Caza Mayor
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El Gobierno contraataca con un informe para rebajar el suflé independentista en el extranjero
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, lleva tiempo elaborando lo que algunos consideran la ‘biblia del nacionalismo catalán’
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, lleva tiempo elaborando lo que algunos consideran la ‘biblia del nacionalismo catalán’, un informe sobre la situación del independentismo en aquella comunidad autónoma al que acompaña un argumentario destinado principalmente a diplomáticos y personal español en el extranjero. El informe ha sido redactado a iniciativa de Exteriores y se actualiza de forma periódica. La última vez, en noviembre de este año. A pesar de la insistencia del ministro, el Gobierno se ha negado a hacer público el documento.
El informe pone negro sobre blanco aquellas cuestiones que se le pueden plantear a un miembro del Ejecutivo -o del cuerpo diplomático- sobre el proceso secesionista en Cataluña y trata de dar respuesta a las mismas. Entre ellas, las que tienen que ver con la consulta independentista. En el momento de redactarse el dossier, las preguntas todavía no habían sido concretadas.
'Es incongruente acusar al gobierno, a las fuerzas políticas, de nula voluntad de diálogo con quienes, en esencia, promueven un proyecto que quiere poner fin al diálogo', dice el informe
"Los neo independentistas dicen: ‘Queremos el derecho a decidir’. Y plantean la pregunta del llamado derecho así: ¿qué quiero ser? o ¿qué quiero hacer? Pero esa no es la pregunta que exige la altura moral de nuestro tiempo, la que reclama nuestro pasado y nuestro presente, sino ¿qué quiero construir contigo? Si respondemos a esta pregunta: 'Nada, no quiero hacer nada contigo', la pregunta del derecho a decidir es superflua, porque ya ha triunfado la voluntad de no convivir”, arguye el informe. “Por ello, es incongruente acusar al gobierno, a las fuerzas políticas, de nula voluntad de diálogo con quienes, en esencia, promueven un proyecto que quiere poner fin al diálogo”.
180 páginas 'Por la convivencia democrática'
El trabajo, que lleva por título Por la convivencia democrática y cuenta con 180 páginas, ha sido coordinado por Pedro Calvo Sotelo (Madrid, 1960), diplomático e hijo del que fuera presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. El documento está estructurado en seis partes: 1) Aspectos políticos y constitucionales; 2) Aspectos culturales, históricos y de sentimiento; 3) Marco jurídico internacional; 4) Aspectos económicos; 5) Por la concordia, frente a la voluntad de no convivir: exigencias de ética cívica, y 6) Sobre la lealtad a los ciudadanos y a las instituciones: la trasgresión de los principios éticos y de conducta individual y política.
Uno de los bloques sobre el que más se extiende es el relacionado con el marco jurídico internacional. Para dar respuesta a Esquerra Republicana -que el pasado 6 de julio de 2013 se preguntaba en su ponencia política: “¿Cómo podemos demostrar [a la comunidad internacional] que estamos sometidos colonialmente u ocupados por una fuerza militar extranjera?”-, el informe analiza minuciosamente los ejemplos de Escocia y Quebec, concluyendo que en todos los casos el imperio de la ley es el único camino para desarrollar opciones políticas.
Distingue Calvo Sotelo entre el camino emprendido por el Gobierno británico, a saber, transferir puntualmente la competencia de la convocatoria de la consulta desde Westminster a Edimburgo, y lo que permite el marco legal español, “donde sólo cabría una consulta en la forma planteada en Reino Unido a Escocia si se reformara la Constitución”. Respecto a Quebec, el informe esgrime el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá de 1996, según el cual “ni la población de Quebec, incluso si está calificada como pueblo o pueblos, ni sus instituciones representativas, la Asamblea nacional, el poder legislativo o el gobierno de Quebec, poseen el derecho a proceder unilateralmente en Canadá”, ya que, como ocurre en Cataluña, no se da ninguna de las circunstancias excepcionales que recoge el Derecho Internacional para poder invocar tal autodeterminación.
