Los 1.600 km que separan la mansión de Puigdemont de la celda de Junqueras

1.654 kilómetros. Esa es la distancia exacta que separa la mansión donde Carles Puigdemont está disfrutando de la Navidad, sita en Sint-Pauwels, muy cerca de Amberes, de la celda que ocupa Oriol Junqueras en el Centro Penitenciario Madrid VII de Estremera.

Frente a los momentos íntimos que el 'expresident' está pasando con su familia y con la de su empresario, amigo y socio 'enragé', Josep Maria Matamala, está el menú carcelario del líder de Esquerra Republicana: consomé, entrecot y profiteroles. Frente a las comodidades de las que disfruta Puigdemont, al que parece no faltarle de nada y se prodiga con las 'fatwas' desde Bruselas como nuevo profeta del independentismo, tenemos el enclaustramiento de Junqueras y su forzoso voto de silencio.

Por esta y por otras razones, ERC se resiste a investir a Puigdemont. Se sienten traicionados por el 'expresident'. Consideran que puso pies en polvorosa cuando nadie lo esperaba, que aprovechó la prisión del líder republicano para canibalizarle y robarle votos, para monopolizar la manifestación de Bruselas, para situarle en el bloque del 155, en tanto en cuanto se obcecaron en decir que todo lo que no fuera votar a Puigdemont era ponerse del lado del bloque constitucionalista. Solo les faltó llamarle 'botifler'.

Los otrora socios de gobierno están más enfrentados que nunca. Si tanto Junts per Catalunya como Esquerra se presentaron a las elecciones con el objeto de restituir al Gobierno anterior, lo lógico es que nombren a Puigdemont 'president'. Y si este no puede por encontrarse en busca y captura, lo normal es que corra el cargo en favor del 'exvicepresident' Junqueras. Sin embargo, por arte de birlibirloque, nada de esto parece que vaya a suceder. ¿Motivo? El líder de JxCAT se niega en redondo.

Los astros —y la cárcel de Estremera— fueron favorables a Puigdemont e hicieron que sacara más diputados que los republicanos. Del "o referéndum o referéndum" de septiembre del 2016 al "O Puigdemont o Puigdemont" de diciembre del 2017. Son lentejas, querido Oriol. Si quieras las tomas y si no…

El próximo mes se presume clave para el futuro de Cataluña. No tanto el debate de investidura y la elección de 'president', sino por la conformación previa de la mesa, que condicionará los movimientos ulteriores, y que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha adelantado al próximo 17 de enero.

Cataluña va camino de una nueva semana de la vergüenza. Luego de aquellos días aciagos de principios de septiembre, en los que se aprobaron las leyes del referéndum y transitoriedad con la mitad del hemiciclo vacío, y después del trampantojo de finales de octubre, en el que el entonces 'president' descartó elecciones presionado por los suyos y provocó la activación del 155, ahora regresa —si es que alguna vez se fue— el tufo a bochorno a cuenta de la investidura telemática de Puigdemont. Si alguien pensaba que el vodevil catalán nos daría un respiro tras el 21-D, lamentablemente se equivocaba.

Los guardianes del 'procés', con Francesc Homs como autor intelectual de la cosa, están probando a ver cómo pueden dar una patada al reglamento de la Cámara para hacer a Puigdemont 'president' de la Generalitat sin pisar España. Solo con su imagen, vía Bruselas, en una pantalla gigante en el Parlament. Jamás nadie hubiera imaginado la funcionalidad del plasma como fedatario público, ni la capacidad de ridículo de algunos para convertir el sanctasanctórum de la política catalana en un circo romano. Llegados a este punto, muera Sansón con todos los filisteos.

Cataluña se enfrenta a otra semana de la vergüenza para retorcer el reglamento del Parlament e investir telemáticamente a Puigdemont

La intención de JxCAT, como adelantó Turull en declaraciones a Catalunya Radio, es que la Mesa del Parlament haga una interpretación "extensiva" del Reglamento o una reforma exprés del mismo que admita la investidura de Puigdemont de forma telemática.

