Una apuesta por los datos

Vivimos una aceleración de los tiempos en procesos clave para el país y la Unión Europea. El covid-19 demuestra que la transformación digital es un factor determinante para la resiliencia. Hasta la más humilde pyme debe afrontar la digitalización como una necesidad para automatizar procesos, incrementar la eficiencia, reducir costes y trasladar el negocio al entorno virtual. Esto exige una gobernanza que implica nuevos modos de hacer las cosas y adaptarse a una realidad líquida. Las administraciones públicas deben abordar definitivamente un proceso de transformación digital integral. La estrategia digital de la Unión Europea, el Plan España Digital 2025 o la inteligencia artificial comportan una visión holística que debe contemplar las infraestructuras, las personas, la formación y su gobernanza.

En estos procesos existe un sustrato común: los datos. No es posible alcanzar las diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo del 'Plan de recuperación​, transformación y resiliencia' sin información poblacional, medioambiental, de salud, hábitos de consumo, movilidad… Pero no solo se trata de explotar datos preexistentes. La internet de los objetos aportará nueva información y con la analítica de datos obtendremos visiones de 360º que revolucionarán nuestro modo de entender, abordar y gobernar la realidad. Si añadimos procesos de automatización e Inteligencia Artificial se otea un horizonte nuevo para los procesos de decisión.

Opinión

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Se afirma que la UE afronta estos retos desde una posición de desventaja respecto de China y Estados Unidos. Carecemos de campeones en el mundo digital comparables a Amazon, Apple, Google, Facebook o Microsoft. La fragmentación lingüística y cultural del continente obliga a realizar esfuerzos adicionales, y el esfuerzo en investigación, transferencia e innovación presenta asimetrías según países. La parte del león se la lleva la regulación. Y, en cabeza, el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Es la norma de protección de datos un obstáculo para nuestra transformación digital?

El RGPD se integra en un paquete regulador amplio que incluye la Directiva Open Data y el reglamento que proscribe barreras a la circulación de datos no personales. Y se plantea una revolución con propuestas en el ámbito de las telecomunicaciones, ('e-privacy regulation') o el mundo digital ('digital services act package'). Aparentemente, el paquete normativo es abrumador. Sin embargo, la intención del legislador apunta a favorecer el uso de los datos. Nada excluye el uso de datos personales en el proceso de transformación digital, pero se exige sustentar toda nuestra acción en el principio de protección de datos desde el diseño y por defecto.

Pese a esta clara declaración de intenciones es lugar común concebir estas normas como barrera más que como un catalizador. ¿A qué se debe? La garantía del derecho a la protección de datos nace de la experiencia histórica del Estado totalitario. No resulta extraño que la Constitución regulase la 'limitación' del uso de la informática, y el Consejo de Europa y las Directivas de la Unión, abordasen la cuestión desde el punto de vista de los límites. La ley empodera al ciudadano para ejercer un control efectivo frente a la acción del Estado y las empresas.

La ley empodera al ciudadano para ejercer un control frente a la acción del Estado y las empresas

Cuando la legislación se manifestó incompleta e ineficiente en Internet y las redes sociales nos pertrechamos con el RGPD. La directiva y la LOPD habían quedado obsoletas, y también el modo de interpretarlas y aplicarlas. RGPD exige un enfoque en el que diseñar las condiciones del tratamiento ocupa el lugar central. El valor que aporta la protección de datos desde el diseño reside en un proceso que aborda los riesgos y obliga a definir las condiciones que los eliminen o mitiguen significativamente. Sin embargo, expertos y alguna autoridad siguen anclados en denunciar los riesgos aportando como solución la prohibición o la limitación. En estos enfoques se apuntan los riesgos, pero no se gobiernan.

Sumar a ello un enfoque jurídico ausente de todo conocimiento práctico conduce ineludiblemente al fracaso, a la inacción y a la prohibición. Esta aproximación, vivir en el territorio de la denuncia permanente y la alarma social rinde pingües beneficios reputacionales, políticos e incluso empresariales. Sin embargo, perjudica a todos los sectores y resulta inane, no aporta valor.

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A ello cabe añadir un cierto autismo desde los reguladores. Cuando se confunde la independencia con la unilateralidad se corre el riesgo de generar más problemas de los que se resuelven. La experiencia en los modelos de gobierno abierto muestra un camino basado en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Y este modelo incumbe también a los reguladores. Es esencial abrir espacios de diálogo y participación abiertos a un conocimiento certero de la realidad y al compromiso activo de la industria con el cumplimiento.

Es esencial abrir espacios de diálogo y participación a un conocimiento certero de la realidad y al compromiso activo de la industria

En un ecosistema de esta naturaleza, la investigación, los innovadores, las empresas o la Administración enfrentan una barrera que no pueden remontar y que conduce a la impotencia, el abandono o la emigración. Nos convierten en un territorio hostil y yermo. En la encrucijada de la transformación digital debemos decidir qué enfoque vamos a aplicar. En nuestra opinión, se impone una metodología de protección de datos desde el diseño centrada en la realidad de los hechos, capaz de ofrecer soluciones funcionales, participativas y viables pero intransigente con la ilegalidad. Lo contrario, lo que hicimos hasta hoy, nos erige en censores y en decisores negativos sobre procesos de los que depende nuestro futuro como país.

*Ricard Martínez Martínez es director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València y miembro del Consejo Académico de Fide.