Las leyes de mercados y servicios digitales

La tecnología sigue cambiando los hábitos cotidianos de todos y transforma la sociedad. Por ello, la Unión Europea (UE) ha desarrollado el plan Shaping Europe’s Digital Future, que persigue transformar la UE para adaptarla a la era digital y preservar las libertades individuales, y que identifica tres objetivos básicos: una tecnología al servicio de las personas, una economía justa y competitiva y una sociedad abierta, democrática y sostenible.

Este proyecto jurídico construirá una estructura legislativa desde los siguientes aspectos:

• La protección de datos personales, que constituye el derecho fundamental más afectado por la transformación digital.
• La economía de los datos, con la pretensión de que todos los datos de empresas y organismos públicos sirvan para impulsar el desarrollo mediante dos iniciativas: (i) la ley de datos, que promoverá la disponibilidad de los datos para la innovación con el fomento de la cesión altruista de datos, la facilitación de su intercambio y la disponibilidad mediante los espacios comunes europeos de datos; y (ii) la ley de gobernanza de datos, que impulsará la reutilización de los datos del sector público.
• La inteligencia artificial, con la propuesta de la Comisión Europea, en abril de 2021, de un reglamento para gobernar y equilibrar la innovación y el desarrollo digital en la UE.
• Y, por último, el paquete de servicios digitales aprobado por el Parlamento Europeo el pasado julio, formado por la ley de mercados digitales, que concibe el mercado digital como un servicio caracterizado por la apertura y la competencia leal y equilibra las diferencias entre operadores, y la ley de servicios digitales, que procura el desarrollo y buen funcionamiento de internet como canal de comunicación y trata de evitar el descontrol de los contenidos que circulan por él.

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La ley de mercados digitales regula la actividad de las plataformas gigantes de internet, a las que denomina 'guardianes de acceso': los sistemas operativos, las redes sociales, los mercados en línea, los buscadores o las redes de publicidad, afianzados en el espacio económico europeo, con más de 45 millones de usuarios y un volumen de negocio de más de 6.500 millones de euros anuales. Los beneficiarios de esta norma son sobre todo las empresas europeas, a las que trata de equilibrar frente a la enorme influencia en el mercado de los guardianes de acceso.

Para lograr este objetivo, la ley de mercados digitales apuesta por la transparencia y obliga a estos guardianes a facilitar a sus usuarios europeos la información de su actividad, tanto los profesionales (que venden sus servicios a través de ellos) como los finales (los consumidores que los usan para acceder al mercado digital).

A los usuarios profesionales, la ley de mercados digitales les atribuye el derecho a conocer cómo funcionan sus ofertas y las del resto de entidades en la plataforma. Así podrán descubrir prácticas anticompetitivas y reaccionar ante ellas.

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A los usuarios finales les atribuye la plena capacidad para exigir al guardián de acceso que entregue los datos sobre su actividad en la plataforma (su perfil de usuario, historial de búsquedas y compras, etc.) a cualquier otra entidad para que los reutilice con propósitos comerciales (por lo común, para adecuar las ofertas comerciales a su perfil).

En definitiva, la ley de mercados digitales priva a los guardianes de acceso del secreto de la información obtenida en su actividad y de los detalles de consumo de los usuarios para fomentar la competencia en los mercados digitales.

La ley de servicios digitales mantiene intacto el fundamento que ya definió en el año 2000 la directiva de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico: la salvaguardia de que las "empresas intermediarias" no están obligadas a controlar, de forma general, los contenidos que gestionan y de que, cumpliendo ciertas condiciones, no responden de las infracciones cometidas con ellos (en la expresión clásica, se trata de no matar al mensajero). Las empresas intermediarias son las que permiten el acceso a internet y la transmisión de la información por ella, la memoria caché y el alojamiento de datos.

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Todos los países desarrollados regulan de forma muy similar estas salvaguardias, consideradas pieza clave para el desarrollo de internet y la economía digital, y para garantizar las libertades de expresión y de información.

Sin embargo, las facilidades para cometer delitos e infracciones en internet han hecho de las salvaguardias la pieza de batalla en la protección de los derechos de propiedad intelectual, en la persecución de delitos contra la dignidad de las personas (pornografía y abuso de menores), de terrorismo y de odio, o en la defensa ante la desinformación (por el peligro para la salud pública, durante la pandemia, y para la convivencia democrática dada su influencia en elecciones democráticas o en la ruptura de la paz en ciertos territorios).

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La ley de servicios digitales trata de limitar estos riesgos con nuevas obligaciones de transparencia y de colaboración para los intermediarios, pero sin afectar a las libertades de expresión y de información. Mantiene clara su apuesta por las salvaguardias, ya tradicionales.

Pero sí constituye un cambio sustancial la imposición a las grandes plataformas y buscadores de obligaciones de colaboración muy precisas con las autoridades de la UE en la lucha contra los contenidos ilegales en internet, a fin de lograr, según afirma la ley, un entorno en línea seguro, predecible y fiable que facilite la información veraz, que proteja los derechos fundamentales con efectividad y que mantenga el principio de protección del consumidor.

*Javier Aparicio, socio de finReg360 y abogado del Estado en excedencia.