Hablar de robótica, inteligencia artificial, conceptos como 'machine learning' o 'deep learning', aunque novedosos aún, reconozcámoslo, ya va sonando manido. Si echamos una mirada a las últimas noticias sobre estos temas, generalmente veremos información sobre el enorme riesgo por la desaparición de puestos de trabajo, el peligro a ciberataques entre sistemas autónomos que los humanos no somos capaces de controlar o el quebranto general del hombre frente a la máquina. En la era de las 'fake news' y del 'clickbait', el sensacionalismo robótico también vende.
Hace un año, escribía en este mismo lugar un artículo sobre los (inciertos) cambios que afrontará la regulación en los próximos años como consecuencia del desarrollo tecnológico, en especial por la popularización de sistemas autónomos. La idea que pretendía transmitir entonces es que debemos afrontar esta nueva revolución con cautela pero sin miedo y, sobre todo, viéndolo como una oportunidad para construir una sociedad aún mejor.
El cine suele dibujar el futuro como un mundo lúgubre, caótico y hecho solo para supervivientes. Sin embargo, en cada revolución industrial, a pesar de los temores iniciales (pérdida de trabajos, deshumanización, parias deambulando por calles derruidas…), la humanidad ha visto disminuir el nivel de pobreza y enfermedades, y aumentar los índices de escolarización, acceso a la sanidad y esperanza de vida. Y eso también a pesar de los miedos y temores iniciales. Todos los indicadores concluyen que estamos en el mejor momento de la Historia y, lejos de ser una amenaza, los sistemas autónomos nos pueden ayudar a seguir mejorando.
Las tecnologías ya se utilizan desde hace un par de décadas para garantizar el cumplimiento normativo
Los abogados, cuando hablamos de robótica, inteligencia artificial o sistemas autónomos, solemos discutir sobre cuestiones como la responsabilidad en caso de daños, si los robots deberían cotizar al sistema de seguridad social o si tendrían que tener algún tipo de personalidad artificial como agentes de una persona (física o jurídica). Nos centramos en los riesgos y en los conflictos, pero no en las oportunidades que traerán estos nuevos sistemas y en cómo las leyes y la tecnología se pueden unir para construir una sociedad mejor.
Actualmente, infringir la ley depende de cada persona, al poder decidir si seguir una obligación (legal o contractual) o ignorarla, con el riesgo (a veces rentable) de ser descubiertos y sancionados. En cambio, las tecnologías ya se utilizan desde hace un par de décadas para garantizar el cumplimiento normativo. Un ejemplo es la Agencia Tributaria, que utiliza tecnología muy eficiente para intentar que lo declarado por cada uno de nosotros sea realmente lo ajustado a la Ley del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o al impuesto sobre sociedades, entre otras. Esta finalidad no solo lo consigue cruzando millones de datos entre instituciones públicas y privadas, bancos o empresas, sino creando herramientas como el extinto programa PADRE (ahora Renta Web) que integran la propia norma en ellas, para que no podamos realizar la declaración erróneamente o defraudando al sistema.
Otro caso de modernización en la ejecución de la norma es la Dirección General de Tráfico, que tiene sistemas muy avanzados para hacer cumplir la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, especialmente respecto a los límites de velocidad y a tenencia de los seguros obligatorios.
Supondrá sin duda una pérdida del libre albedrío del ser humano, que en ocasiones no podrá elegir infringir la ley
Ambas instituciones quizá no cuentan en todas las ocasiones con la simpatía de los ciudadanos, pero lo cierto es que, gracias en parte a un uso correcto de la tecnología, han conseguido que, en los últimos 30 años, pasemos de un escaso a un elevadísimo cumplimiento de la normativa tributaria y de circulación vial. Nadie duda de que si todos tributamos lo que debemos y circulamos respetando las normas, la sociedad saldrá beneficiada.
En las próximas décadas, los coches y vehículos autónomos tendrán implementadas las normas de circulación vial, de forma que la propia tecnología será la que garantice el respeto de la norma. Supondrá sin duda una pérdida del libre albedrío del ser humano, que en ocasiones no podrá elegir infringir la ley (simplemente no podremos ir a más de 120 km/h —o quizá sí, trasladarnos a 160 km/h si todos los coches son manejados por máquinas y se sube el límite de velocidad—), pero sin lugar a dudas conseguirá, por ejemplo, reducir el número de fallecimientos en carretera, ocasionados en más de un 90% de las ocasiones por el factor humano.
