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Lejos quedan aquellos años cincuenta, cuando en las salas de cine españolas se emitía la película 'Los tramposos', donde los actores Tony Leblanc y Antonio Ozores ejecutaban con maestría los conocidos timos de la estampita y del tocomocho. Gracias a un simple engaño, y aprovechando la avaricia de la que sería la víctima, los timadores lograban obtener dinero de una manera rápida y fácil. François de la Rochefoucald ya se refería a este tipo de situaciones en el siglo XVI, cuando decía que el medio más fácil para ser engañado era creerse más listo que los demás.
Pensar que la credibilidad e inocencia de los afectados por tales prácticas se debían a un deficiente nivel de escolarización social, propio del momento histórico, sería una conclusión aparentemente lógica, de manera que uno podría llegar a afirmar que en la actualidad sería casi imposible que se produjeran.
Desgraciadamente, lejos de desaparecer, este tipo de estafas han encontrado en las nuevas tecnologías un nuevo caldo de cultivo, en el que los ciberdelincuentes conocen perfectamente que la distancia y el anonimato que ofrece internet les permiten evitar los riesgos de los tradicionales timos. Así lo reflejan las estadísticas de cibercrimen que anualmente publica el Ministerio del Interior, donde las estafas 'online' no han dejado de crecer desde hace ocho años.
En efecto, las prácticas conocidas como cartas nigerianas, en cualesquiera de sus modalidades del tipo la falsa herencia, el falso premio de la lotería, la falsa oferta de trabajo, el falso romance o la falsa situación de emergencia, no solo se siguen produciendo, sino que sus datos de expansión entre la supuesta sociedad conectada en la que vivimos son, realmente, impresionantes.
Como muestra, veamos algunos de los datos que se recogen en una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, de 28 de noviembre de 2019, en la que se condena a una organización responsable de cometer esta estafa a través de locutorios ubicados en España. En tal resolución se afirma que, en el mes de octubre de 2014 se habían presentado —solo en España— denuncias por valor de más de diecisiete millones y medio de euros. Mientras que la cantidad de dinero que, según se había podido comprobar, la referida organización criminal desarticulada había remitido a Nigeria entre mediados de 2009 y diciembre de 2012, excedía de los cuarenta y siete millones de Euros. Esto supone una cantidad superior al presupuesto aprobado por una ciudad como Salou, para el año 2019.
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¿De veras una simple práctica, como la de enviar a un desconocido un correo electrónico con la falsa promesa de entregarle un premio que no existe, incluso en una situación en la que el receptor de tal mensaje, ni tan siquiera haya llegado a participar en ningún sorteo, puede resultar tan eficaz y rentable?
A la vista de los datos que hemos visto, la respuesta debe ser —desgraciadamente— afirmativa.
Entonces, ¿está todo perdido o podremos encontrar soluciones con las que evitar este tipo de fraudes?
Según parece, el éxito de este tipo de fraudes no parece provenir en exclusiva del uso de las nuevas tecnologías. Si así fuera, encontraríamos en la alfabetización digital una poderosa herramienta de lucha contra esa lacra. Más bien, parece, es un problema consustancial al ser humano, quien por su propia naturaleza espera que el destino premie de alguna manera su sufrimiento vital, aunque sea a través de recompensas imposibles.
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Así pues, ¿dónde debemos centrar los esfuerzos?
A mi juicio, la resiliencia al engaño por vía telemática debe construirse sobre una sólida educación del ciudadano, cuyo comienzo debe darse en la infancia, y que no debe abandonarse nunca, porque la lucha contra el fraude 'online' es, y debe ser, una responsabilidad compartida. Y es, precisamente por eso, por lo que desde el sector público también se impulsan numerosas iniciativas dirigidas a reforzar la capacidad del internauta a la hora de identificar contenidos falsos e ilícitos.
Sirva como ejemplo más representativo el de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, donde se contiene un capítulo IV, dedicado a las líneas de acción que el Gobierno impulsará para lograr los objetivos previstos en la citada estrategia. Y dentro de tal capítulo, encontramos una línea de acción 7, cuyo objeto es el de desarrollar una cultura de ciberseguridad.
La resiliencia al engaño por vía telemática debe construirse sobre una sólida educación del ciudadano, cuyo comienzo debe darse en la infancia
Dentro de las medidas concretas que recoge esta línea de acción, merece la pena destacar una referencia que, sin duda, es imprescindible para reducir el riesgo de que los futuros ciudadanos puedan verse afectados por este tipo de burdos fraudes.
Nos referimos a la medida 7 de la Estrategia, donde se apuesta por la promoción de la concienciación y la formación en ciberseguridad en los centros de enseñanza, adaptada a todos los niveles formativos y especialidades.
Tal concienciación no debe tener por objetivo crear ciudadanos desconfiados, sino todo lo contrario. Debe ser la prudencia la que rija nuestros esfuerzos educativos, para que los niños puedan, con buen juicio, distinguir lo que es malo, para así poder huir de ello. Aristóteles ya nos lo enseñaba en su ética nicomáquea, cuando concluía que el rasgo distintivo del hombre prudente es, al parecer, el ser capaz de deliberar y de juzgar de una manera conveniente sobre las cosas que pueden ser buenas y útiles para él, no bajo conceptos particulares, como la salud y el vigor del cuerpo, sino las que deben contribuir en general a su virtud y a su felicidad.
*Francisco Pérez Bes, 'head of' Digital Law en Gómez-Acebo & Pombo Abogados SLP.