Los riesgos legales amenazan al Ibex 35

La creciente judicialización del mundo corporativo hace que las empresas tengan que dedicar cada vez más recursos a provisiones para afrontar los posibles desenlaces de los distintos procedimientos judiciales en los que se ven implicadas. Las empresas cotizadas, además, deben reflejarlo en sus cuentas públicas (cuando entienden que el riesgo de esos litigios es elevado), por lo que quedan expuestos a la luz pública los —a veces— numerosos problemas legales que afrontan.

Si se profundiza en el análisis de las cuentas anuales de las compañías del Ibex 35, puede observarse cuánto provisionan estas en temas judiciales y para qué tipología de asuntos se refieren dichas cuantías, arrojando cifras contundentes: el total de las reservas de 2016 quintuplica todo el presupuesto de Educación de ese mismo año. Además, estos datos evidencian que los conflictos legales se convierten, cada vez más, en un riesgo importante (económico, de gestión y reputacional) de las entidades. Dicho más claro: los riesgos legales son una amenaza importante para la supervivencia de las compañías hoy en día.

Los conflictos legales se convierten, cada vez más, en un riesgo importante (económico, de gestión y reputacional) de las entidades

En este análisis se observa que el total de lo que provisionan las empresas para litigios llega casi a los 12.000 millones de euros. Las compañías que integran el sector Servicios Financieros e Inmobiliarios (sector bancario) son líderes en provisiones, ya que en suma cuentan con unas reservas para riesgos judiciales de unos 6.000 millones de euros. Les siguen las del sector de Petróleo y Energía, con más de 3.000 millones de euros.

Si nos paramos a analizar la tipología de los procesos judiciales en que incurren las entidades, encontramos que una de las áreas que más reservas acaparan es la relacionada con el ámbito fiscal, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas, como sucede en Brasil, donde han surgido diversos conflictos por diferencias en la interpretación de la norma relativa a tributos.

Otros temas que ocupan a las compañías tienen que ver con cuestiones de abuso de posición de dominio en el mercado, arbitrajes internacionales, asuntos laborales, así como materias relacionadas con litigios medioambientales que afectan, sobre todo en este caso, al sector de Energía.

Una de las áreas que más reservas acaparan es la relacionada con el ámbito fiscal tanto dentro como fuera de las fronteras españolas

Una perspectiva económica de las provisiones

Un análisis de los datos de litigación para distintos países nos lleva a algunas conclusiones de interés al hilo de la discusión anterior. Por un lado, a nivel internacional, parece claro que no todos los sectores de actividad son igualmente litigiosos. Es decir, la composición sectorial de la economía afecta a la litigación. Más en concreto, una mayor proporción de empleo en servicios o agricultura respecto de la industria se relaciona con mayor litigación. Este resultado tiene que ver con el tipo de contratos firmados: es mucho más difícil redactar un contrato 'completo' en el sector servicios (pues puede haber una mayor asimetría de información entre proveedores y clientes) que en el industrial. De esta regularidad, no debería sorprendernos encontrar a compañías de Servicios Financieros en la parte alta de las provisiones.

Recordemos, por otro lado, que las compañías provisionan riesgos tanto nacionales como de mercados en los que operan fuera de España. De ahí que el grado de internacionalización afecte a las provisiones. La exposición a riesgos relacionados con la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria o de integridad de la Administración pública es variable. Si la percepción de efectividad gubernamental en los mercados en los que opera una compañía es menor, cabrá esperar que tenga que realizar mayores provisiones. Cabría hablar además de otros factores que afectan a la litigación en cada mercado concreto, como la regulación y las características del mercado de la abogacía local.

Cómo afecta la litigación a la economía

Debemos recordar que la mayor o menor litigación no es 'neutra' a la eficiencia económica. Una observación muy establecida es que a mayor litigación, mayor duración de los procedimientos judiciales. Según la OCDE (2013), en España se necesitarían 272 días para resolver un procedimiento civil.

Una mejora de la eficacia judicial podría conllevar una mayor tasa de entrada de empresas o disponibilidad de crédito

A nivel internacional, se ha observado que una alta duración de los procedimientos tiene impactos negativos en aspectos tan diversos como el acceso al crédito, el crecimiento o especialización empresarial o el mercado de vivienda. A nivel español, los resultados parecen también apuntar en la misma dirección: una mejora de la eficacia judicial podría conllevar una mayor tasa de entrada de empresas o una mayor disponibilidad de crédito.

Cómo afecta a la reputación de las compañías

Todo este incremento en las cantidades que las empresas reservan para hacer frente a sus riesgos legales tiene una consecuencia directa en la gestión de la comunicación por parte de las entidades. Cualquier proceso judicial que afecte a estas compañías tiene un impacto en su reputación por las siguientes razones:

• Por la cuantía provisionada: a mayor reserva en estos asuntos, mayor es la duda que puede surgir en accionistas e inversores sobre la capacidad gestora o la solvencia del equipo directivo de la empresa.
• Por la diversidad en la tipología de litigios: si la compañía posee un elevado número de procesos que afectan en distintas áreas del negocio y/o derecho (temas fiscales, laborales, arbitraje, medioambientales…), más fácil es que la opinión pública ponga en duda su eficacia y honestidad en su gestión.
• Por el impacto o notoriedad que alcancen los distintos hitos de los procesos judiciales a los que se enfrenten: como, por ejemplo, debido a posibles filtraciones, sentencias, vistas públicas, etc.
• Y, por último, la transparencia que las compañías muestren en la comunicación del asunto en cuestión. Este punto es clave en la reputación de una firma, puesto que el hecho de no ofrecer información sobre estos asuntos supone un riesgo adicional.

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Ante la posibilidad de asumir tantos riesgos, se hace necesario que, además de articular la adecuada estrategia legal, las empresas sepan construir un relato sólido para cada proceso que enfrentan, que permita explicar la situación de una forma sencilla y que exponga los argumentos de la compañía para alejar cualquier duda sobre la gestión. Se pueden concretar en algunas claves que pueden parecer evidentes, pero que muchas veces pasan desapercibidas:

1. Utilizar un lenguaje sencillo, que traduzca los tecnicismos jurídicos.
2. Elaborar un relato cronológico que permita entender el proceso y cómo se ha llegado hasta él.
3. Distinguir los hechos de las creencias y preparar una explicación sólida para cada acusación de la contraparte.

De esta forma, si bien será complejo evitar el impacto en la reputación, al menos se estará en mejor disposición para minimizar dicho impacto.

*Luis González, director de las áreas de Litigios y Reestructuraciones de Llorente & Cuenca.

*Alba García, gerente de las áreas de Litigios y Reestructuraciones de Llorente & Cuenca.

*Juan S. Mora-Sanguinetti, economista titulado y presidente de la Asociación de Economistas del Banco de España. Colegiado en el ICAM. Miembro del Consejo Académico de Fide. Las opiniones y las conclusiones recogidas en este artículo representan las ideas del autor, con las que no necesariamente tienen que coincidir el Banco de España o el Eurosistema.