Ley europea de chips: la soberanía digital para la recuperación de la soberanía industrial

Los problemas ocasionados en las cadenas mundiales de suministro por la pandemia —aunque no solamente por ella— han provocado a nivel europeo una reflexión sobre la dependencia de productos manufacturados que no son fabricados o lo son de forma insuficiente en el territorio de la Unión. El máximo exponente de estos productos son los semiconductores o chips, cuya escasez a escala mundial en un escenario geopolítico complejo ha forzado el cierre de fábricas en una amplia gama de sectores, desde los automóviles hasta los dispositivos sanitarios. Esta escasez, que arranca en 2020 y pervive en la actualidad, ha causado el incremento de precios y la dilatación de los plazos de entrega, con consecuencias directas, por ejemplo, en la producción automovilística, reducida en casi un tercio en algunos países comunitarios.

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Ante esta situación, la Comisión Europea ha lanzado, en febrero de 2022, la llamada ley europea de chips con el objetivo de garantizar la seguridad del suministro, la resiliencia y el liderazgo tecnológico de la UE en las tecnologías y aplicaciones de semiconductores. Bajo dicha denominación se engloba, en realidad, un paquete de medidas. En primer término, comienza la tramitación de dos propuestas de reglamentos europeos (la propuesta de reglamento por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de semiconductores y la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2021/2085, que establece las empresas comunes en el marco del Horizonte Europa, en lo que respecta a la Empresa Común Chips) que aspiran a utilizar como palanca los puntos fuertes de Europa (organizaciones y redes de investigación y tecnología líderes en el mundo, y una multitud de fabricantes pioneros de equipos) para impulsar la prosperidad del sector en todos los eslabones de la cadena.

Junto a estos reglamentos en preparación, como normas que serán directamente aplicables, la Comisión Europea se apoya en dos instrumentos de 'soft law' para apuntalar su estrategia: una comunicación en la que invita al Consejo y al Parlamento Europeo a apoyar las medidas que conviertan en realidad en el menor tiempo posible la ambición de reforzar las capacidades de liderazgo de Europa en semiconductores como cuestión de soberanía digital, y una recomendación dirigida a los Estados miembros para que colaboren a través del grupo europeo de expertos en semiconductores, a fin de intercambiar información sobre el estado actual de la crisis de semiconductores en sus mercados nacionales y coordinar las medidas internas de respuesta a esta crisis.

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En total, por consiguiente, el paquete se compone de cuatro medidas que se orientan al objetivo de que la Unión Europea, mediante la movilización de más de 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas, duplique su cuota de mercado mundial, pasando del 10% actual al 20%.

No se ha hecho esperar la reacción española, plasmada en la aprobación, por el Consejo de Ministros del 24 de mayo, del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores (Perte Chip), dirigido a reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España, desde una perspectiva integral, y favorecer la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea en este sector, en línea con lo previsto en la ley europea de chips.

A ello hay que añadir el impulso de una nueva ley de industria, iniciativa que fue sometida a consulta pública, entre el 20 de abril y el 17 de mayo, y entre cuyos objetivos declarados se encuentra afrontar los problemas derivados de la dependencia externa en materiales básicos que ha evidenciado la pandemia; todo ello en aras de dotar de mayor resiliencia y robustez a la industria española, en coherencia con la estrategia industrial europea.

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En definitiva, tanto a nivel comunitario como interno se aprecia la necesidad de acortar las cadenas de suministro industriales y reubicar de forma inteligente y estratégica la producción en Europa y en España. Se trata, por consiguiente, de recuperar la seguridad del suministro a través de la reindustrialización, frente a la deslocalización progresiva vivida en las últimas décadas. Ahora bien, este proceso ha de adecuarse al Pacto Verde Europeo, lo que ha de plasmarse en el fomento de nuevos procesos industriales y tecnologías más limpias, en la búsqueda de la neutralidad climática y la circularidad de la economía.

Sin duda, los semiconductores o chips han sido el ejemplo paradigmático de las dificultades asociadas a su escasez en una economía globalizada, razón por la que se han puesto en marcha medidas específicas a través de la ley europea de chips y el Perte. Con todo, estas medidas se incardinan en una revisión más amplia de la política industrial comunitaria y española, con la aspiración de que la soberanía digital sea la primera piedra de la recuperación de la soberanía industrial.

*José Amérigo Alonso, socio de la Oficina de Fondos Europeos de PwC y responsable de Regulatorio de PwC Tax & Legal.