Adiós a la propiedad privada: de cómo España se está ‘venezolanizando’

“La propiedad es el robo organizado”

George Bernard Shaw, en el prefacio de 'Major Barbara'

Existe inquietud entre nuestros colegas europeos por la deriva de nuestro país en asuntos que en su opinión atentan contra derechos y libertades fundamentales, y que nosotros relativizamos, tal vez creyendo que al restregarnos los ojos todo volverá a su lugar. El nerviosismo se percibe en Bruselas, en la prensa internacional y entre los grandes fondos de inversión. “¿Es Ada Colau la alcaldesa más radical de Europa?”, se preguntaba esta semana ‘The Guardian’. “¿Va España camino de convertirse en Venezuela?”, inquiría un europarlamentario tras saber del escaso cariño que, al parecer, se le tiene a la propiedad privada en nuestro país.

La ‘formación ciclista’ de Pablo Iglesias, compuesta por Podemos y otros partidos gregarios, está tirando a piñón fijo de ideología allí donde cuenta con poder autonómico y municipal. Tal vez por ello se haya puesto de moda orillar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, solicitar la reversión a la titularidad pública de servicios e infraestructuras privadas,coartar la iniciativa empresarial, ponerle la zancadilla a la educación concertada y demandar un mayor control sobre los medios de comunicación.

Rousseau especulaba con que todos los males de la sociedad moderna, especialmente la desigualdad, tenían su origen en la propiedad privada. Pues bien, algunos de los autodenominados ‘alcaldes del cambio’ parecen habérselo tomado al pie de la letra.

En su intervención en el Círculo de Economía, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, abogaba por una “nueva política industrial, apoyada con organismos públicos, para que España cuente con una importante red de banca pública. Miremos los acuerdos de Bankia y Mare Nostrum, que no pueden ser reprivatizados”.

El intervencionismo se está adueñando de la sociedad española. Desprivatizar la gestión de determinados servicios y revertir su titularidad y gestión a los municipios, comunidades o al propio Estadoes una propuesta asumida con total naturalidad por diversos grupos en el poder o con opciones claras de acceso al poder, pero que choca con una realidad económica que la hace casi inviable y que espanta a toda una recua de inversores.

Ha llegado un punto en el que eldinero prefiere Angola antes que España. Agencias de calificación como Moody’s ya sitúan el 'rating' de comunidades como Cataluña al nivel del país africado, Bangladés o El Salvador.

“Las inversiones se han paralizado”, rezongaban desde una asociación de vecinos gaditana; “nos prometió agua y luz, y no tenemos ni lo uno ni lo otro”, se quejaba un okupa. Mientras los regidores municipales, Ada Colau y José María González Santos,‘Kichi’, la una de Barcelona, el otro de Cádiz, defendían ayer en 'El objetivo’ de La Sexta su primer año de Gobierno, los ciudadanos les echaban en cara las promesas incumplidas. “Son las contradicciones en las que incurres cuando asumes el rol de gobernar”, admitía Colau, lo que en lenguaje delcomún de los mortales viene a traducirse como“no es lo mismo predicar que dar trigo”.

['Gratis total' de los okupas: alquiler, IBI, luz, agua y los desperfectos]

[El poder urbano, en las radicales y audaces manos de Colau y Carmena]

Cataluña se muestra como epítome de este nuevo escenario intervencionista. Por un lado, está su abultada deuda y una consejería, la de Economía, en manos del republicano Oriol Junqueras; por otro lado, resulta evidente su indolencia ante actitudes que atentan contra la propiedad privada y vulneran derechos fundamentales, caso del ‘bancexpropiat’; en tercer lugar, destacar la amenaza de la alcaldesa Colau de municipalizar el servicio de abastecimiento de agua, y cuarto, hacer hincapié enla expulsión de la red pública de hospitales de los gestionados por compañías privadas, dejando solo a los estrictamente públicos o pertenecientes a fundaciones y sociedades benéficas.

Sea como fuere, la sanidad pública catalana está al borde del colapso. Como muestra, eltuit del portavoz de Sí que es Pot en el Parlament, Joan Coscubiela.

En Madrid existe igualmente una fuerte presión para revertir a titularidad autonómica hospitales de la red pública gestionados por compañías privadas, lo que en la práctica supondría comprar dichos hospitales a las empresas y pagar indemnizaciones por lucro cesante. El coste de desprivatizar el de Villalbase estima en unos 600 millones. ¿Saldría rentable hacer tal desembolso? ¿Se ganaría en eficiencia? ¿Qué son: medidas focalizadas a mejorar la gestión… o alimentar la ideología de los votantes?

En esta misma línea, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, proponía municipalizar el servicio de recogida de basuras, promesa que ahora duerme el sueño de los justos porque, según cálculos estimados, la operación hubiera supuesto para el erario público en torno a los 800 millones de euros. Lo que sí ha tumbado Carmena es uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de Madrid, elde Chamartín, enterrando cientos de millones de euros desembolsados por la iniciativa privada y también pública.

Es, sin embargo, Valencia la nueva reina del intervencionismo. El ‘Pacte del Botànic’, rubricado por PSOE y Compromís, supuso la reversión al sistema públicode todas las concesiones sanitarias. Del mismo modo, la Generalitat valenciana, sustentada por las dos formaciones antes comentadas, ha reducido las ayudas a los centros concertados, atándolos de pies y manos, y no pudiendo abrir más aulas para admitir nuevas solicitudes.

No se trata de hacer una loa al neoliberalismo y despreciar el sistema público. Desde la misma Santa Sede de la Economía Mundial, tres de los economistas más reputados del Fondo Monetario Internacional (FMI) han publicado esta semana una feroz autocrítica al organismo cuestionando la agenda implementada, al considerar que ha fomentado la desigualdad por haberse pasado de frenada con la austeridad fiscal (‘Fresh critique on inequality caused by the neoliberal agendafrom the IMF’).

Pero igual que no hay que dar por buenas ciertas políticas liberales, tampoco parece razonable irse al otro extremo, declararse un talibán del intervencionismo y tirar de la chequera de papá Estado como si no hubiera mañana. Apostar por un modelo u otro no debe ser una decisión política sino fruto de un análisis que demuestre cuál resulta más ‘efectivo’ para la Administración pública y para los ciudadanos. El problema es que aquí primero se dispara y luego se pregunta. Como en Venezuela.