitución, pero realmente el calado de la misma y la necesidad de legitimación del resultado aconsejan dicho trámite.

Por tanto, en esta reforma de la Constitución, debe incluirse también la posibilidad de un referéndum de independencia con determinadas cautelas como la imposibilidad de repetirse en un periodo largo de tiempo. Junto con ello, y antes de que se celebre, deberá aprobarse una ley orgánica que regule con detalle el proceso de independencia. Esto último es clave: el día después en relación con la deuda pública, las infraestructuras, la nacionalidad, los tratados internacionales, las relaciones fronterizas… debe estar definido unilateralmente por el Estado español antes del hipotético referéndum.

Solo entonces podrá celebrarse, y así un voto en favor de la unidad de la nación será una legitimación democrática de un nuevo proyecto de nación española. Este tipo de referéndum es la única alternativa clara para reforzar la nación española a largo plazo. El resto de estrategias son versiones de la 'del avestruz', seguro que desastrosas para la nación española y para el progreso de todos nosotros, los españoles (catalanes o no). Por supuesto, no es seguro que en el referéndum gane la opción del mantenimiento de la unidad de la nación española pero, al menos, todavía hay posibilidades de ello si se gestiona adecuadamente.

Juan Martínez Calvo, abogado especialista en derecho público. Es socio de Deloitte Legal. Ha publicado el libro 'Los límites de la nación y la reforma constitucional en España' (editorial Tirant lo Blanc, 2015), obra en la que se analiza el proceso de mutación de la Constitución española desde 1978 y se estudian las distintas alternativas de reforma constitucional tanto en sus aspectos formales como materiales.