La victoria de Carles Puigdemont y el ocaso de la Justicia española en Europa
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Nacho Cardero

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La victoria de Carles Puigdemont y el ocaso de la Justicia española en Europa

Albares se va a tener que emplear a fondo para hacer lo que no se ha hecho en los últimos años: diplomacia intensiva y desmantelamiento del trampantojo independentista

Foto: El expresident Carles Puigdemont. (Reuters/Yara Nardi)
El expresident Carles Puigdemont. (Reuters/Yara Nardi)
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El hecho de que Puigdemont vaya a recusar a uno de los nuevos magistrados del Constitucional no solo no sorprende sino que resulta hasta previsible. Al fugado se las ponen como a Fernando VII, como chutar a puerta vacía. Desde que se iniciara el 'procés', el independentismo catalán viene miccionando recurrentemente en las columnas que sustentan el Estado de derecho y la Justicia española, y lo hace con éxito, en ocasiones cargado de argumentos, hay que reconocerlo, gracias a la inacción —cuando no complicidad— de la clase política. El lamentable espectáculo del que estamos siendo testigos con los nombramientos del TC y la renovación del CGPJ, que desmonta la tan cacareada separación de poderes, supone una buena prueba de ello.

Este esperpento patrio con la Justicia coloca en una difícil situación a España en una Europa donde el independentismo no goza de grandes simpatías excepto en Bélgica (los socios de Puigdemont gobiernan en Flandes) y en Eslovenia (allí confunden Madrid con Belgrado), pero que empieza a cansarse de tanta incompetencia institucional.

El esperpento patrio con la Justicia coloca en una difícil situación a España en una Europa donde el independentismo no goza de grandes simpatías

Pasó con Rajoy, que no hizo nada. Fue incapaz de impulsar un relato internacional que desmontara los bulos secesionistas. Tan es así que mientras el corresponsal de 'The New York Times' se paseaba por el despacho de Junqueras como Pedro por su casa, el presidente se fumaba un puro en Moncloa. Luego llegaron Sánchez y sus condotieros y terminaron de rematarlo como solo ellos saben.

Lo hicieron con los indultos a los dirigentes del 'procés', amparándose en una ley de 1870 con reminiscencias feudales, que venía a deslegitimar la condena impuesta por el Supremo y, lo que es más grave, banalizaba los acontecimientos ocurridos en torno al 1-O. Si tan graves habían sido, se preguntaban en la UE, ¿por qué el Ejecutivo los dejaba en la calle a las primeras de cambio? A esto hay que añadir un amago de reforma del Código Penal, centrada en el delito de sedición y justo después de la condena, que generaba aún más dudas en los predios comunitarios, pues daba la sensación de que los dirigentes del 'procés' habían sido condenados por algo que no era.

Lo dicho: los países europeos no abrazan los postulados de Puigdemont, pero hay en España quien se está empleando a fondo para que empiece a caerles bien, habida cuenta, sobre todo, del quilombo que está montando la clase política con la Justicia.

En Europa no abrazan los postulados de Carles Puigdemont, pero hay en España quien se emplea a fondo para que empiece a caerles bien

A la UE se le está acabando la paciencia. Y la UE, que arrastra algo de calvinista y de sentimiento de culpa porque todas las bofetadas por infringir el Estado de derecho se las llevan siempre los mismos, los países de la Europa Oriental, caso de Hungría, Polonia o Bulgaria, puede haber encontrado en España el chivo expiatorio para diluir su aparente superioridad moral y hacer ver que también en Europa Occidental se castiga a los que no cumplen.

placeholder Carles Puigdemont, junto a Ponsatí y Comín. (Reuters)
Carles Puigdemont, junto a Ponsatí y Comín. (Reuters)

El ministro Albares se va a tener que emplear a fondo para hacer lo que no se ha hecho en los últimos años: labores de diplomacia intensiva y desmantelamiento del trampantojo independentista. Lo va a tener que hacer con la renovación del CGPJ, que esperemos no ocurra lo mismo que en el TC y no se nos acuse de invasión de poderes, y con los procesos que se siguen en Europa, donde España se juega algo más que su credibilidad. Por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre la cuestión prejudicial que remitió el juez Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes. Por otro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe responder a los recursos de los indultados por la condena del 'procés'.

En el TJUE pintan bastos. El tribunal está siendo bombardeado por mensajes contradictorios que no hacen presagiar nada bueno: ora los jueces españoles dicen que quiere traerse a Puigdemont, garantizando su independencia y un juicio justo, ora estos mismos jueces viajan a Bruselas para reunirse con los comisarios y quejarse de que la Justicia está politizada, que solo hace falta fijarse en los tejemanejes que se traen con el CGPJ para darse cuenta de ello. También hay cierto malestar con el juez Llarena, se escucha en los pasillos bruselenses, por tratar de volver a atrapar a Puigdemont sin esperar a la resolución previa.

En Estrasburgo, las perspectivas tampoco son halagüeñas, ya que allí los únicos mensajes que llegan son los de los secesionistas. Un fallo en contra de la condena a los dirigentes del 'procés' haría saltar por los aires la ya frágil clave de bóveda en que se sustenta el sistema democrático y Estado de derecho de España. De ahí, insistimos, la importancia y responsabilidad del Gobierno de poner en marcha un plan diplomático y de comunicación en Europa para explicar los hechos ocurridos el 1-O y las garantías procesales de que gozaron los acusados en el juicio presidido por Manuel Marchena. Sería bueno para España, pero también lo sería para el propio Sánchez, a quien no le convienen unos socios parlamentarios más empoderados de lo que ya están.

En Estrasburgo, las perspectivas tampoco son halagüeñas, ya que allí los únicos mensajes que llegan son los de los secesionistas

El TEDH está formado por 47 jueces elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a propuesta de cada Estado. Cuando los recursos se registran, un juez único decide sobre la inadmisibilidad. Este punto es importante, porque el 95% de las demandas es inadmitido. Si se admiten, se da traslado del recurso a la sala de siete jueces que comunicaría dicha demanda al representante del Gobierno, que en el caso de España sería la Abogacía del Estado, para que se pronuncie. La respuesta se envía al denunciante para que pueda replicar. Están presentados, por este orden, Cuixart, Turull, Rull y Sànchez. De los resueltos por el TC, está en plazo Forcadell. Ninguno de los recursos presentados ha sido formalmente admitido a día de hoy.

Hubo en su día una sentencia del TEDH que avaló las polémicas devoluciones en caliente. Francia, Italia y hasta Bélgica se adhirieron al recurso de España. Estaba en juego la política migratoria de los Estados y hubo apoyo y coordinación, incluidos PSOE y PP. Debería conjurarse España para repetir aquello. El envite es grande. Nos estamos jugando la integridad de España. Nos estamos jugando el futuro de Europa.

El hecho de que Puigdemont vaya a recusar a uno de los nuevos magistrados del Constitucional no solo no sorprende sino que resulta hasta previsible. Al fugado se las ponen como a Fernando VII, como chutar a puerta vacía. Desde que se iniciara el 'procés', el independentismo catalán viene miccionando recurrentemente en las columnas que sustentan el Estado de derecho y la Justicia española, y lo hace con éxito, en ocasiones cargado de argumentos, hay que reconocerlo, gracias a la inacción —cuando no complicidad— de la clase política. El lamentable espectáculo del que estamos siendo testigos con los nombramientos del TC y la renovación del CGPJ, que desmonta la tan cacareada separación de poderes, supone una buena prueba de ello.

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