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Las tres ‘fórmulas Montoro’ para poner fin a los blindajes millonarios
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Nacho Cardero

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Las tres ‘fórmulas Montoro’ para poner fin a los blindajes millonarios

  Los teléfonos del Ministerio de Hacienda están que arden. Desde

Los teléfonos del Ministerio de Hacienda están que arden. Desde que se publicó la noticia de un próximo impuesto para los blindajes de alta dirección del sector privado, el Gobierno no para de recibir llamadas. Ejecutivos de banca de inversión, socios de bufetes de nombre rimbombante, directivos con despacho en las Cuatro Torres, y así hasta completar una larga lista de damnificados. Todos ellos se dirigen preocupados al ministro con la misma cantinela: “¿Qué va a suceder con lo mío?”.

“Lo suyo”, por lo general, son indemnizaciones millonarias pactadas entre la empresa y el alto ejecutivo para cuando éste sea despedido o cese en su actividad. Las hay razonables, fruto de una vida de esfuerzo y dedicación a la compañía, y las hay que, lejos de parecer razonables, son absolutamente irracionales.

En España, desgraciadamente, abundan estas últimas. Baste como ejemplos el caso de Belarmino García, que se llevó tres millones de euros por su efímero (seis meses) periplo como consejero delegado de Vocento, o el de los cuatro exdirectivos de Novagalicia, entidad ahora nacionalizada, que se embolsaron casi 25 millones de euros con el aval de dos informes legales: uno del Banco de España y otro del despacho de abogados laboralistas Sagardoy.

En la actualidad, los ejecutivos, como el resto de trabajadores, están exentos de pagar impuestos por la indemnización por despido cuando sea de 45 días de salario por año (antes de la reforma laboral) o de 33 días (tras la reforma). Toda cantidad que exceda de estos límites sí tendrá que tributar y lo hará como renta extraordinaria en un solo ejercicio al tipo marginal del IRPF. Con una salvedad: el dinero a pagar por los primeros 300.000 euros recibidos como indemnización tendrá derecho a una reducción del 40%. En conclusión, un modelo benévolo.

La opinión pública no entiende el trato de favor fiscal que reciben estos altos ejecutivos, máxime cuando se acogen a un Estatuto de los Trabajadores que está redactado para esos asalariados que pican a diario para dar cuenta de la hora de entrada y no para directivos con sociedad patrimonial y cuentas offshore.Guiados por esta argumentación, el Gobierno estudia tres fórmulas para incrementar la tributación a los blindajes. A saber:

1.- Eliminar la exención referida a los 45/33 días por año (recogida en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, LIRPF) cuando se trate de indemnizaciones cuantiosas. Hacienda entiende que estos altos ejecutivos no tienen derecho a beneficiarse de esta exención, ya que sus contratos no son ordinarios, sino que están redactados ad hoc y pactados de antemano con cláusulas que prevén una fuerte compensación económica y a las que no procedería la aplicación de la regla del Estatuto de los Trabajadores.

2.- Rebajar el límite de 300.000 euros o el coeficiente de reducción del 40%. Posiblemente sea la fórmula más fácil de aplicar, pero de una efectividad limitada, en tanto en cuanto ya se hace tributar en su integridad al tipo marginal todo lo que exceda de los citados 300.000 euros.

3.- Tratar de sumar el límite máximo del IPRF y del Impuesto sobre el Patrimonio. Esta solución -más compleja y en estudio- es la más lucrativa para las arcas estatales, ya que implica retenciones muy elevadas sobre la cantidad a percibir. Tal y como ha dejado caer Economía, la intención es que los blindajes no tributen sólo al tipo marginal sino a un porcentaje que se encontraría próximo al 80%.

El ‘cabreo’ entre los afectados resulta indescriptible. Años y años esperando a cobrar la saca de doblones, para que ahora llegue un Ejecutivo del PP, es decir, “los nuestros”, y nos quite tres cuartas partes de lo que nos corresponde. “Con Zapatero vivíamos mejor”, comentan. Paradójicamente, fue en las legislaturas pasadas, de gobierno socialista, cuando se aprobaron más deducciones y beneficios fiscales para el mundo de la empresa y sus altos ejecutivos. 

“Los problemas de España son otros y gravando aún más los despidos no los van a solucionar”, arguyen los directivos, que no dudan de tachar el impuestazo de “confiscatorio” y “chocolate del loro”. El problema es que también están los blindajes, los coches oficiales, las primas a los huertos fotovoltaicos… Como ya dijo Soraya Sáenz de Santamaría, “en este país empiezas a sumar loros y te encuentras una pajarería”. Genial la vicepresidenta. 

Los teléfonos del Ministerio de Hacienda están que arden. Desde que se publicó la noticia de un próximo impuesto para los blindajes de alta dirección del sector privado, el Gobierno no para de recibir llamadas. Ejecutivos de banca de inversión, socios de bufetes de nombre rimbombante, directivos con despacho en las Cuatro Torres, y así hasta completar una larga lista de damnificados. Todos ellos se dirigen preocupados al ministro con la misma cantinela: “¿Qué va a suceder con lo mío?”.