Gobierno y empresa: nuevos tiempos, viejos modos
La pandemia ha acelerado el intervencionismo del Ejecutivo en el mundo de la empresa. Y no solo en las compañías con capital público
Gregorio Marañón abre esta semana las puertas del Real tras el paréntesis de la pandemia, lo que siempre desata la fiebre melómana de la capital y ese almibarado ‘wining and dining’ a que acostumbra el empresariado nacional. En la nueva temporada se representará, entre otras, ‘Un ballo in maschera’, patrocinada por Telefónica, que trata sobre las conspiraciones políticas en la Suecia de Gustavo III. Cualquier parecido con la situación actual de España, advertimos, es pura coincidencia.
Lo decimos por la confusión que pueda haber con esa otra ópera que escenifica estos días la gran empresa, centrada en la necesidad de un gran pacto nacional para la reconstrucción y la supervivencia de las empresas, y en el consenso y acercamiento de los dos grandes partidos, PSOE y PP, lo que hasta fechas recientes parecía un imposible, pero ya no lo es.
El final del estado de alarma reunió en el domicilio de Ana Botín a Pablo Casado con destacados representantes del Ibex
El Partido Popular ha pasado en cuestión de días de mostrar un perfil de férrea oposición al Gobierno, con su rechazo a las últimas prórrogas del estado de alarma, a otro más amable y colaborador, especialmente en cuestiones económicas. La presión de los empresarios, aseguran en el PSOE, tiene mucho que ver en la mutación.
El cambio de los populares coincide en el tiempo con las megajornadas de la CEOE promovidas por su rehabilitado y muy activo presidente, Antonio Garamendi, que hizo una llamada al consenso y puso negro sobre blanco la necesidad de distensión en la política española para salir de la crisis, salvaguardar la ortodoxia económica y orillar las posiciones maximalistas; y coincide en el tiempo también con un recital de encuentros a puerta cerrada organizados ‘ad hoc’ por los prebostes de la cosa económica.
En este contexto se enmarca la cena privada que, con motivo del final del estado de alarma, reunió la semana pasada en el domicilio de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, al líder del PP, Pablo Casado, con un reducido grupo de personalidades del mundo de la empresa, caso de José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Pablo Isla (Inditex) o el propio Garamendi, y del mundo de la prensa, como el editor Pedro J. Ramírez.
Tras las jornadas de la CEOE, el Ministerio de Trabajo llegaba a un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre, mientras Génova anunciaba su apoyo a la convalidación del decreto de la nueva normalidad y avanzaba igualmente el consenso en la comisión de reconstrucción.
En la presentación de las conclusiones de la cumbre empresarial que hizo junto a un Pablo Isla especialmente activo en la campaña de los empresarios, el presidente de la patronal se mostraba ufano: “Ha sido un encuentro histórico, que marcará un antes y un después. Los objetivos que nos habíamos propuesto al principio se han cumplido”.
Al mismo tiempo, el plan de la gran empresa, eficaz en su tono, en sus propuestas y su resolución, era interpretado por algunos analistas como un “cortejo al Ejecutivo”, como un favor que el Ibex ha hecho a España y a su economía, pero también a Pedro Sánchez.
El intervencionismo del Ejecutivo en el mundo de la empresa se ha acelerado con la pandemia. Y no solo en las compañías con capital público
No es casual la cena organizada por Ana Botín. Casi sin quererlo, tanto la presidenta de Banco Santander como el de Telefónica, Álvarez-Pallete, se han arrogado un papel protagonista en estos tiempos de crisis social, política y económica. Se trata de un modo de proceder que, de alguna forma, recuerda al de sus predecesores en el cargo, el desaparecido Emilio Botín y César Alierta, quienes no solamente detentaban el poder sino que lo ejercían con mano de hierro y guante de seda.
Tanto Botín como Pallete han tratado de apartarse de este ‘modus operandi’ desde el mismo momento en que se hicieron con sus respectivas presidencias, buscando siempre un corte más profesional, pero la depresión económica que encara el país y la preocupación por la viabilidad futura de sus negocios les han obligado a adquirir un nuevo rol institucional.
Especialmente activa se ha mostrado la presidenta de Banco Santander, con reuniones constantes con relevantes actores de la vida pública para transmitir la necesidad de reactivar dos de los pilares básicos de la economía española, tales que la construcción y el turismo, y salvar así el verano para poder salvar, a su vez, el país. Según el FMI, el PIB de España caerá un 12,8% este año y el déficit escalará hasta el 13,9%. Para 2021, las perspectivas no son mejores.
Acaso tampoco parece casual que dos de los accionistas de referencia de una de las más importantes empresas editoriales, el Grupo Prisa, sean precisamente Santander (4%) y Telefónica (9%). Aunque han tratado de ceñirse a su papel de mero inversión financiero, por ser una participación delicada como todas las que tienen que ver con el ámbito periodístico, lo cierto es que su voz y sus títulos tendrán que ser escuchados en la guerra intestina que vive la compañía y que este lunes tendrá uno de sus momentos cumbre en la junta general.
Igual que Pedro Sánchez llamó para quejarse a las puertas de los principales socios de Prisa cuando tuvo que abandonar por la puerta de atrás la secretaría general del PSOE, tal y como confesó a Jordi Évole en televisión, ahora hace lo propio Joseph Oughourlian. El gestor de Amber Capital se ha pasado las últimas semanas contactando con los accionistas de la compañía de medios con el objeto de sacar a Javier Monzón de la presidencia.
Amber es el accionista de referencia de Prisa, con el 29% del capital, pero sigue estando en minoría en el consejo de administración. Amber y Sánchez comparten mismo objetivo pero por razones dispares: el primero, para tratar de recuperar su inversión; el segundo, para desplazar a la cúpula actual e influir en un público que es potencial votante socialista.
El asalto a Prisa no dejaría de resultar anecdótico si no fuera por el progresivo intervencionismo del Ejecutivo en el mundo de la empresa, un intervencionismo acelerado por la excepcionalidad de la pandemia. No solo en las empresas que cuentan con dinero público. También en las que no lo tienen, de ahí la disyuntiva de compañías como Santander y Telefónica.
Por cierto, en la lista de posibles consejeros que Moncloa sugirió a Prisa para desplegar mayor influencia en el grupo se encontraban, además de las personas enunciadas en otras noticias, nombres como los de Joaquín Almunia y Gregorio Marañón. Nuevos tiempos, viejos modos. ‘Piano, piano’, el baile de máscaras no ha hecho más que comenzar.