El peaje más caro: siete millones se lleva el administrador concursal por la R-3 y la R-5

Hay quien anhela ser Cristiano Ronaldo, otros prefieren trabajar como superestrella de Google, pero si uno lo que quiere es ganar pasta gansa de la buena, tiene que meterse a administrador concursal

Foto: Ilustración: Pablo López Learte.
Ilustración: Pablo López Learte.

Los administradores concursales se han puesto como locos a comprar papeletas para la Lotería de Navidad de este año. En su caso, el sorteo no se celebrará el 22 de diciembre, que es cuando el común de los mortales se sienta frente al televisor con los décimos y el cava del Carrefour a la espera de que la diosa fortuna le sonría, sino más tarde, en concreto, cuando Abengoa, la compañía de energía y medioambiente de la familia Benjumea, formalice su quiebra. El gordo de este año no lo darán los niños de San Ildefonso sino el juzgado en el que recaiga el macroconcurso de acreedores al que está abocado el grupo andaluz.

Si Fernando Martín se quejaba amargamente del ‘expolio’ de los administradores designados por el juez del concurso de Martinsa Fadesa, con más de 20 millones de euros repartidos en concepto de honorarios, lo de Abengoa tampoco se quedará corto por mucho que el Gobierno se haya esforzado en topar las remuneraciones de este colectivo. Con una deuda financiera neta reconocida de 6.300 millones -que algunos sitúan extraoficialmente en torno a los 9.000 millones-, una alambicada red societaria que parece no tener fin y una plantilla de 24.748 empleados repartidos por todo el mundo, 6.689 de ellos en nuestro país, este grupo se alzará con el triste título de ser el mayor concurso de la historia de España.

Sin embargo, lo que para unos es la ruina, para otros supondrá un jugoso negocio. Nos referimos a los administradores concursales. Hay quien anhela calzarse las botas de Cristiano Ronaldo, otros prefieren emigrar a Mountain View y trabajar como superestrella de algoritmos de Google, pero si uno lo que quiere es ganar dinero, pasta gansa de la buena, lo que tiene que hacer es meterse a administrador concursal.

Conforman un club endogámico, selecto y un tanto elitista. Hay muchos, pero en el mercado existe la maliciosa sensación de que los jueces siempre dan los grandes concursos a los mismos. Les pagan honorarios en la fase común, en la de convenio, y, por último, durante la liquidación. Los procesos se demoran en el tiempo como si tuviéramos tres vidas. Cuanto más se alargan, más cobran los administradores concursales. Lo hacen sobre un porcentaje de los activos. Según sea de grande, mayor es la caída y mayores sus ganancias.

Los procesos se demoran en el tiempo como si tuviéramos tres vidas. Cuanto más se alargan, más cobran los administradores concursales

Paradigmático resulta el caso de las radiales. El peaje que las concesionarias están abonando a los administradores por la gestión de la quiebra de estas autopistas es de quitar el hipo.

La inauguración de las radiales tuvo el infausto honor de coincidir en el tiempo con la Gran Crisis, de tal forma que, según iban cortando la cinta en su estreno y comprobando la ausencia de coches en las autopistas, casi como las carreteras fantasma de 'Mad Max', iban preparando el concurso de acreedores. Han ido cayendo una a una como fichas de dominó. El agujero para el Estado y, por ende, para el conjunto de los ciudadanos se calcula en torno a los 8.000 millones de euros. Mientras tanto, los administradores se llenan la chequera.

Se la llenan, curiosamente, con los ingresos que salen de la caja que generan las autopistas, caja hoy positiva gracias al repunte del consumo. Cuando las cosas iban mal, las concesionarias no veían ni un duro, y ahora que van bien, se lo llevan en ‘fees’ los administradores concursales gracias a la suspensión de pagos de las sociedades (la concesionaria, por un lado, y la inversora, por otro) que se han adjudicado cada una de las radiales y cuyo coste, muy probablemente, termine recayendo sobre el erario público por mor de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración del Estado (RPA).

Mapa de las radiales de Madrid.
Mapa de las radiales de Madrid.

Aquí, una selección de datos a los que ha tenido acceso El Confidencial:

R-3 y R-5: corresponden a las autopistas de peaje que conectan Madrid con las autovías de Valencia (A-III) y Extremadura (A-V).  

Concurso Accesos de Madrid. Situación actual: fase de convenio.

Administradores designados por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid: Manuela Serrano Sánchez (trabajaba en DLA Piper; tuvo que dejar la empresa por incompatibilidad para poder aceptar la designación) y Gerardo L. Gavilanes Ginerés (Ministerio de Fomento).

