¿Por qué salvar determinadas unidades productivas en empresas concursadas?

El alto índice de mortalidad de las sociedades que solicitan el concurso voluntario de acreedores conlleva la desaparición de una considerable cifra de puestos de trabajo y una importante erosión del tejido empresarial de nuestro país, con negativas consecuencias a nivel económico y social.

Las últimas estadísticas indican que el 95% de las sociedades que se declaran en concurso se liquidan y solo el 5% restante sale de la situación concursal por la vía convencional, con la agravante de que un porcentaje importante de ellas incumple el convenio dentro del segundo o tercer año de vigencia, y acaban por tanto liquidándose.

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La previsión legal de vender las unidades productivas de las sociedades declaradas en concurso, con el objetivo principal de continuar con la actividad empresarial, asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo y evitar la destrucción del tejido empresarial, es una opción que hay que potenciar.

Es importante identificar aquellas que realmente generan actividad económica y generan valor.

Por unidad productiva, podemos entender el conjunto agregado de bienes y medios humanos y materiales organizados por la actividad del empresario para operar en el mercado o, de forma menos restrictiva, podríamos hablar de conjunto de bienes y/o derechos y/o trabajadores que de forma conjunta sean capaces de generar flujos de caja positivos con su funcionamiento.

Es relevante realizar con profesionalidad y precisión todo el proceso de identificación de la unidad productiva, de valoración de la misma y de su efectiva venta.

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Para una correcta delimitación del perímetro de la unidad productiva se incluirán todos los activos: bienes, derechos, pedidos, licencias, autorizaciones administrativas… Y contratos: de servicios a clientes, de préstamo con garantía real, de arrendamiento financiero o inmobiliario, laborales, etc. Se debe analizar correctamente el establecimiento y/o establecimientos donde se realiza la actividad empresarial, y si estos forman parte o no del activo de la concursada (propiedad o alquiler), identificar las cargas existentes actualizadas y, de estar en régimen de arrendamiento, descripción del contrato e identificación de las parte arrendadora para que manifieste su consentimiento, además de delimitar qué partes del activo se incorporan a tal perímetro (existencias, deudores, inversiones financieras, etcétera).

La segunda fase, la valoración, puede ser compleja y el método que se utilice no es irrelevante. Así, los jueces de lo mercantil entienden que el método que debería seguirse, en principio, es el de descuento de flujos de caja netos (FCF). Este es el método que se utiliza para valorar empresas con flujos de caja que puedan ser predecibles, predictibilidad que se consigue, en gran medida, analizando los flujos de caja que la sociedad ha tenido en periodos anteriores, estimando a partir de esos datos los flujos de caja libres futuros durante 'ene' años. Sin embargo, no es de extrañar que una empresa que está en concurso no ha llegado a esta situación con flujos de caja positivos, por lo que en este aspecto, si seguimos este criterio de valoración sin realizar otras correcciones, obtendremos un valor muy reducido de la unidad productiva, y esos 'ajustes' teóricos en cuanto a ventas y costes conseguirán aumentar la elección de la tasa de descuento que refleje el riesgo de la inversión. Este valor se ajustará mediante la 'due diligence' pertinente.

Durante el tiempo de realización de la 'due diligence', valoración, negociación, análisis de los aspectos laborales, fiscales… la sociedad está operativa y funcionando, y razonablemente la unidad productiva perdiendo valor, y la sociedad incurriendo posiblemente en déficits mensuales, lo que lleva a plantear entre las soluciones posibles la de acordar con el potencial ofertante que, a cuenta del precio de la oferta, se cubran estos déficits.

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Dicha oferta, con todas sus condiciones, debe ser aprobada por el juzgado, venta que de estar bien planteada favorecerá el mantenimiento de la actividad dentro de las áreas de la empresa en concurso que todavía conserva valor y que además favorece el mantenimiento de aquellos puestos de trabajo que pueden salvarse.

La últimas estadísticas al respecto de la venta de unidades productivas muestran que en la comunidad autónoma de Cataluña (fuente: gencat.cat), desde marzo de 2013, se han puesto a la venta en el seno de los concursos 624 unidades productivas que afectan a 20.643 trabajadores (una media de 33,08 trabajadores por unidad productiva ofertada), de las cuales el 48% son empresas de sectores de actividad industriales, afectando el 63% a la provincia de Barcelona. De las anteriores 624 unidades productivas afectadas, se ha procedido a la venta de un total de 250, de las que se han podido mantener 9.280 puestos de trabajo de los 12.813 que estaban en riesgo (un porcentaje del 72,4%), los adquirientes de estas unidades productivas han sido los siguientes: empresas nacionales, el 64%, empresas extranjeras, el 11%, Solución interna de la empresa en concurso, el 15%, y fondos, el 10%.

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En cuanto a lo que ha acontecido con estas empresas con posterioridad a la adjudicación de la unidad productiva, del examen de información facilitada por la GenCat resulta que en cuanto a los puestos de trabajo, se ha incrementado en el 44% de los casos, mantenido en el 37% y se ha reducido en el 19% de los casos, y se han realizado nuevas inversiones en el 68% de las unidades productivas traspasadas.

En conclusión, y a la vista de los datos obtenidos, cabe asegurar que el proceso de venta de unidades productivas en concurso supone una solución alternativa dentro de la liquidación (o el convenio en algunos casos) que permite mantener puestos de trabajo y tejido empresarial, y que tales compras en un porcentaje importante resultan una buena inversión para el adjudicatario de las mismas.

*Sergio Vélez, 'senior managing director', responsable FTI Consulting España.

*Pere Vilella, socio, economista FTI& Partners.