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'Fit for 55': adónde nos lleva Europa
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'Fit for 55': adónde nos lleva Europa

'Fit for 55' pretende dirigir un cambio radical en los ámbitos económico, social e industrial que garantice una transición justa, competitiva y ecológica

Foto: Foto: Pixabay/marcinjozwiak.
Foto: Pixabay/marcinjozwiak.

Hace medio año se publicitó la aprobación en la Unión Europea de ‘Fit for 55’ ('Objetivo 55', en su versión española). Se trata de una propuesta de modificaciones legislativas que pretende que la UE esté preparada para conseguir los objetivos marcados por la llamada “Legislación europea sobre el clima” (Reglamento UE 2021/1119): reducir al menos en un 55 % las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 (con respecto a 1990) y convertirse en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050.

La trascendencia del contenido de esta propuesta hace conveniente recordar sus aspectos más relevantes, ya que ‘Fit for 55’ pretende dirigir un cambio radical en los ámbitos económico, social e industrial que garantice una transición justa, competitiva y ecológica. No cabe duda de que si se aplican esas modificaciones legislativas, los cambios serán amplios y profundos, y se espera que positivos para (i) la innovación, la inversión y el empleo; (ii) reducir desigualdades (entre quienes pueden permitirse tecnologías limpias y modernas basadas en energías renovables, y quienes no tienen alternativa a las antiguas y contaminantes), y (iii) proteger los derechos de las generaciones futuras.

Foto: Protesta contra el cambio climático en Nepal. (EFE/Narendra Shrestha) Opinión

‘Fit for 55’ concreta algunos aspectos del Pacto Verde Europeo de 2019, fundamentalmente la consecución de la neutralidad climática y de una energía limpia, fiable y asequible. Constituye una propuesta densa, con múltiples aspectos relevantes, de los que destacamos los siguientes:

1. Se refuerza el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE UE) y se amplía su aplicación al transporte marítimo y por carretera, y a los edificios. Para 2030, los sectores cubiertos por el RCDE UE revisado (producción eléctrica, sectores industriales intensivos en energía, y sectores aéreo y marítimo) tendrán que reducir sus emisiones de GEI en un 61 % (respecto a 2005); además, se propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para el sector de la aviación. El transporte por carretera y los edificios tendrán un sistema separado.

2. Muy relevante es la previsión de un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono, que persigue prevenir la transferencia de la producción de la UE a otros países en los que los objetivos de reducción de emisiones sean menos ambiciosos. Este mecanismo, de introducción gradual, fijará un precio sobre las importaciones de un número limitado de mercancías en función de su contenido de carbono, y debe garantizar que los productos nacionales y los importados paguen el mismo precio por el carbono y que, por tanto, sean no discriminatorios y compatibles con las normas de la OMC y otras obligaciones internacionales de la UE.

Foto: El hemiciclo del Parlamento Europeo.

3. Se actualizan y revisan varias normas, entre otras:

- La Directiva sobre fiscalidad de la energía, para armonizar los tipos impositivos mínimos para los combustibles de calefacción y transporte, mitigando el impacto social, eliminando exenciones y otros incentivos para el uso de combustibles fósiles, y fomentando la adopción de combustibles limpios.

- El Reglamento de reparto del esfuerzo, para facultar a los Estados miembros a adoptar medidas nacionales sobre emisiones en los sectores de la construcción, el transporte, la agricultura, los residuos y la pequeña industria, y así lograr en la UE una reducción del 40 % de las emisiones de estos sectores de aquí a 2030 (respecto a 2005).

- El Reglamento sobre el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, para invertir la tendencia actual de reducción de las absorciones de CO₂ y aumentar la calidad y cantidad de los bosques de la UE y otros sumideros naturales de carbono.

Foto: Manifestantes durante la COP26 en Glasgow. (REUTERS/Yves Herman)

- La Directiva sobre fuentes de energía renovables, para aumentar el objetivo vinculante global del actual 32 % a un nuevo nivel del 40 % de energías renovables en la combinación energética de la UE.

Se prevé también establecer normas sobre una nueva infraestructura para combustibles alternativos, sobre combustibles de aviación más sostenibles (ReFuelEU) y sobre combustibles más limpios para el transporte marítimo (FuelEU), así como normas más estrictas sobre emisiones de CO₂ de turismos y furgonetas.

4. Para facilitar la aplicación de estas propuestas se prevé, como medidas de apoyo, la utilización de ingresos, en particular a través del nuevo Fondo Social para el Clima y de unos Fondos de Modernización e Innovación mejorados, además del presupuesto a largo plazo de la UE y el plan de recuperación de la UE (NextGeneration EU).

Foto: Crece la preocupación del Departamento de Defensa de EEUU por el cambio climatico (Reuters)

5. Para concluir esta breve referencia al contenido de esta propuesta, destacamos el reconocimiento de tres hechos relevantes:

- Se reconoce que la acción de la UE por sí sola no es suficiente para conseguir una lucha eficaz contra el cambio climático, se explicita que la UE sigue plenamente comprometida con el orden mundial multilateral, y se hace un llamamiento a los socios de todo el mundo para que colaboren.

- Se reconoce que la educación y la formación son fundamentales para impulsar la concienciación e impulsar las capacidades para la economía verde.

- Se reconoce que las crisis climática y de biodiversidad no pueden tratarse por separado, por lo que deben resolverse conjuntamente.

En conclusión: la UE sigue dando pasos en la dirección de conseguir una economía descarbonizada y sostenible. Se trata de un cambio radical en los ámbitos económico, social e industrial que implica a toda la sociedad. Pese a la dificultad del objetivo, hay que pensar que se trata de un camino sin retorno. Es preciso adaptarse.

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*Carlos de Miguel Perales. Abogado. Profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Comillas-Icade. Codirector del Grupo de Trabajo 'Emergencia climática y gestión del agua' de Fide.

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