Coste administración concursal: fase común: 2.220.000 euros (a repartir al 50% entre los dos administradores); fase de convenio (desde el 2-09-2014): 222.000 euros/mes por los dos administradores (10% del coste de la fase común). Total a día de hoy: 5,1 millones.

Concurso Alazor Inversiones. Situación actual: fase de convenio.

Coste administración concursal: fase común: 800.000 euros (a repartir al 50% entre dos); fase de convenio (desde el 21-10-2014): 80.000 euros/mes para los dos administradores (10% del coste de la fase común). Total: 1,75 millones.

Los propietarios de estas radiales han pagado hasta el día de hoy 6,85 millones de euros a los administradores… Y lo que queda. 

R-4: discurre la autopista desde la M-50 (Madrid), a la altura de las localidades de Pinto y Parla, hasta la localidad de Ocaña (Toledo), en paralelo a la autovía de Andalucía (A-4). Situación actual del concurso: fase común.

Administradores designados por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid: Luis Pérez González (que sustituye por decisión judicial a su padre, Luis Pérez Gil, fallecido) y Fernando Martínez Sanz (por solicitud de un acreedor).

Coste administración concursal: se recurrieron al Juzgado por considerarse excesivos y finalmente se llegó a un acuerdo transaccional.

Inversora: Luis Pérez Gil: 458.654 euros; Fernando Martínez Sanz: 458.654 euros. Total: 917.308 euros.

Autopista: Luis Pérez Gil: 1.041.346 euros; Fernando Martínez Sanz: 1.041.346 euros. Total: 2.082.692 euros.

Las autopistas de peaje se quedaron sin coches durante la crisis.
Las autopistas de peaje se quedaron sin coches durante la crisis.

AP-36: autopista Madrid-Levante, más conocida popularmente como Ocaña-La Roda. Situación actual: fase de liquidación (suspendida por el juez).

Administradores concursales designados por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid: Vicente Flores Argente, Bernardo Pinazo Osuna (en representación de Banco Sabadell) y Antonio Muñoz Perea (auxiliar delegado).

Coste administración concursal:

Inversora: fase común: 737.961,66 euros. Pidieron una revisión y el juez les concedió 756.694,22 euros, que fue recurrida; fase de convenio (de 16-01-2014 a 24-02-2015): 73.796,17 euros/mes. La cantidad inicial provisionalmente hasta que se resolviera el recurso; fase de liquidación (desde 24-02-2015): 73.796,17 euros/mes.

Autopista: fase común: 692.737,06 euros. Pidieron una revisión y el juez les concedió 772.360,61 euros, que también se recurrió; fase de convenio (de 16-01-2014 a 24-02-2015): 69.273,71 euros/mes. La cantidad inicial provisionalmente hasta ver recurso; fase de liquidación (desde 24-02-2015): 69.273,71 euros/mes.

Nueva legislación, nuevas reglas

A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo ha tratado de poner coto a estas elevadas remuneraciones y ha iniciado una campaña que los administradores concursales consideran ‘casus belli’. Fue a mediados de 2014 cuando el Gobierno los acusó sin medias tintas de inflacionar la quiebra de toda una recua de empresas que habían sido incapaces de sobrevivir a la crisis. Vicente Martínez Pujalte, portavoz de Economía del PP en el Congreso, los presentó como partícipes de un sistema oscuro controlado por un coto cerrado que se presta a prácticas poco éticas. El subsecretario de Economía, Miguel Temboury, señaló que en un mundo ideal el interés del administrador debería coincidir con el de la empresa, “cosa que no siempre sucede”.

De entonces a esta parte, los administradores están en pie de guerra después de que el Ejecutivo haya legislado para abrir esta actividad y acabar con la endogamia, además de limitar su remuneración a la menor cantidad de entre el 4% del activo del concurso o 1,5 millones incluyendo fase de convenio y liquidación, lo que interpretan como “la muerte de la administración concursal profesionalizada y especializada para convertirla en una actividad más del abogado o economista”. En román paladino: se les acaba el chollo.

Si bien es cierto que para los administradores concursales "cualquier tiempo pasado fue mejor", que diría el poeta, la situación dista de ser una tragedia. Seguirán llenándose los bolsillos gracias a las ‘abengoas’ que están por llegar y a todas esas sociedades satélite que las rodean. Se los seguirán llenando, no lo duden… pero menos. 

Caza Mayor
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