La ministra 'bulldozer' de Sánchez lamina el sector del gas

Aburridos de darles siempre a los mismos, ahora parece tocar el turno de las compañías del sector energético, especialmente las gasistas, nuevo pimpampum de la opinión pública

Foto: La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. (EFE)
La ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. (EFE)

Hay muchos nombres con los que referirse al diablo. Están Lucifer, Satanás, Samael, Astaroth y un largo etcétera. En la Biblia podemita emplean también como sinónimo el término ‘banquero’, que es algo así como un monstruo con forma humana, que diría Ambrose Bierce. Lo de demonizar al sector financiero se puso tan de moda durante la crisis que ha terminado grabándose en nuestro ADN con una naturalidad pasmosa. Nos sale solo. Como respirar.

Ahí están los sermones que Pablo Iglesias va predicando por las televisiones (“los bancos tienen que pagar, tienen que devolver mediante recargo los 60.000 millones de euros que los ciudadanos les prestaron”). No fueron bancos sino cajas bajo control político, pero tampoco es cuestión de ponerse exquisitos. Que les cuelguen del palo mayor. El sistema financiero, columna vertebral de la economía española, no levanta cabeza desde entonces.

Pues bien, aburridos de darles siempre a los mismos, ahora parece tocar el turno de las compañías del sector energético, especialmente las gasistas, nuevo pimpampum de la opinión pública. Las culpan del recibo de la luz, de la pobreza energética, de jugar a la especulación y no se sabe cuántas otras plagas bíblicas. Caña al mono que es de goma.

Como muestra de la antipatía que despierta actualmente el sector, tenemos la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recortar un 17,8% la retribución de la distribución del gas y un 7% la de la electricidad, así como de rebajar un 21,8% la actividad de transporte de gas y regasificación y un 8,2% la del transporte eléctrico. Lo que en román paladino supone un hachazo en toda regla a las cuentas de estas compañías.

Las empresas del sector, en especial Naturgy y Enagás, caen a plomo en bolsa. Anuncian paralización de inversiones. Hay miedo a pérdidas de empleo. Los fondos amenazan con “litigios potencialmente largos y complejos”, según carta remitida al 'Financial Times'.

"Ribera es el alma gemela de Pedro Sánchez. Tiene el poder y lo ejerce. No conoce el miedo. No conviene tenerla de enemigo"

De la banca al sector energético: el populismo cambia de bando. Las gasistas señalan con el dedo acusador al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, pero lo cierto es que hay que apuntar más arriba, esto es, al Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez y, más concretamente, a su ministra de Transición Ecológica.

Teresa Ribera Rodríguez (Madrid, 1969), además de azote del diésel, es la ideóloga de esta nueva política energética española consistente en desincentivar la inversión en redes de gas para facilitar la inversión en tecnologías renovables. Es fiel convencida de ello. Tan es así que predica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 con la misma fe que Santa Teresa de Jesús rezaba a Cristo.

“Es un valor en alza, el alma gemela de Pedro Sánchez, el perfil de ministros que quiere para su gabinete. Cuando Sánchez deje la Moncloa, querrá que se le recuerde por las políticas medioambientales que está tratando de implementar Ribera”, comentan quienes tratan a la ministra. “Tiene las tres ‘C’ de los grandes líderes: comunicación, competencia y capacidad de decisión. Tiene el poder y lo ejerce. No conoce el miedo. No conviene tenerla de enemigo”. Que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, vaya tomando buena nota.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada. (EFE)
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada. (EFE)

En la CNMC, donde por cierto trabaja el marido de la ministra como consejero responsable de los temas energéticos en la sala de regulación, lo cual no deja de tener su aquel, han seguido a pies juntillas las directrices marcadas desde Transición Ecológica, que no son otras que privilegiar las energías renovables a costa de penalizar las tradicionales. La consigna parece clara: primero dejar abierto el gas y luego prenderle fuego.

Ahora bien, ¿no debería ser más independiente el regulador, hacer oídos sordos a los cánticos de Moncloa y regirse por criterios profesionales y de interés público? ¿No exuda cierto tufillo a conflicto de interés? ¿Han calibrado las consecuencias que medidas como las del peaje van a tener en el sector, con caídas en la cotización de las compañías y en su solvencia?

Los fondos internacionales ponen el grito en el cielo ante el tsunami regulatorio. Sus inversiones suman más de 75.000 millones

No son solo Naturgy y Enagás. El tsunami regulatorio propuesto por Marín Quemada supone un riesgo aún mayor para las distribuidoras más pequeñas, algunas de las cuales podrían verse abocadas a su desaparición. Las más expuestas son compañías de tamaño medio que cuentan con un importante componente regional, como Nortegas o Madrileña Red de Gas.

Habrá impacto en los planes de inversión y plantillas. Naturgy, Gas de Extremadura y Gas de Madrid ya han anunciado la paralización de sus inversiones. La patronal del gas recuerda que el sector representa el 0,5% del PIB y generó 150.000 empleos directos el año pasado. Los grandes inversores internacionales, con porcentajes nada desdeñables en el capital de estas empresas de transporte y distribución de gas, también han puesto el grito en el cielo.

Las inversiones materializadas de estos fondos suman más de 75.000 millones de euros. En Naturgy están CVC (20%) y GIP (20%); el 73% del capital de Enagás se encuentra en manos extranjeras (Reino Unidos, Estados Unidos y Canadá, principalmente); Nortegas está dirigido por un consorcio financiero encabezado por una gestora de fondos vinculada a JP Morgan, Abu Dhabi Investment Council, Swiss Life y Covalis Capital… y así sucesivamente.

El presidente de Enagas, Antonio Llardén (i), y el de Naturgy, Francisco Reynés (c), en una foto de archivo. (EFE)
El presidente de Enagas, Antonio Llardén (i), y el de Naturgy, Francisco Reynés (c), en una foto de archivo. (EFE)

Pero más allá de gobiernos, grandes compañías e inversores institucionales, los grandes perjudicados por la nueva normativa serán, como siempre, los consumidores, a la postre los paganinis de los quilombos políticos.

Lo serán, en primer lugar, por la responsabilidad patrimonial que exigirán las empresas al Estado por haber cambiado el modelo de retribución sin garantizar una rentabilidad razonable; y dos, por el aluvión de arbitrajes internacionales que están por venir, muchos de los cuales —como está sucediendo con los que tienen que ver con la reforma eléctrica de 2013— se perderán en los tribunales y tendrán que ser abonados indirectamente por los ciudadanos. Como dice el refranero castellano: oficio ajeno, dinero cuesta.

Caza Mayor
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