El arma legal de Pérez de los Cobos para acorralar a Marlaska

22/06/2020 05:00

Adelantado en

El coronel Diego Pérez de los Cobos tiene previsto interponer esta semana el recurso de alzada ante Interior para que se le reponga en su antiguo cargo. Una vez se agote la vía administrativa y el ministro Fernando Grande-Marlaska cumpla con el guion previsto y responda negativamente a la petición, el coronel presentará recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN).

La AN es el tribunal encargado de fiscalizar las resoluciones de la Administración, como sucede en este caso, ya que el cese de Pérez de los Cobos lleva la rúbrica del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Para su defensa, está siendo asesorado por varios abogados de prestigio. Entre ellos, Carlos Aguilar, que dirige el departamento de Procesal de CMS y está considerado uno de los mejores penalistas de España. Aguilar es un viejo conocido en la Benemérita. Tiene allí gran predicamento por su largo historial en defensa de los agentes del instituto armado en la etapa más dura de la lucha antiterrorista.

Ya en la Audiencia Nacional, el coronel solicitará medidas cautelarísimas para que se le restituya de forma inmediata en la jefatura de la Comandancia de Madrid, y no esperar a que se dilate el proceso, al considerar ilegal su destitución.

Tres líneas bastan para su defensa. Son su mejor arma legal. Las tres últimas líneas del documento destapado por El Confidencial, que recoge la propuesta de cese que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, elevó al secretario de Estado pidiendo el cese del coronel “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

Ese 'conocimiento', que se indica como motivo de la destitución, contradecía abiertamente las órdenes directas de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que había exigido, verbal y por escrito, “rigurosa reserva” sobre la investigación.

La petición de la directora de la Guardia Civil chocaba de lleno con lo explicitado por la jueza y pervertía claramente la separación de poderes. Lo que para Interior supone causa objetiva de despido, para algunos juristas no es sino delito de prevaricación, coacciones e inducción para la violación de secretos, amén de la muerte, vía Boletín Oficial del Estado, de Montesquieu.

“Al pobre Pérez de los Cobos le han arruinado la vida después de trabajar sin descanso en los sitios más jodidos, en los años más duros. Si Rubalcaba levantara la cabeza…”, lamenta un letrado bien conectado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los mandos, hoy defenestrados por Marlaska, fueron clave de bóveda en la lucha antiterrorista, tal y como refleja la serie documental ‘El desafío: ETA’, próximamente en Amazon, un retrato sociológico de los años del plomo, los años de los atentados de Hipercor, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro de Ortega Larga, años en que los agentes eran recibidos como héroes por las autoridades competentes y no con suspicacias e invectivas, que esa es la especie que esparcen hoy los socios del actual Ejecutivo.

Tanto el coronel Diego Pérez de los Cobos como su compañero de promoción Manuel Sánchez Corbí, también defenestrado por Marlaska después de una estrecha relación con el ministro cuando este ejercía en la AN, están dentro del proceso para ascenso a general del próximo año, para lo cual deberían tener el camino expedito si atendemos al currículo que exhiben ambos y la buena consideración de la que gozan dentro del cuerpo.

Pero al depender estos nombramientos del Consejo de Ministros y visto el intervencionismo del Ejecutivo, con una cúpula confeccionada a su medida, en la Benemérita se malician lo peor. En los últimos meses, de hecho, se han producido vetos y ascensos ‘no previstos’.

En los cuarteles de Guzmán el Bueno 110 están con la mosca detrás de la oreja. Hace tiempo que lo están.

La invasión de parcelas que le son ajenas y de las que debería distanciarse por higiene democrática es una constante del Gobierno de coalición, una forma de actuar espoleada por la discrecionalidad del estado de alarma y devenida costumbre.

Ahí se enmarcan las maniobras de Moncloa para influir en los medios de comunicación, la presión de Unidas Podemos al poder judicial o la ocupación de la Fiscalía General del Estado por parte de la exministra de Justicia Dolores Delgado, entre otros puestos e instituciones. Lo resumía Carlos Alsina en su monólogo matutino: “A Pedro Sánchez le resbala que se le note su afán por tener todos los puestos relevantes bien atados”.

Se ha visto con la Guardia Civil. El Gobierno la ha intervenido 'de facto'. El general Santiago asomó la cabeza cuando dijo que la Benemérita estaba trabajando para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, lo cual suponía todo un aviso a navegantes. Luego vino la purga en la cúpula del instituto armado, y ya por último, la caza de brujas a que se ha visto abocado David Blanes, sucesor por descarte de Pérez de los Cobos, para esclarecer las filtraciones de las diligencias del extinto caso 8-M.

Cuando la Policía Nacional irrumpió en la sede de Génova del PP para incautarse de los ordenadores de Bárcenas, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no solo desconocía el operativo sino que le sorprendió en el concierto de Navidad de la propia Policía. Marlaska, un advenedizo en política, no quiere que le ocurra lo mismo, ni que ningún compañero del Consejo de Ministros le afee que no se entere de atestados que circulan por los despachos. Marlaska quiere tenerlo todo atado y bien atado por lo que pueda venir.

Y si para ello hay que azuzar la teoría golpista que Unidas Podemos vierte contra el instituto armado para camuflar la erosión que se está produciendo en las instituciones y libertades de los ciudadanos, pues se azuza. La nueva normalidad que queda tras el aislamiento es campo abonado para las conspiraciones.