Operación Canalejas: apoteosis del marquesado de Villar Mir

Ni izquierdas contra derechas, ni gobernados contra gobernantes. En la actual atmósfera de cambio de ciclo, la guerra que se ha desatado en España la entablan las élites económicas, que batallan por el control y acopio de los recursos escasos. Un escenario que evoca al de los estados postsoviéticos. Las antiguas repúblicas comunistas procedieron a desguazar su patrimonio para poder sobrevivir tras el derrumbe de la URSS. De algún modo, la España actual también es un país en venta; un país bueno, bonito y barato, que dirían las aves de rapiña que planean por entre los rascacielos de la Castellana. Los terratenientes tratan de aprovechar la crisis del país y la debilidad de sus rivales para ganar en tamaño y fortuna. Y en esta guerra homicida, Juan Miguel Villar Mir se alza como uno de los claros vencedores.

Estudiante del Pilar, número uno de su promoción de ingenieros de Caminos, primer ministro de Hacienda tras la muerte de Franco y dueño del grupo que lleva sus apellidos y que engloba empresas como la constructora OHL, la inmobiliaria Espacio y la siderometalúrgica Ferroatlántica, Juan Villar Mir (Madrid, 1931) siempre ha mostrado una gran habilidad para hacer negocio en los más variopintos escenarios. Lo hizo en la dictadura, lo hizo durante la Transición, y luego con la UCD, el PSOE y finalmente el PP, con el que ha alcanzado su apogeo. El 3 de febrero de 2011, su amigo y valedor en el mundo de los negocios, el rey Juan Carlos, le otorgó el título del marquesado de Villar Mir por la “destacada y dilatada trayectoria al servicio de España y de la Corona”, lo cual supuso un salto cualitativo en su extensa carrera.

Frisa los ochenta y dos, pero camina espigado y luce palmito. Destaca por ser un trabajador infatigable y almacenar hasta el más mínimo detalle del grupo en la cabeza. No hay analista que le pille en un renuncio. Le preguntan y él responde con presteza. Su mente es una hoja de Excel con las ratios de la compañía. En el último año, el empresario ha ilustrado con recurrencia los titulares de la prensa por sus acertadas operaciones corporativas, eclipsando a los omnímodos Pérez y Koplowitz. Ahí están el contrato del AVE La Meca-Medina y su desembarco en Abertis. Villar Mir culebrea con especial habilidad por entre los lodazales de la crisis. Destaca su pericia para adquirir empresas en quiebra por un euro para luego ponerlas en valor.

A la par que sus éxitos empresariales, los periódicos también han escrito el nombre del empresario con tinta negra por affaires ajenos a los económicos. Por un lado, como uno de los financiadores del PP en los presuntos papeles de Bárcenas y, por otro, como cliente de Mira, una de estas agencias de detectives ahora tan populares como los tebeos de espías y que le facturaban a millón por seguimiento.

Leyes ad hoc para un proyecto de superlujo

En la Operación Canalejas -sin lugar a dudas, su último golpe de efecto-, el marqués de Villar Mir ha vuelto a los orígenes: el ladrillo. Se trata de un pelotazo inmobiliario que cuenta con el plácet del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y que ha sido ejecutado gracias a la pistola humeante del Banco Santander, el financiador del empresario. Con este objetivo, se va a recortar protección a dos edificios singulares catalogados como BIC (Bienes de Interés Cultural) y a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para dotar de mayor edificabilidad al proyecto. Todo ello, como reconocen los arquitectos madrileños, en tiempo récord. 

“Conseguir que catalogaran a estos edificios como BIC fue un proceso larguísimo, de años”, comenta Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Ahora, en sólo tres meses, hay una resolución oficial rebajando la protección, plazo para las alegaciones, reuniones de la Dirección General de Patrimonio y una modificación del PGOU. Jamás se ha visto algo así. Todo es anómalamente rápido. Las instituciones justifican el proyecto como palanqueta para incentivar la economía, pero en verdad suena a operación especulativa”.

El pasado 4 de marzo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la alcaldesa Ana Botella y el propio Villar Mir se reunieron en comandita para presentar el megaproyecto de la manzana de Canalejas, que engloba los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle Alcalá y el 7 de la Carrera de San Jerónimo, edificios a los que el presidente de OHL tenía echado el ojo como consejero de Banif (la banca privada del Santander) y por los que pagó 215 millones de euros a Emilio Botín. Previamente, el banquero había intentado cerrar la operación de venta con otros compradores. Fracasó en cada uno de los intentos, ora porque carecían de liquidez, ora por tratarse de inversores fantasmas.

