Sabios próximos al PSOE se rebelan contra el impuesto a la banca

Este Gobierno es de los que primero disparan y luego preguntan. El presidente anuncia en el atril del Congreso que habrá un impuesto a la banca por los beneficios extraordinarios que va a obtener por la subida del euríbor y, dos días después, se pone a pensar cómo diseñar el invento para que, además de casar con las cifras adelantadas, no sea inconstitucional, no choque con otros gravámenes autonómicos y el BCE no le tire de las orejas.

Es tal el engrudo que la vicepresidenta Calviño y la ministra Montero ya se han mostrado abiertas a modificar la proposición de ley sobre el impuesto. La excusa oficial es que quieren asegurarse de que no tenga un impacto negativo en la estabilidad financiera del país y esté en consonancia con las propuestas europeas. La real es que no saben cómo aplicar dicho gravamen.

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Parece meridianamente lógico un pacto de rentas en el que todos los actores económicos, desde las empresas a los trabajadores, pasando por el Estado, asumamos proporcionalmente los costes derivados de la crisis para que esta no vaya a más. Hasta ahí, todo en orden. El problema llega cuando las medidas, elaboradas por un Gobierno que está con la gente y contra los poderosos, se revisten de carga ideológica y no miden, por lo improvisado de las mismas, las consecuencias que tendrán para la economía del país.

Hace unos días, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) advertía en un informe de que el impuesto a la banca y entidades financieras presenta "graves problemas" desde el punto de vista constitucional, además de que no se adecúa al derecho comunitario.

Las conclusiones no extrañan a nadie, viniendo como vienen del servicio de estudios de los empresarios. Lo llamativo del informe es que ha sido elaborado bajo la dirección de Juan Martín Queralt y cuenta entre sus firmantes con figuras de la judicatura tal que Álvaro Rodríguez Bereijo y con catedráticos como José Manuel Tejerizo, nada sospechosos de participar en la gran conspiración capitalista y próximos al PSOE.

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El coordinador del informe, Juan Martín Queralt, fue director general de Tributos de la Generalitat valenciana con el socialista Joan Lerma. Es catedrático de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Valencia y autor de numerosas publicaciones de la especialidad. Firmó, junto a Bereijo y Tejerizo, el escrito de grupo de 35 catedráticos que avisaron en 2018 sobre el deterioro de la seguridad jurídica en el ámbito tributario en un homenaje al desaparecido Matías Cortés.

Álvaro Rodríguez Bereijo es catedrático de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue presidente del Tribunal Constitucional entre 1995 y 1998, esto es, en tiempos de Felipe González, con el que mantiene una buena relación. Entre 1999 y 2000, participó en la convención que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por designación del Gobierno español. También ha sido consejero de Estado (2000-2004). Desde 2003, forma parte del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

Además de los dos citados, otros autores del informe son José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y director general de Tributos con Felipe González; Gabriel Casado Ollero, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid; Jorge Onrubia Fernández, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid, y Germán Orón Moratal, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UJI de Castellón, entre otros. Como se puede apreciar, el comité de sabios del IEE es ecléctico y no parece obedecer a criterios ideológicos, sino más bien técnicos relacionados con la estabilidad jurídica, la calidad regulatoria y la transparencia.

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Que los gerifaltes nacionales e internacionales, ora el progresista Pedro Sánchez, ora la conservadora Ursula von der Leyen, hayan orillado sus credos políticos para intervenir en la economía de hoz y coz, poniendo como excusa un momento de excepcionalidad como el actual, no es pretexto para tensionar e incluso violentar la ley, pues del uso al abuso, como el globo sonda de poner un tope a las hipotecas variables, apenas hay un palmo de distancia.

De ahí el contrapunto de informes críticos como el del IEE y otros que, con similares argumentos, vienen siendo desgranados desde el anuncio del impuesto del 4,8% a la banca sobre el margen de los intereses y las comisiones que cobran las entidades financieras.

En sus conclusiones, los 'sabios' del IEE consideran que se vulnera el principio de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución por la retroactividad del impuesto y los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica del artículo 31.1. Señalan que hay fraude de ley en la tramitación de la norma como proposición de ley, ya que mediante este procedimiento se elude la consulta pública, la 'Memoria de impacto normativo' y el dictamen del Consejo de Estado, que hubieran sido preceptivos como proyecto de ley.

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También se pronuncian sobre el régimen sancionador, ya que la norma presentada en el Congreso prohíbe trasladar el coste al cliente, fijando una sanción equivalente al 150% del gravamen repercutido. En opinión del IEE, estas multas vulneran los artículos 9 y 25 de la Constitución por poder aplicarse a conductas llevadas a cabo antes de la aprobación de la ley, además de suponer una vulneración flagrante de la libertad de empresa.

Creen igualmente que la calificación del impuesto como prestación pública no tributaria supone vetar la participación de las CCAA en la recaudación, lo que, además de entrar en conflicto con la Constitución, puede suponer al Gobierno un serio encontronazo con el PNV.

Los vascos se muestran renuentes porque son conscientes de que no van a poder meter mano al impuesto. Por ahora, solo han aceptado la tramitación parlamentaria. Cada vez resulta más visible el hartazgo de un PNV que, víctima de la muletilla de Sánchez, se entera de las medidas que afectan a sus arcas públicas a través de las ediciones matutinas de la prensa oficialista. No es el único. Ahí están el resto de fuerzas parlamentarias, las empresas e incluso el BCE para corroborarlo.