Ha nacido una estrella. “Hasta los niños le paran en Segovia para hacerse fotografías con él”, comenta un próximo al fiscal. Mientras en Cataluña los nacionalistas —y alguno no tan nacionalista— rezongan de sus últimas actuaciones acusándole de ponerse a hacer política y ser una máquina de fabricar independentistas con su decisión de citar, e incluso detener si llegara el caso, a los 712 alcaldes que van a poner sus locales a disposición del referéndum del 1 de octubre, en el resto de España encarna el Estado de derecho y se erige en el principal ariete en defensa de la legalidad.

De villano a héroe en cuestión de semanas. Muchos de los que le reprobaron en el Congreso le aplauden ahora como ‘hooligans’ en una final de Champions.

José Manuel Maza Martín (Madrid, 1951), fiscal general del Estado desde noviembre del año pasado, es una persona culta, hablada, republicana y patriota al estilo de Manuel Azaña o Indalecio Prieto. No se casa con nadie. Como magistrado del Supremo, defendió la inhabilitación de Baltasar Garzón, se pronunció contra la doctrina Botín y archivó la querella de Manos Limpias contra Pablo Iglesias.

Si le preguntan qué tal lleva lo de ostentar un cargo de tal responsabilidad y estar bajo el foco a diario, él responde socarronamente que ojalá lo hubiera cogido antes. “Duermo como un niño, siempre lo he hecho”, confesó a David del Cura en 'La Brújula'. En julio le tocaron con el birrete de doctor en la Universidad Autónoma de Madrid con la tesis 'Delincuencia electoral y responsabilidad penal de los partidos políticos'. Sus más allegados reconocen que está con fuerzas, que parece vivir una segunda juventud.

“Tiene claridad de ideas, se lo sabe y se lo cree. No es lo mismo Torres-Dulce que Maza, ni Puigdemont que Urkullu”, dicen en el Gobierno

“La gran diferencia de lo que está ocurriendo hoy con lo que pasó el 9-N es el fiscal general del Estado”, señalan fuentes gubernamentales. “Tiene claridad de ideas, se lo sabe y se lo cree. En la vida, muchas veces no son los acontecimientos sino las personas quienes marcan la diferencia. No es lo mismo Torres-Dulce que Maza, ni Puigdemont que Urkullu”.

La pregunta que corre por los mentideros es qué hubiera ocurrido si las iniciativas que se están tomando ahora contra el referéndum ilegal del 1 de octubre se hubieran puesto en marcha con las urnas de cartón del 9 de noviembre, si se hubiera impedido aquel simulacro igual que se trata de impedir el actual. ¿Estaríamos hablando en estos momentos de insurrección institucional y delitos tales que rebelión, sedición y el ultraje a España?

Lo cierto es que en aquel entonces tanto la Fiscalía General del Estado que comandaba Eduardo Torres-Dulce como la Fiscalía catalana pecaron de pusilanimidad. Las del 9-N fueron horas de caos e improvisación. Cuentan de aquel día que, cada vez que llamaban a Torres-Dulce para interesarse por las medidas a adoptar, él siempre se excusaba con que no podía atender en ese momento, que estaba en misa. Tampoco hubo predisposición del Ejecutivo para ir contra Artur Mas como la hay hoy contra Puigdemont. Se pensaba que todavía había espacio para el diálogo…

De aquellos fuegos de artificios hemos pasado a la artillería pesada. Llegados a este punto de insurrección, piensan, no hay lugar para medias tintas. El Estado se ha conjurado para ganar el frente jurídico del 1 de octubre y tiene la convicción de que lo va a hacer gracias a las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros, a las resoluciones del Constitucional —autor intelectual del plan diseñado para frenar la hoja de ruta secesionista— y a los procedimientos puestos en marcha a instancias de la Fiscalía.

Si se logró ‘desactivar’ a Artur Mas y Francesc Homs por el 9-N, tomando como pruebas su participación en la campaña publicitaria y sus instrucciones para el sistema informático, se puede colegir que, con sus continuos y expresos desafíos a la legalidad, igual o peor suerte correrán los actuales dirigentes catalanes, que no solo no ocultan sus desacatos sino que presumen ostentosamente de ellos. De entre todos los delitos de los que son acusados, cabe destacar el de malversación de fondos públicos que, desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que modifica el Código Penal, implica directamente penas de cárcel.

Tampoco va a temblarle el pulso a la Fiscalía si se produce algún conato de violencia en los próximos días: “Aquí hay que ser inflexible y actuar como con la kale borroka: furgón y Audiencia Nacional”, señalan fuentes de la judicatura. Desde que se reformó la legislación, se consideran terrorismo urbano todas aquellas acciones que, además de causar daños materiales, “pretenden atemorizar a toda una población o colectivo”.

Utilizar la ‘artillería legal pesada’ tiene contraindicaciones: impedirá al Gobierno usar el desistimiento de las causas en otras negociaciones

Como sucede con el ibuprofeno, todos estos procesos penales, auténticos torpedos contra la línea de flotación del referéndum, tienen sus contraindicaciones. Llegará un momento, sostienen los expertos legales, en el que habrá que sentarse a negociar no para resolver el problema sino, como decía Ortega, para encauzarlo: “El problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que solo se puede conllevar”.

El hecho de haber sacado la artillería pesada supondrá la victoria legal en el corto plazo, pero impedirá que el Gobierno pueda utilizar el desistimiento de las causas durante la negociación. No hay lugar para trueques legales. En el juez y el fiscal no mandan la política ni el principio de oportunidad sino el de legalidad, de tal forma que una vez que la maquinaria se ha puesto a andar, como es el caso, nada ni nadie puede pararla. Mucho menos en España, donde existe la figura procesal de la acusación popular.

Lo señaló el fiscal general en la entrevista de 'La Brújula': “Las cuestiones políticas me son ajenas. Lo que sí puedo asegurar es que la maquinaria judicial seguirá. Sin lugar a dudas. Y de eso deben ser muy conscientes. Seguirá la Fiscalía acusando y seguirán los procedimientos judiciales. En algún caso, los tribunales encontrarán pruebas para condenar. Y si eso se produce, entonces entraríamos en la institución que todos conocen, que es la del indulto. Yo ahí no me puedo pronunciar”.

Pero hasta los indultos tienen sus limitaciones. Los hay particulares, pero no generales. Y con estos mimbres, es decir, con una ristra de condenas y varias generaciones de políticos catalanes inhabilitados, va a ser difícil, por no decir imposible, dar salida a este embrollo. Tal es así que la maza de Maza no terminará con el referéndum sino que su eco perdudará por muchos años.