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El Estado del bienestar (con mayúsculas) —o 'Welfare State', en su denominación anglosajona— representa una concepción política de carácter ideal donde confluyen prácticas democráticas, excepcional atención a los ciudadanos y, entre otros caracteres, certeza en la recepción periódica y segura de alimentos por la población. Es ese 'estado de bienestar' —ahora con minúsculas— al que todo ser humano tiende cuando busca la felicidad (que parece ser ahora el común denominador vital de la especie humana o eso nos cuentan).
Sin lugar a dudas, una alimentación continuada y suficiente tiene mucho que ver con la felicidad. Prueben a preguntarle por la felicidad a un hambriento.
Conseguir alimentos de forma estable y segura constituye una finalidad primaria de todo colectivo humano y parece ponerse en cuestión cuando surgen las alertas alimentarias, como las que hemos sufrido recientemente en nuestro país. Sin embargo, hay que comprender que tales alertas son precisamente una muestra de la seguridad del sistema alimentario en su vertiente jurídica, de la existencia de mecanismos colectivos de prevención de crisis y una evidencia —en fin y aunque nos pese reconocerlo en este duro momento— de la solidez y seguridad de mecanismos de defensa acrisolados por la experiencia y garantizados por la comprobación continuada.
Dentro de poco más de 30 años, seremos más de 10.000 millones de personas en la Tierra, aumentando casi en un tercio la población actual. Cualquier orientación política debe tener presente que todos esos seres humanos tendrán la decidida intención de desayunar, almorzar y cenar diariamente. Seguro que por lo menos van a intentarlo de forma regular.
Tras la dramática experiencia (hace ahora casi 40 años) del aceite de colza contaminado, hemos pasado en España a una situación gobernada por la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. Ahí se encuentra el fundamento jurídico del sistema nacional de alerta que se ha activado y aplicado estos días.
El mecanismo —de obligado fundamento europeo en el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece el sistema de alerta rápida comunitario— conlleva una obligada coordinación de los órganos de las administraciones públicas con competencias en materia de seguridad alimentaria, establecidos por la Ley 11/2001.
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La red de alerta abarca todo el territorio nacional y se coordina con la europea, con la obligación de facilitar una comunicación e intercambio rápido de información de aquellas actuaciones que se lleven a cabo por parte de las autoridades competentes en caso de riesgos graves para la salud humana, derivados del consumo de alimentos y piensos. Las medidas cautelares son cruciales para atajar la expansión del problema.
La Unión Europea representa el rango máximo de la seguridad alimentaria mundial. Formar parte de ella nos obliga a estar a la altura de los más avanzados estándares de alimentación internacionales. No cabe la menor duda de que España juega en esa división de honor de los alimentos desde hace muchos años. Tampoco cabe duda de que nuestro país lidera muchos de los segmentos productivos —a nivel global— de las materias primas alimentarias.
La crisis económica —que confío en que imperceptiblemente esté quedando muy atrás— ha venido a tener efectos muy distintos en nuestro tejido empresarial. Ha habido algunos —los del ladrillo— que nos han demostrado que estaban construidos con barro. Otros han sido los que han soportado lo más duro de esta década de forma callada, discreta y eficiente: la agroindustria española ocupa un brillante lugar en tales revelaciones.
De las recientes crisis, debemos quedarnos con el dato positivo: suponen la constatación de que la cadena alimentaria funciona de forma impecable
La industria agraria española representa en nuestro país el primer sector manufacturero industrial y se halla sometida a las más exigentes prestaciones de seguridad en sus instalaciones y productos. De las recientes crisis alimentarias registradas, debemos quedarnos con el dato positivo: suponen la constatación de que la cadena alimentaria (que es un concepto jurídico, además de una realidad económica) en su conjunto funciona de forma impecable. Representa, además, una de las claves para acometer el —para algunos— recién descubierto problema de la denominada 'España vaciada', lo que no es sino la cara más amarga y actual del ya clásico 'éxodo rural'. No se me ocurre un factor más potente que la agroindustria para frenar la despoblación rural.
Aflora también en este momento una visión renovada del emergente fenómeno jurídico del 'compliance' aplicado al ámbito agroalimentario (pudiendo hablarse con propiedad de lo que hemos denominado 'food compliance'). No parece difícil tener que explicar que la principal tragedia de una empresa alimentaria —desde la óptica de la seguridad alimentaria— es haberse visto afectada por un episodio como los ocurridos recientemente. Parece difícil apreciar un riesgo superior al reputacional en cualquier empresa dedicada a poner alimentos en la calle diariamente.
De lo ocurrido estos días (que aún no parece estar del todo claro) a nadie se oculta que pudo haberse hecho mejor en determinados comportamientos administrativos que debieron ser mejorados y, sobre todo y según vamos sabiendo, más eficazmente coordinados y anticipados. Solo podemos estar de acuerdo con ello. No olvidemos que ser una potencia alimentaria (algo en lo que no reparamos cotidianamente), y una muy destacada representante del sector agrario a nivel mundial, conlleva para España el mantenimiento de excepcionales estándares de calidad.
Quedémonos entonces con que, pese a que seamos sobresalientes, debemos aspirar a la matrícula de honor.
*José Luis Palma Fernández. Abogado especializado en Derecho Agroalimentario, 'of counsel' en Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
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