En unos pocos años, menos de los que algunos imaginan pero más de los que la frágil memoria de unos cuantos puede recordar, Aena ha pasado de compañía cuasi quebrada a convertirse en el séptimo valor del Ibex 35. El pasado ejercicio ganó 1.164 millones de euros y su cotización se ha revalorizado más de un 180% desde su salida a bolsa, de lo que hace apenas dos años y medio. Por todo ello, la privatización del gestor de aeropuertos está considerada la operación empresarial de mayor éxito del Gobierno del PP. Los artífices de la misma fueron la exministra Ana Pastor y su hombre de confianza, José Manuel Vargas, presidente de Aena.

Sin embargo, lo que se suponía era un trofeo en la vitrina del Ejecutivo popular ha devenido los últimos meses en pim-pam-pum de la política. A caballo entre lo privado y lo público (el Estado conserva el 51% del capital), unos y otros se están valiendo de esta compañía para tirarse los trastos a la cabeza y sacar tajada. Es la técnica patria de engordar el cerdo para morir. Una vez que el bicho se ha puesto orondo, esto es, se ha saneado, ha recibido la bendición del mercado de capitales y gana dinero, toca descuartizarlo en plaza pública.

En este país no hay mayor pecado capital que el éxito. Véase el caso de Pastor y Vargas. La primera luce presidencia en la Mesa del Congreso pero se encuentra apartada de las funciones ejecutivas del Gobierno, mientras que el segundo ha perdido la confianza de los ministros del PP, que no de Rajoy, y hace cábalas sobre el futuro a sabiendas de que le han tomado el número cambiado. A Vargas le dicen en el Consejo de Ministros lo de Pedro Sánchez: ¿qué parte del ‘no’ no has entendido?

No se trata de empresa sino de política. A Vargas le dicen en el Consejo de Ministros lo de Pedro Sánchez: ¿qué parte del ‘no’ no has entendido?

En este relato trufado de intereses espurios, la crisis de El Prat, solventada con el laudo de Marcos Peña, resulta paradigmática. El principal argumento esgrimido por sindicatos, medios de comunicación e incluso economistas de pedigrí para justificar la subida salarial de los vigilantes del aeropuerto de Barcelona era que Aena ganaba una “pasta indecente”. La cuestión aquí no era tanto que los trabajadores se merecieran o no el complemento salarial de 200 euros que recoge el laudo, que por supuesto que se lo merecen, esos 200 euros y muchos más, sino la justificación del mismo: la compañía gana mucho dinero, una obscenidad.

Ante tal razonamiento, uno colige que las empresas no deberían ganar dinero, o al menos mucho dinero. Que deberían ganar lo justo. Pero cuesta imaginar que lo sucedido con el gestor aeroportuario pudiera replicarse en otras compañías tales que Iberdrola o ACS, esto es, que los trabajadores se puedan dirigir a Ignacio Sánchez Galán y Florentino Pérez recriminándoles sus beneficios y amenazándoles con huelga por tamaña osadía. No parece verosímil.

En todo este enredo, lo que subyace es un problema conceptual en torno al propio modelo de Aena, una compañía que aunque se ha hecho mayor y quiere independizarse, en verdad sigue siendo pública, y que los asuntos que deberían analizarse desde una perspectiva puramente empresarial se abordan siempre como una cuestión política. Es lo que ha sucedido en El Prat y lo que está ocurriendo en el resto de huelgas que sobrevuela sobre la red aeroportuaria.

Por el mero hecho de que sea el Estado quien tira del ronzal, Aena se encuentra constreñida a los vaivenes de la agenda pública. Esta debilidad hace que no pueda comportarse como una empresa al uso y se vea sometida a una presión de costes como antes no había. No solo en los servicios de seguridad sino en todas las subcontratas del gestor aeroportuario. Los sindicatos se han levantado al percatarse de que, clavándole una aguja en el trasero al Ejecutivo, pueden sacar suculentos réditos y de muy distinta índole.

Aena sufre una fuga de profesionales que, de seguir así, tiene visos de extenderse a los consejeros independientes e incluso a los accionistas

Hay una falla salvaje en el gobierno corporativo de la compañía. ¿Para qué necesita Aena un consejo de administración si, al final, quien toma las decisiones es el Consejo de Ministros? Más que con las huelgas, este galimatías quedó negro sobre blanco en la decisión del Gobierno de vetar dos operaciones que podrían haber resultado clave para la diversificación e internacionalización de la compañía: por un lado, la puja por los aeropuertos de Brasil; por otro, la oferta de compra por Abertis. Las dos operaciones fueron aprobadas por el consejo y las dos fueron tumbadas a su paso por La Moncloa.

Aena, que podría haber sido la Telefónica de los aeropuertos, no lo va a ser. Si nadie lo remedia, quedará encajonada en el ámbito local y bajo las directrices del político de turno, con una filosofía que no diferirá sobremanera de esas cajas de ahorros de infausto recuerdo al servicio del presidente de la diputación o del cacique local.

Hace un año, el 32% de los analistas recomendaba comprar Aena frente a un 16% que le había puesto la etiqueta de venta. Hoy, las ratios se han revertido: solo un 12% sigue recomendando el valor, mientras que un 32% prefiere sacarlo de sus carteras. Después del Estado a través de Enaire (51%), su principal accionista es TCI (13%), que como todo fondo busca maximizar el beneficio y emprenderá otros derroteros si la cosa viene mal dada.

Igual que hizo el que fuera director de la red de aeropuertos de Aena Fernando Echegaray, que fichó por su más directo competidor, la francesa AdP, porque allí las nóminas no pasan por el Ministerio de Hacienda y pueden pagarle cinco veces lo que aquí. Igual que algunos de los consejeros independientes, que sopesan poner pies en polvorosa. Igual que el propio Vargas.

Aena se mueve en tierra de nadie. Se profesionalizó y salió a bolsa en búsqueda de eficiencia y para abandonar la órbita de lo público, pero lo cierto es que no ha terminado de privatizarse. Ante las presiones exógenas, derivadas del populismo empresarial que se ha apoderado de la sociedad española, algunas voces parecen reclamar un paso atrás, que Aena se salga del Ibex y se convierta en un chiringuito al servicio del poder político, lo cual parece harto improbable; si esto no es así, solo cabe un plan B: que el Estado pierda la mayoría del capital y la compañía inicie una hoja de ruta tendente hacia la internacionalización que le permita seguir creciendo, algo que en las condiciones actuales no pasa de pura quimera.

Con un Parlamento populista y fragmentado, y un Gobierno débil que ha metido las grandes reformas en el congelador, no parece que aquí nadie vaya a mover ficha. Mientras tanto, la compañía se ve amenazada por una progresiva degeneración del negocio derivada de la propia inacción a la que le somete el corsé público. Entre todos la mataron y ella solo se murió.