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Escenario actual y perspectivas en materia de energía: algunas ideas para pensar en el largo plazo
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Escenario actual y perspectivas en materia de energía: algunas ideas para pensar en el largo plazo

Los líderes políticos y empresariales llevan años trasladando el mensaje erróneo de que la transición energética no tiene coste

Foto: Imagen: Pixabay/Joe.
Imagen: Pixabay/Joe.

Este 2022 s cumplen 90 años de la aprobación por el Parlamento de la II República de la Ley de Reforma Agraria. Este fue uno de los temas centrales de la política española en los años 1931-1936 y, sin embargo, en esos años, el mundo ya transitaba plenamente hacia un sistema productivo basado en la electricidad y el petróleo.

En estos momentos, con la revolución digital en forma de tercera Revolución Industrial en pleno desarrollo y como gran reto estructural de nuestra economía, nos encontramos paradójicamente de nuevo con que el reto de electrificar la economía y diseñar la reglas para producir y retribuir dicha energía eléctrica se está convirtiendo en un tema central de la política española.

Foto: A medida que avanza el siglo XXI, la energía eólica está preparada para una expansión masiva (EFE/Mario Arturo Martínez)

El nivel de confrontación que va a producir en el futuro el tema de la regulación energética, y eléctrica en particular, no va a ser nunca el mismo que el de la redistribución de la propiedad de la tierra en 1932, pero sin duda va a condicionar los próximos años fuertemente el debate político, y no solo en España. Estamos ya viendo los primeros indicios de ello.

Como en 1932 en relación con la reforma agraria, hay un cierto consenso de base: en aquellos momentos, el consenso se basaba en la necesidad de hacer más productivas las tierras de lo que lo eran y, ahora, lo es la necesidad de descarbonizar el sistema energético primario y secundario, lo que, en la práctica, consiste fundamentalmente en su electrificación mediante la utilización de fuentes de generación renovables.

Foto: Instalación fotovoltaica flotante en Portugal (Reuters/M.Pereira)

El problema de las transiciones estructurales es determinar cómo se distribuye su coste y quién compensa a los afectados por la transición. En 1932 fue el debate sobre la expropiación sin indemnización, ahora es el de la retribución de las tecnologías inframarginales en un mercado marginal. Pero la pregunta se puede simplificar: ¿cómo se paga la transición?

Y aquí nos encontramos con el primer problema de fondo. Los líderes políticos y empresariales llevan años trasladando el mensaje erróneo de que dicha transición no tiene coste. El común de los ciudadanos está muy a favor de la transición energética, pero no es consciente del coste que tendrá que pagar (económico y ambiental). Eso no pasa con otras infraestructuras como las de transporte o sanitarias, donde el debate es mucho más maduro y por ello más ajustado a las reglas de la democracia.

Foto: Estación distribuidora de gas natural (REUTERS/W.Kardas)

Para hacer la transición energética, hay que construir nuevas instalaciones de producción, desmantelando muchas de las existentes; distribuir esa energía con redes mucho más caras que las actuales, y dar respaldo a un sistema de producción muy inestable por naturaleza, con tecnologías hoy inmaduras y muy caras. Todo ello exige inversiones enormes. Por otro lado, los problemas ambientales, como son, por ejemplo, la intensidad de la ocupación de espacio físico de las plantas solares y eólicas y la escasez de recursos minerales para la producción de equipos, son de gran entidad.

Y aquí es donde se rompe el consenso, pues hacer la transición energética de forma muy rápida sería posible, pero el pago de esas infraestructuras haría necesario subir mucho el precio de la energía y por ello de la mayoría de productos y servicios. ¿Es ese gasto una prioridad? ¿Cómo debe pagarse? Vivimos un momento de 'toma de conciencia' sobre ese problema a la vista del 'shock' que han producido la invasión rusa de Ucrania y las restricciones de oferta por el cambio de suministradores de gas. Este problema es coyuntural, pero ha tenido la virtualidad de poner encima de la mesa el problema estructural. También en el caso de la reforma agraria el consenso se rompía cuando había que determinar cómo se pagaban las expropiaciones.

Foto: Una persona repostando en Barcelona. (EFE/Alejandro García)

Es posible que el avance tecnológico y la mejora de los cuellos de botella productivos solucionen el problema de la producción energética en los próximos 20 años, como la mejora de la productividad agraria hizo que a partir de los años cincuenta el problema de la reforma agraria desapareciera. Pero volviendo a la energía, mientras eso ocurra, si ocurre, tenemos que decidir cómo invertimos los recursos escasos que tenemos. Y aquí aparece el debate fundamental.

Algunas ideas al respecto:

  • Para resolver cualquier problema, primero hay que reconocer los errores, y el principal ha sido la enorme inversión realizada en renovables antes de la madurez tecnológica. Solo España ha invertido la astronómica cifra de más de 100.000 millones de euros en subsidios para construir infraestructuras de producción de energía de eficiencia bajísima y que hoy aportan muy poco valor en términos de producción eléctrica (las construidas hasta 2014 bajo el régimen de tarifa regulada). Por poner en contexto la cifra, el coste del rescate del sistema financiero para el FROB fue de 'solo' 66.000 millones de euros. El problema es mayúsculo y no ha sido objeto de debate. Empezamos mal si no debatimos y asumimos los errores.
Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (EFE/Salvador Sas)
  • Es imprescindible el análisis coste-beneficio de cualquier medida. La planificación de la transición energética exige que los gobiernos también hagan un esfuerzo en medir el coste, lo expliquen a la ciudadanía y, en última instancia, digan cuánto más va a pagarse por los ciudadanos y empresas (pues es evidente que se va a pagar más) y qué costes ambientales vamos a afrontar. Esto permitirá valorar racionalmente cualquier opción tecnológica.
  • Ninguna tecnología puede sobrar conceptualmente. El debate nuclear es enormemente pobre. Valoremos correctamente el coste (incluidos los ambientales, por supuesto) antes de decidir.
Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (EFE/David Fernández)
  • A la vez, la planificación debe dar lugar a un mercado neutro en alternativas tecnológicas e incentivador de la competencia en mercados transparentes. Es posible que alternativas como la excepción ibérica sean válidas en el corto plazo, pero la exclusión de una tecnología (que aparentemente necesitaremos muchos años todavía) del mercado y 'fijar un precio intervenido', que es lo que se ha hecho, no puede ser una solución a largo plazo.
  • No podemos renunciar a invertir en el desarrollo industrial de nuevas tecnologías. Si de los más de 100.000 millones de euros que hemos invertido en tecnologías renovables 'de primera generación', altamente ineficientes, hubiésemos invertido un 10% en ciencia básica de nuevos materiales para paneles y almacenamiento, España enfrentaría el futuro de forma diferente.
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*Juan Martínez Calvo. Socio de Simmons & Simmons.

Este 2022 s cumplen 90 años de la aprobación por el Parlamento de la II República de la Ley de Reforma Agraria. Este fue uno de los temas centrales de la política española en los años 1931-1936 y, sin embargo, en esos años, el mundo ya transitaba plenamente hacia un sistema productivo basado en la electricidad y el petróleo.

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