En la autopista de la información también se implementarán, paulatinamente, tecnologías para impedir, en la medida de lo posible, la infracción de derechos. En ocasiones, las personas utilizan internet para infringir derechos de terceros, especialmente de honor e intimidad, de propiedad intelectual y de marcas. Desde hace años, plataformas como YouTube tienen implementadas tecnologías para impedir que sus usuarios suban contenidos que no les pertenecen; incluso ahora se está discutiendo en Europa que esto sea obligatorio para todos los servicios con contenidos generados por usuarios. Aunque un reto, sería muy positivo para la sociedad que la propia tecnología impida hacer 'cyberbulling' o 'sexting' a menores de edad. No cabe la menor duda de que la inteligencia artificial nos ayudará a conseguirlo.
Sería muy positivo para la sociedad que la propia tecnología impida hacer 'cyberbulling' o 'sexting' a menores de edad
Del mismo modo, en la regulación privada (entre personas, con contratos, códigos de conducta, pactos de socios, etc.), conseguiremos un mayor cumplimiento de las obligaciones de una y otra parte a través de la tecnología. Hace unos años, hacer un contrato (de alquiler, de colaboración, de prestación de servicios o de cualquier tipo) era complejo y generalmente solo al alcance de los abogados (y sus clientes que podían permitírselo). La popularización de la informática ha supuesto un aumento exponencial del número de contratos realizados y, en consecuencia, de los costes de transacción (para regocijo de nuestro colectivo, los abogados, que participamos en la confección, la negociación y su respeto en tribunales).
En pocos años, buena parte de los contratos estarán tutelados por la tecnología; son los llamados 'smart contracts'. El cumplimiento efectivo del contrato no quedará al arbitrio de las partes, sino que este estará integrado dentro de un sistema tecnológico que, por ejemplo, realizará el pago de un contrato (bloqueando y detrayendo la cantidad correspondiente de la cuenta de una de las partes) cuando la tecnología detecte que la otra parte cumplió con su parte del acuerdo (entregar una web con unas características, recibir un producto o la satisfacción de unos KPI concretos en un contrato de prestación de servicios). Incumplir un contrato en el futuro no será tan fácil, y tendrá otro efecto positivo: se aligerarán los saturados tribunales de justicia de nuestro país.
Incumplir un contrato en el futuro no será tan fácil, y tendrá otro efecto positivo: se aligerarán los saturados tribunales de justicia de nuestro país
La Justicia también se tecnificará, pero no de la forma que estamos viendo en los últimos años (sorprende ver lo bien que utilizan la tecnología la Agencia Tributaria o la DGT, y las enormes carencias de la Administración de Justicia), sino a través de la utilización de tecnologías para resolver determinadas controversias (sencillas y de pequeña cuantía) a distancia y de manera remota. En EEUU o el Reino Unido ya se está administrando justicia a través de estos sistemas que, sin incorporar aún tecnología de inteligencia artificial o 'big data', son capaces de resolver conflictos hasta ahora desatendidos por ser antieconómicos si se desarrollan por nuestros vetustos tribunales de justicia. Estamos a pocos años de que sea un sistema de inteligencia artificial el que, en base a casos pasados, resuelva los conflictos de manera rápida, sencilla y accesible para todos.
Sistemas informáticos que garantizan el cumplimiento de las normas, tecnologías de análisis inteligente de grandes volúmenes de datos para garantizar el respeto de las leyes, sistemas que evitan infringir derechos en internet, contratos que impiden a las partes eludir los pactos alcanzados y procedimientos rápidos y asequibles para garantizar la justicia. El futuro ahora no suena tan amenazante, ¿no es cierto? Y lo mejor es que no estamos tan lejos de que sea realidad.
*Andy Ramos Gil de la Haza, abogado de Bardají & Honrado Abogados, director de su Departamento de Propiedad Intelectual, Industrial y NN. TT. Cofundador de la Asociación Española de Derecho del Entretenimiento (Denae). Miembro del Consejo Académico de Fide. Gaditano.