Cuando los políticos no están a la altura de las Fuerzas de Seguridad del Estado

O se coge el teléfono o se aplica el 155 o la Ley de Seguridad Nacional. No hay más alternativas. Si la mayor demostración de fortaleza del Estado es no ponerse a las llamadas de Quim Torra, mal síntoma. Como dos escolares a la hora del recreo: “Pues ahora no te ajunto”. Se puede abrir la mano y ofrecer diálogo, o tirar de arrestos y dar un puñetazo sobre la mesa. Sea como fuere, hace falta una respuesta y no la hay. Es el marianismo que retorna a Moncloa. A Sánchez, verdad, se le está empezando a quedar cara de Rajoy.

Al presidente del Gobierno comienzan a quemarle las encuestas tanto o más que los contenedores de Barcelona. La estrategia de repetición electoral y la campaña del ‘bibaespaña’ que emprendieron para, desde la institucionalidad y la moderación, enfrentarse a la crisis catalana tras la sentencia del 'procés' han hecho agua. Jugarse unas elecciones en el campo simbólico de la derecha a tres meses vista de los comicios no ha sido lo más prudente.

Pero si el PSOE anda tambaleante tras los acontecimientos en Cataluña, tampoco les va mejor al resto de formaciones. Ya sea por convicción o por tacticismo, no están leyendo —o no están queriendo leer— la realidad de lo sucedido los últimos días. Después de mucho pedir, exigir y patalear, ahora, tras seis noches de ruido y furia, se muestran taimados. Están pensando más en el 10-N que en el virus que ha infestado las calles de Barcelona.

Mientras, la imagen que proyecta España allende nuestras fronteras raya en el descrédito, con una Bélgica que se chotea con la petición de extradición de Puigdemont. Cunde, de nuevo, la sensación de ridículo que impregnó el ambiente hace dos años.

Hoy como ayer, la clase política ha demostrado no estar a la altura de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según aumenta la desconfianza en la primera va aumentando la confianza en los segundos.

Mossos y Policía Nacional se jugaron literalmente la vida en los graves altercados del pasado viernes, con una Barcelona convertida en zona de guerra. Los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional se quedaron sin pelotas de goma para responder a los radicales. “Ha sido muy, muy duro. No me he visto en una situación igual en mi vida”, comenta uno de los agentes. “Hemos tirado absolutamente todo el material que teníamos. Nos querían matar. Los Raya [grupo de UIP procedente de Galicia] nos salvaron en el último momento en Urquinaona y [la batalla de] Trafalgar”.

Un escenario infernal que no se parecía en nada al Shangri-La que describía Fernando Grande-Marlaska en sus comparecencias. El ministro del Interior solo veía 400 violentos cuando en realidad eran muchos más, cortando calles, montando barricadas, colapsando el centro de la ciudad. Decía que se podía visitar Barcelona “con total normalidad” al tiempo que embajadas y consulados como los de Estados Unidos, Reino Unido y Francia advertían de los riesgos en la Ciudad Condal, y un periodista de El Confidencial se quedaba encerrado durante cinco horas en un Telepizza contemplando cómo ardía la plaza de Urquinaona.

El Ejecutivo no ha sabido medir correctamente lo que se le venía encima. A pesar de que los servicios de Inteligencia lo venían avisando desde hacía meses, la actitud del Gobierno fue más reactiva que activa, a la espera de los acontecimientos. Y los acontecimientos llegaron. Cayeron a plomo sobre sus cabezas. “Els carrers seran sempre nostres”, les gritaban.

Lejos de condenar sin fisuras la violencia, las autoridades catalanas, con Torra y el 'vicepresident' Aragonès a la cabeza, proyectaban responsabilidades sobre la falta de diálogo del Gobierno central. Las autoridades catalanas tampoco están a la altura de su Policía. Las autoridades catalanas son auténticos bomberos pirómanos. Por un lado, critican a los radicales, y por el otro, les proporcionan gasolina con sus invectivas y bilis.

Puigdemont asegura desconocer el movimiento Tsunami Democràtic, pero luego los apoya y comparte en Twitter; Torra se escuda en que lo suyo no es la violencia sino el derecho a la protesta y a libertad de expresión, pero después se niega a condenar el cerco a El Prat.

No existen las casualidades. No, al menos, en la Cataluña independentista de Puigdemont y Torra. Tsunami Democràtic no es un producto salido del magín de un secesionista 'amateur' sino un movimiento bien armado que cuenta con ideólogos, financiadores y apoyo externo.

Entre los ideólogos de este movimiento se encontrarían, según fuentes cercanas a la investigación de los servicios de Inteligencia a las que ha tenido acceso El Confidencial, Carles Puigdemont, representantes de la CUP como David Fernández y miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium.

El mundo del dinero catalán también hace negocios con barretina y estelada, y se muestra dispuesto a financiar este tipo de movimientos. Algunos empresarios, como Joan Font, presidente del grupo de supermercados Bon Preu, que quiere convertirse en el Mercadona catalán de la república de Puigdemont, o el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, hace tiempo que se quitaron la careta.

Coincidiendo con los altercados, Canadell tuiteó un artículo de prensa con una foto de los alborotadores del viernes destacando que “son nuestros niños, los hijos del 1-O. Quieren ganar y merecen nuestro apoyo”. No hay mejores cócteles molotov que los que circulan por la red.

Luego está el apoyo externo. ¿Quién tiene en estos momentos la tecnología e infraestructura para montar una 'app' como la de Tsunami Democràtic, que está siendo objetivo de investigación por parte del juez Manuel García-Castellón y que, a día de hoy, resulta imposible de tumbar? Algún que otro 'hacker' y un puñado de Estados.