El proyecto, que se espera esté listo a finales de 2016 y en el que se van a invertir 500 millones de euros, incluye un cinco estrellas de la cadena hotelera Four Seasons, un centro comercial del tipo de las Galerías Lafayette y 35 viviendas de superlujo que se levantarán en la parte alta del complejo, para lo que necesitará que el Ayuntamiento le ‘preste’ algún que otro metro cuadrado extra de edificabilidad. Villar Mir prevé que la Operación Canalejas genere 5.000 puestos de trabajo, de los que 3.000 serán permanentes y 1.800 temporales.

Quejas de Bellas Artes y división en arquitectura

Pero lo que es un síntoma de “confianza total” en España y un “empujón a la economía madrileña” para unos, supone un atentado arquitectónico y un nuevo pelotazo urbanístico para otros. Tanto la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio han presentado alegaciones contra la resolución de 22 de noviembre de 2012 (como recoge el BOCM) de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, por la que se incoa el expediente para la modificación de la declaración de Bien de Interés Cultural de los edificios de La Equitativa, sede histórica del Banco Español de Crédito, y del antiguo Banco Hispano Americano, en plaza de Canalejas.

El decano del Colegio de Arquitectos, José Antonio Granero, se ha abstenido de poner objeciones a este trasunto de Eurovegas en diminuto, lo que ha provocado una polémica guerracivilista en el seno de la institución. “Parece que al decano no le interesa o le da igual”, se queja José Miguel Gastón de Iriarte, quien fuera arquitecto jefe de Protección Civil del Ayuntamiento y autor del precatálogo de Bienes de Interés Cultural en Madrid. “Restaurar estos edificios sería más caro, así que se ha optado por la solución más barata, que es tirarlo todo y hacerlo de nuevo. Además, se van a construir 400 plazas de garaje, lo que significará a futuro muchos más coches para una zona ya de por sí muy congestionada”.

Por mor de la casualidad, Gastón de Iriarte es autor de una tesis no publicada sobre José Grases Riera, discípulo de Gaudí y arquitecto de uno de los edificios afectados por la modificación, el de La Equitativa, que ideó en 1887 y finalizó en 1891. En lo que respecta a las antiguas oficinas del Hispano Americano, esto es, el otro inmueble víctima de la reciente modificación urbanística, estas fueron construidas entre 1902 y 1905 por Eduardo Adaro, finalizadas por José López Sallaberry, y ampliadas hacia la Carrera de San Jerónimo por Manuel Galíndez entre 1941 y 1944. En conclusión, ambos edificios se erigen como parte de la historia y patrimonio de la ciudad.

Alegaciones al expediente

Pues bien, la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que propone rebajar la protección de estos inmuebles a, única y exclusivamente, “la fachada y crujía exterior del edificio”, abre la puerta a la destrucción de la parte no declarada del inmueble. O lo que es lo mismo, permitirá al Grupo Villar Mir vaciar el edificio para adaptarlo a las necesidades del megalómano proyecto de Canalejas, con la consiguiente desaparición de todo vestigio artístico que pudiera conservar. 

Paradójicamente, en el anexo a dicha resolución se redunda en el valor del edificio y sus componentes, y se describe pormenorizadamente el gran nivel de calidad material y de diseño de los interiores de las plantas baja y primera, elementos arquitectónicos que, presumiblemente, terminarán en ruinas. Es por ello por lo que, en las alegaciones presentadas contra el expediente, se arguye al carácter especulativo de los cambios normativos realizados y a que las modificaciones promovidas por comunidad y ayuntamiento “destruyen en buena parte el bien y lo ponen en riesgo de perder sus cualidades, y no se entiende sino desde la intención de crear una nueva edificación interior sin ataduras de ningún tipo, consideración que puede ser coherente con los criterios de máxima rentabilidad de un promotor, pero no con los de un organismo público cuyos fines son de otro orden”.

Por alusiones, desde el grupo Villar Mir señalan que esos edificios llevaban diez años dejados de la mano de Dios y nadie se había preocupado de ellos. “Por dentro están totalmente destruidos y corrían peligro de derrumbe. Las marquesinas se deshacen. Hemos tenido que tapar la fachada para que los trozos no les caigan a los viandantes”, defiende un portavoz oficial. “Diez años y nadie había dicho nada. ¿Por qué ahora…? Nosotros vamos a hacer una inversión de 500 millones de euros en un momento en el que nadie invierte”.