El dossier se sustenta en abundante documentación, testimonios y artículos de destacadas personalidades tanto de fuera como de dentro Cataluña, caso de Lluís Foix, Francesc de Carreras, Joaquim Coll y un largo etcétera en el que se incluye Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución hoy escorado hacia el independentismo.
El informe dedica también un apartado a la economía, en el que trata de desmontar las falacias de las balanzas fiscales, que varían según los intereses de quienes las elaboren y según el método elegido: “Cada uno arroja un saldo distinto, lo que permite una elección intencionada. En el caso de Cataluña, los saldos variaban desde los 16.409 millones de euros hasta los 792 millones (e incluso alguno arrojaba saldo positivo). La Generalitat de Cataluña ha elegido el método de cálculo que arroja el saldo más negativo y lo presenta como si fuese el único científicamente aceptable”.
Los ‘papeles’ que Rajoy tiene pero no utiliza
El presidente del Gobierno se ha llamado andana ante las voces que le piden, casi imploran, que haga público el informe de Exteriores sobre la situación en Cataluña y las posibles consecuencias de su independencia, así como los documentos que maneja el Servicio Jurídico del Estado sobre una hipotética aplicación del artículo 155 de la Constitución. La inacción ante esta cuestión ha sido la nota dominante en sus dos años de mandato. En el Ejecutivo reconocen que Rajoy “no ha hecho nada” hasta ahora para amainar el suflé secesionista y que, tras la puesta en escena de las preguntas del referéndum, va a hacer lo mismo: “Nada de nada”.
Rajoy se muestra poco permeable a las admoniciones que le vienen de fuera. Para la cuestión catalana, únicamente consulta con su sanedrín habitual: Soraya Sáenz de Santamaría; María Dolores de Cospedal; Carmen Martínez Castro y Pedro Arriola
“El presidente no se deja llevar por los discursos beligerantes”, añaden. “Hay que comprender su actitud en tanto en cuanto él no es madrileño, sino gallego, y posee mayor 'background autonomista'. No cree en la confrontación directa. No comulga con ese otro discurso radical que también cohabita dentro del PP”.
Recluido en su burbuja monclovita, Rajoy se muestra poco permeable a las admoniciones que le vienen de fuera. Para la cuestión catalana, únicamente consulta con su sanedrín habitual: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal; la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, y su inmarcesible estratega, Pedro Arriola. Según fuentes de Génova, este último habría encargado una macroencuesta sobre Cataluña y el sentir secesionista con el objetivo de testar la realidad de aquella comunidad autónoma.
Hasta el momento, la estrategia del presidente se había limitado a discretos encuentros con el seny catalán, esto es, gente notable de la política, la empresa y los medios de comunicación. Poco más.
Sin embargo, desde el Comité Ejecutivo del lunes 25 de noviembre, el partido cree vislumbrar un tímido cambio de actitud en su jefe de filas. En dicho Comité, les conminó a “volcarse en la política”, palabras que fueron interpretadas de inmediato en clave catalana. Una vez que la psicosis económica parece remitir y las cuentas del país, mal que bien, se encuentran encauzadas, tocaría centrarse en la crisis territorial. A pesar de esta declaración de buenas intenciones, el compromiso de Rajoy fue recibido con cierto escepticismo por los allí presentes, en tanto en cuanto “llega demasiado tarde” y, muy probablemente, “el mal ya está hecho”.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, lleva tiempo elaborando lo que algunos consideran la ‘biblia del nacionalismo catalán’, un informe sobre la situación del independentismo en aquella comunidad autónoma al que acompaña un argumentario destinado principalmente a diplomáticos y personal español en el extranjero. El informe ha sido redactado a iniciativa de Exteriores y se actualiza de forma periódica. La última vez, en noviembre de este año. A pesar de la insistencia del ministro, el Gobierno se ha negado a hacer público el documento.