Esta interpretación extensiva, que no es sino una añagaza para retorcer el texto y amoldarlo a su intereses, se sustenta en dos artículos: el 93, que versa sobre la delegación de voto y que abre la misma a los casos de "incapacidad prolongada", y el 146, referido al debate de investidura, donde se dice que el candidato debe "presentar, sin límite de tiempo, el programa de gobierno y solicitar la confianza del Pleno", pero no se especifica que tenga que hacerlo presencialmente.

La oposición ya ha avisado que podrá poner pies en pared ante estas maniobras por parte JxCAT, mientras que la Generalitat, esto es, el Gobierno de Mariano Rajoy, que es quien la tutela por mor del 155, tiene listo el recurso para presentarlo ante el Tribunal Constitucional en caso de que quieran volver a violentar el reglamento.

De ahí que ni Carme Forcadell ni Carles Mundó, ambos de ERC, quieran ser presidentes de la Mesa y exponerse a una nueva acusación por prevaricación solo para satisfacer las ínfulas del huido Puigdemont. Una decisión del todo lógica… El que pasa por prisión —no es el caso del 'expresident'— hace todo lo posible por no volver.

Además de los volúmenes de derecho parlamentario para entender todo lo que está ocurriendo, también habrá que desempolvar de las estanterías los de derecho procesal, ya que resulta una quimera escribir del devenir de Cataluña sin tener en cuenta los tiempos y procesos judiciales que están en marcha. Hacer quinielas sobre si Puigdemont o Junqueras serán presidentes de las Generalitat no pasa de mero divertimento, pues, a día de hoy, uno se encuentra huido de la Justicia y el otro, en prisión.

Especular como se ha hecho sobre la posibilidad de que lo pueda ser el líder de la ANC y número dos de JxCAT, Jordi Sánchez, es vivir una realidad paralela. Sánchez está en prisión y, según apuntan las investigaciones, no tiene visos de salir de ella.

Hay quien todavía no se ha enterado de la gravedad de los acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña y de las consecuencias que traerán para muchos de sus protagonistas, con inhabilitaciones y penas de cárcel, lo que les imposibilitará para el ejercicio de cargos públicos. Se trata, quieran o no, de una generación perdida.

Baile de abogados: Puigdemont está con Cuevillas, los 'exconsellers' Rull y Turull se pasan a Molins & Silva, y Marta Pascal ficha a Miquel Roca

Son tres las causas que se siguen en los tribunales: la primera investiga las estructuras de Estado, en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que lleva el magistrado Juan Antonio Ramírez; la segunda está en manos de la jueza Carmen Lamela, en la Audiencia Nacional, y trata del comité ejecutivo que ayudó a poner en marcha el referéndum ilegal del 1 de octubre, y la tercera, la mollar, es la que lleva Pablo Llarena en el Tribunal Supremo sobre el comité estratégico del 'procés'.

Se espera que la instrucción acabe en marzo, se abra juicio oral en un año y sentencia en dieciocho meses. Para entonces, todos los nombres que entintan ahora los periódicos como futuros 'presidents' o 'consellers' no serán más que papel mojado.

Para más inri, los imputados en estas causas han elegido despachos de abogados distintos, lo que hace todavía más impredecible el desenlace judicial, pues cada uno obedece a su propia estrategia e intereses.

Puigdemont sigue con el abogado Jaume Alonso-Cuevillas; los 'exconsellers' Rull y Turull se han pasado al bufete Molins & Silva, donde estaba Santi Vila; la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, ha fichado a Miquel Roca, y al 'exconseller' Joaquim Forn lo lleva el despacho de Cristóbal Martell, entre otros. No sabemos cómo irá la economía catalana, pero una cosa es segura: a los bufetes catalanes no les va a faltar trabajo.