El juez procesa a Puigdemont, Junqueras, Turull y otras 10 personas por rebelión

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha procesado este viernes al expresident del Govern Carles Puigdemont, su exvicepresident Oriol Junqueras y el candidato a la presidencia de Cataluña, Jordi Turull, por rebelión. En un extenso auto que abre una nueva fase en el procedimiento, el magistrado desgrana las responsabilidades de otros 10 acusados en la estrategia para la separación ilegal con el Estado por el delito más grave de los que se les acusaba, penado con hasta 30 años de cárcel. Sabían que el "fanatismo violento" se iba a desatar y aún así continuaron con su plan concertado para la independencia, dice el juez.

En concreto han sido procesados por rebelión: Puigdemont, Junqueras y Turull y los exconsellers Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antonio Comín y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, el de Òmnium, Jordi Cuixart; y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que se encuentra huida y no se ha presentado hoy a su cita con el juez.

Nueve de estos 13 también resultan procesados por malversación, delito que afecta a un total de 14 personas. El resto, hasta alcanzar las 25 personas son procesados por desobediencia. Quedan fuera tres personas: Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras. Todos los miembros del Govern cesado tendrán que hacerse cargo de una fianza colectiva de 2,1 millones de euros.

En el auto el juez procesa además a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia. A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya --Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet--, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo. Es decir, la líder de la CUP huida en Suiza sólo se enfrenta a un delito que lleva aparejada multa e inhabilitación.

Fianza de 2,1 millones

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Forn, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Puig, Mundó, Vila y Serret. La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que hubo de emplearse para sufragar el referéndum del 1-0, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esa cuantía que debe añadirse de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

En su auto el juez relata los hechos acontecidos en Cataluña en los últimos seis años en relación con el proceso secesionista, en lo que considera un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña, al margen de la legalidad vigente. El magistrado sitúa el inicio de este concierto el 19 de diciembre de 2012, cuando el entonces candidato a la Presidencia de la Generalitat y líder de CIU Artur Mas firmó con el presidente de Esquerra Republica de Cataluña Oriol Junqueras i Vives el Acuerdo para la Transición Nacional y para Garantizar la Estabilidad del Govern de Catalunya, un acuerdo que determinó el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat.

Esta estrategia, que contó con el acuerdo desde distintos ámbitos, "puede continuar latente", dice el magistrado en su auto de 69 páginas. Puntualmente está larvada y trata de servirse de un relevo de sus protagonistas. Los hechos revisten para el juez "una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno".

Este "plan criminal" puede no haberse interrumpido pese a la aplicación del 155 y, en opinión de instructor, está pendiente de reanudación "una vez se recupere el pleno control de las competencias autonómicas". La violencia empleada para el objetivo final, queda claro para Llarena a la vista de los hechos que tuvieron lugar el 20 de septiembre, en el asedio a la Consellería de Economía: aquello determinó el componente necesario para la rebelión, destaca.

El cerco -dice- no fue "exclusivamente intimidatorio" sino que supuso una restricción real de la capacidad de actuación "como consecuencia del uso de la fuerza". Lo compara con "una toma de rehenes mediante disparos al aire" y va mas allá, al considerar que estos hechos no se evalúan solo por su contenido, sino por la capacidad de reflejar que existía un riesgo de que las movilizaciones futuras desembocaran en una violencia instrumentalizada para lograr la independencia.