La Generalitat se queda sin fuerzas y sin apoyos. Nunca los ha tenido en el número que Puigdemont se ufanaba, pero conforme se acerca el precipicio se va visualizando el resquebrajamiento de ese fielato incondicional, casi místico, que el 'president' exigía a los suyos.

Un número nada desdeñable de alcaldes ha dado la espalda a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y a su acto de este sábado pese al 'agitprop' secesionista; los 'consellers' del PDeCAT se muestran cada vez más distanciados de su jefe de filas, Carles Puigdemont, temerosos ante la nueva sorpresa que les tiene preparada para este martes 4 de julio; los empresarios, desde Foment hasta La Caixa, han abandonado su equidistancia y blanden ahora un discurso más agresivo ante la parálisis económica, y los medios de comunicación catalanes han dejado de comprar de forma incondicional la mercancía que les venden cual chamarileros desde el Palau.

La moción aprobada la semana pasada en el Parlament para condicionar las subvenciones a la prensa a que “acepten la publicidad institucional” de la Generalitat, incluida la destinada a comunicar lo necesario “para el buen funcionamiento del referéndum del 1 de octubre”, no es sino una estrategia un tanto burda de atar en corto a los medios, un chantaje desempolvado de algún manual de la Stasi para aprovecharse de la fragilidad financiera de las empresas periodísticas, amén de una muestra inequívoca de la progresiva desafección de unos y otros.

Puigdemont exige democracia al Estado español mientras veta a determinada prensa catalana cuando los editoriales no gustan en la Generalitat

No se trata, ni mucho menos, de una medida inédita. Basta con preguntar a los editores catalanes para darse cuenta de que resulta cada vez más habitual quedarse fuera de campañas institucionales si el editorial no es del gusto de la Generalitat o el titular con el que abre la web del periódico no refleja las consiguientes consignas patrióticas.

Una realidad que se compadece mal con las palabras pronunciadas este fin de semana por Puigdemont, cuando acusó al Estado de tener “un problema con la democracia”, como si el boicot promovido desde el Govern para castigar o premiar a los medios por su ideología fuera epítome de libertad y pluralismo. Resulta cuanto menos curioso el sentido vaporoso que adquiere la palabra ‘democracia’ en boca de los líderes independentistas. Es marca de la casa tratar de confundir al ciudadano, querer hacer ver que la promoción del catalán y el 'procés' van de la mano, que el destino de Cataluña, de Puigdemont y Junqueras es uno y trino.

El proceso independentista, cuya espoleta fue la Diada de 2012, hubiera sido inimaginable sin el papel activo, en ocasiones servil, de los medios de comunicación y sin el eficiente dispositivo que levantó la Generalitat para regar de información y dádivas a la prensa, consciente de la debilidad que mostraba la cuenta de resultados de los periódicos tras la crisis que asoló Europa y de la importancia de sus tentáculos para la divulgación del 'procés'.

Por todo ello no resulta baladí que la Generalitat destine más de 236 millones de euros al año a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), entidad dependiente del Departamento de Presidencia que gestiona las televisiones y radios públicas de aquella comunidad. Toda una pastizara que ha servido para engrasar la maquinaria del independentismo de TV3, una cadena con cierto éxito en los servicios informativos y en el espacio meteorológico, pero un fracaso como TV al servicio del interés general.

Además de suponer un pozo sin fondo para las arcas públicas, la cadena progubernamental se ha ido desplomando en audiencia hasta caer de la barrera del 10% y situarse en el 9,6% en abril, por debajo de Telecinco o Antena 3. Si tomamos los datos en conjunto del grupo CCMA (TV3, Super33/K33, 3/24 y Esports3), la cifra resulta igualmente pírrica: un 14%.

A pesar de la mediocridad de estos números, la Generalitat no ha escatimado en mimos para con los responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. ‘Nervus belli, pecunia’ (el dinero es el nervio de la guerra).

La Generalitat da subvenciones estructurales a medios en catalán por importe de 7,5 millones (6,2 para papel y digital; 1,3 a radios y televisiones)

Núria Llorach, estrechamente vinculada a la extinta CDC, es la presidenta en funciones de CCMA y gana 105.061 euros al año; cuatro directores de este organismo perciben unos emolumentos superiores, en torno a los 108.000 euros, y otros dos ejecutivos, 96.000, lo que dio lugar a un informe de la Dirección General de la Función Pública denunciando que cobraban sueldos por encima del rango que les correspondía. Hasta 2014, la Generalitat publicaba las retribuciones de los empleados de sus medios de comunicación, pero dejó de hacerlo tras las críticas recibidas por la desproporción entre sus sueldos y las de los empleados de las demás cadenas públicas.

El diluvio de fondos públicos hacia los medios de comunicación no se ciñe solo a los de titularidad pública sino que también, especialmente estos últimos años, se ha enfocado a los privados a través de subvenciones y contratos de publicidad. ‘Es bona si la bossa sona’.

La Generalitat cuenta con una partida de subvenciones estructurales a medios en catalán por importe de 7,5 millones de euros al año, de los cuales 6,2 corresponden a publicaciones en papel o digital, y los 1,3 millones restantes, a radios y televisiones. En lo que respecta a campañas institucionales puntuales, y de acuerdo con la memoria de la Comisión Asesora sobre la Publicidad de 2015 (la de 2016 no se ha hecho pública), la Generalitat invirtió en dicho ejercicio 29,2 millones, más otro millón en creatividad y producción. Entre subvenciones y campaña de publicidad, gasta 37 millones anuales.

Una lluvia de ayudas económicas que, como gota malaya del independentismo, ha ido calando en los medios y la opinión pública catalana ante la permisividad del Gobierno. Aunque la Administración General del Estado no puede combatir el secesionismo con sus mismas armas ni otorgar subvenciones a medios de comunicación de forma discrecional, sí que se le puede censurar que no se haya mostrado más receptiva a lo que allí acontecía.

Ha sido ahora, una vez que se ha intensificado en Cataluña la presencia institucional, bien la Corona, bien el Ejecutivo, cuando se han empezado a tender puentes y a quedar al descubierto las fallas del 'procés'. El nerviosismo cunde en la Generalitat y los medios de comunicación, incluso los nada hostiles a las formaciones que gobiernan en Cataluña, empiezan a sufrir las presiones y el sectarismo de un proceso que hace tiempo que encalló y que solo una respuesta desproporcionada del Gobierno podría resucitar.