Una sola entidad, la SEPI, para controlarlos a todos

Ana de la Cueva dejó el Gobierno el pasado mes de mayo. La exsecretaria de Economía es más de literatura rusa zarista que de series norteamericanas, más de Dostoyevski que de Aaron Sorkin, esto es, se siente más concernida con el sentimiento de culpa que exuda una novela como ‘Crimen y castigo’ que con ese enfoque un tanto pavloviano de ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ de tirarse por un barranco con solo chascar los dedos del presidente.

Su marcha es la más relevante de entre todo el goteo de bajas que se ha producido en los últimos meses en el ministerio que comanda Nadia Calviño, del que ya informamos en su día en El Confidencial, y que se suma al que ha tenido lugar en Transición Ecológica, cartera que dirige Teresa Ribera, donde han dejado el puesto su director de gabinete, Álvaro Abril, el adjunto al jefe de gabinete y la jefa de prensa, entre otros.

Ceses que tienen mucho que ver con la intensidad con que se han vivido estos años tras la llegada del PSOE al poder, pero también con la sensación de fragilidad que impregna al Ejecutivo y ese aroma de cambio de ciclo que se respira en los medios de comunicación.

La SEPI es la pistola humeante de la que se está valiendo Moncloa para "repartir dinero a dedo y crear un sistema clientelar"

Aunque De la Cueva adujo motivos personales, la verdadera explicación de poner pies en polvorosa reside en su agotamiento para implementar los fondos europeos Next Generation y, muy especialmente, en su miedo a verse salpicada por los tejemanejes en las ayudas a las empresas estratégicas, concesiones realizadas por el Consejo Asesor de la SEPI, del que formaba parte hasta hace poco la ya exsecretaria de Estado.

La SEPI se ha situado en el centro de todas las polémicas por eso de ser la pistola humeante de la que se está valiendo Moncloa para, en palabras de Pablo Casado, líder de la oposición, “repartir dinero a dedo y crear un sistema clientelar” en el mundo de la empresa.

El Gobierno ha mandatado a la SEPI para que coloque afines al frente de las empresas participadas por el Estado y así ir apuntalando esa nueva oligarquía empresarial que, al calor de los fondos europeos, empieza a coger forma. Solo así puede entenderse el descabalgamiento de Abril-Martorell en Indra, ejecutivo que gozaba del reconocimiento de la plantilla y el mercado, o en su día el de Jordi Sevilla en Red Eléctrica.

Ha sido también en la SEPI donde se han pergeñado los rescates de Plus Ultra, Duro Felguera y Air Europa. Se cocinaron a fuego rápido en el Consejo Asesor al que pertenecía De la Cueva.

Lo de Plus Ultra se aproxima al latrocinio. No solo por las informaciones publicadas sobre la trama venezolana que se oculta tras la compañía o porque lo diga el eurodiputado Luis Garicano, para quien “la aerolínea no es una empresa estratégica para la economía española y estaba ya en crisis antes de la pandemia”, por lo que no cumplía con los requisitos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, sino porque un juzgado de Instrucción de Madrid ve indicios de delito y ha abierto diligencias por presunta malversación y prevaricación en la inyección de 53 millones a la aerolínea.

La investigación apunta a Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, así como al resto de miembros del consejo de administración que tomaron parte en la decisión.

Luego está el caso de Duro Felguera, tanto o más sangrante, una de las grandes compañías de la economía de Asturias, comunidad gobernada por el PSOE.

Cuando el Ejecutivo aprobó la ayuda de 120 millones de euros para relanzar esta empresa, de los que 40 ya han sido desembolsados, parecía ignorar que hay una causa abierta contra ella en el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de Madrid, donde la Fiscalía Anticorrupción la acusa de pagar “comisiones delictivas” en Venezuela para conseguir contratos públicos.

Se podría dar la paradoja de que, en caso de ser condenada, Duro Felguera, oh albricias, pudiera pagar la sanción con las ayudas concedidas por la SEPI y procedentes del erario público, es decir, de los contribuyentes, todo un sinsentido que ya puso negro sobre blanco el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en un caso similar.

El TSJICAN ya advirtió de la injusticia que supone "subvencionar a una entidad a la que se está reclamando en vía penal una cantidad de dinero"

En la sentencia 282/2016 de 7 de noviembre de 2016, el TSJICAN legitimaba la suspensión de una ayuda económica “por la pendencia de un proceso penal”, siendo injusto “seguir subvencionando a una entidad a la que se está reclamando en vía penal una cantidad de dinero público de la que se ha beneficiado ilícitamente”.

En tercer lugar se encuentra Air Europa, un caso no menos llamativo. El Consejo de Ministros aprobó a finales del año pasado el rescate de Air Europa por 475 millones de euros, la misma cantidad que el precio al que los Hidalgo vendieron la aerolínea a Iberia. A nadie escapa que, de no haber mediado ayuda, el de Villanueva del Conde se habría ido de vacío a su casa.

A esto hay que sumar las suspicacias levantadas por el superdividendo millonario que se repartió la familia días antes de empezar la pandemia. Meses después, sería rescatada.

El 'holding' público SEPI, heredero del Instituto Nacional de Industria (INI) y adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siempre se ha quedado a medio camino en su función de salvaguarda del interés general en el mundo de la empresa.

Más que el interés general, lo que se ha encargado de vigilar es el interés particular, el del Gobierno de turno. Siempre ha sido así desde su nacimiento en 1995 y no podía ser menos ahora, con un Ejecutivo que gobierna a golpe de decreto ley y donde no hay lugar a la discrepancia. La SEPI es una sociedad, solo una, que sirve para controlar a todas las empresas en la órbita de la Administración. Especialmente ahora que vienen mal dadas.

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