¿Es posible defender el honor en el siglo XXI?

El honor es probablemente uno de los derechos que más han evolucionado a lo largo de la historia; hemos pasado de los caballeros que se batían en duelo, sacrificando su vida por la defensa del honor, a un derecho cada vez más vacío. La mentira se ha convertido en algo prácticamente carente de reproche legal y el peligro es que estamos desarrollando cada vez más tolerancia hacia ella. ¿Qué se puede hacer para defender nuestro honor? La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos abre nuevas vías para hacerlo.

Toda persona debe tener el legítimo derecho a ser respetada en sus relaciones con los demás (esto es, de no ser insultada o denigrada de forma injustificada). Nadie debe soportar la mentira, con independencia de su fama o su función pública; una sociedad que tolera la falsedad está envenenada, porque el conocimiento de la verdad es lo que nos hace verdaderamente libres.

Además, el miedo a enfrentarse a los efectos de la falsedad y sobreexposición mediática está provocando el rechazo de muchos profesionales a cargos públicos, al no estar dispuestos a soportar que sus nombres, y menos aún los de sus familiares, se vean mancillados injustificadamente. Al final, excepto para aquellos valientes que estén dispuestos a luchar contra los molinos de viento o para aquellos que no tienen nada que perder, empieza a ser mejor tener un perfil bajo en la vida pública, mermando con ello nuestra salud democrática.

El miedo a enfrentarse a los efectos de la falsedad y sobreexposición mediática está provocando el rechazo de muchos profesionales a cargos públicos

Cuestión distinta es que todo aquel dedicado a la política y a la función pública deba asumir, con la máxima deportividad, el llamado 'ius iocandi'. Este derecho, que se remonta al derecho romano, incluye todas las manifestaciones realizadas con intención jocosa o de parodia, ya sean 'memes', cuadros, canciones o artículos. La libertad creativa exige retorcer, casi hasta el dolor, la libertad de expresión. Por ello, la hipersensibilidad está reñida con la política y el sentido del humor.

Los derechos de la personalidad constituyen un límite natural y legítimo a la libertad de expresión y al derecho a la información; pero se trata de un límite de perfiles sinuosos y cambiantes, que habrá de ser concretado en cada momento histórico a través de la jurisprudencia. Estos conflictos son resueltos por los tribunales atendiendo a la doctrina anglosajona del 'balancing' o ponderación entre derechos, de forma que corresponderá a los jueces decidir en cada caso concreto hacia qué extremo de la balanza se inclinan sus decisiones.

En España, podemos sentirnos orgullosos de tener un sistema moderno de libertades y garantías constitucionales, si bien ha habido una cierta propensión por parte de los tribunales a otorgar prevalencia a la libertad de expresión e información sobre los derechos de la personalidad, en muchos casos ante el miedo de acusaciones de censura. Pero no se debe titubear hoy a la hora de defender la reputación como valor democrático perfectamente compatible con una información libre e independiente.

No se debe titubear hoy a la hora de defender la reputación como valor democrático compatible con una información libre e independiente

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos abre nuevas vías para la protección de la reputación en el llamado Título de los Derechos Digitales, en concreto, los artículos 85 y 86. En primer lugar, esta ley nos recuerda que “todos tienen derecho a la libertad de expresión en internet”, para luego ampliar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios de internet que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en internet, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora de la rectificación.

Igualmente, se reconoce que toda persona tiene derecho a solicitar de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias cuando la información de la noticia original no refleje la situación actual, como consecuencia de circunstancias posteriores a la publicación. En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior. Al final, esta nueva regulación permitirá al lector tener una foto completa de la persona que haya sido objeto de procedimientos judiciales o actuaciones que, perjudicando su reputación, hayan terminado de forma favorable a sus intereses.

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Esta solución propuesta por el legislador no reparará el enorme daño que sufren los que se ven sometidos a juicios paralelos durante años, como consecuencia de la enorme dilación de la instrucción y de los procedimientos judiciales, pero algo les puede aliviar.

En todo caso, habrá que ver cómo se ejecuta en la práctica esta nueva normativa para saber si el honor quedará solo para los románticos.

*Carolina Pina, socia responsable del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual, co-responsable de las industrias de Sports & Entertainment y Media & Telecom en Garrigues. Miembro del Consejo Académico de Fide.