'Cocoon' en Cascais: los jubilados de oro huyen de España

El término cocoon no solo hace alusión a la película de Ron Howard, en la que un grupo de ancianos recupera sorprendentemente las energías de la juventud tras bañarse en la piscina de la residencia aledaña, donde hay sumergidas unas vainas extraterrestres. También es el término con el que se refieren a determinadas urbanizaciones de Portugal, levantadas en torno a campos de golf, donde los jubilados de oro de la banca española, señores de sesenta y pico años con la chequera bien muñida, se instalan para cobrar la pensión. Se trata de exejecutivos de Santander, BBVA y demás entidades patrias, que hacen pandilla en aquellos predios living la vida loca, de brunch en brunch, de casa en casa.

La explicación de la migración de estos altos patrimonio de España a Portugal no obedece tanto a las bondades climáticas como a las bondades fiscales del país vecino, que ha apostado por un camino distinto a pesar de compartir credo ideológico. Portugal está considerado business friendly de cara a los inversores mientras que el nuestro no cesa de sacar el látigo. De ahí, el SOS de las grandes fortunas, buscando fórmulas para aminorar el golpe o, directamente, poniendo pies en polvorosa. El último invento patrio, aún por definir debido a su difícil encaje constitucional, es el llamado impuesto de la solidaridad. Se trata de un eufemismo para resucitar el impuesto sobre patrimonio desaparecido en algunas CCAA que, en principio, gravará con un 1,7% a los que tengan entre tres y cinco millones, con el 2,1% entre cinco y diez millones, y con el 3,5% en adelante.

En un reciente viaje a España, Macri mostraba su preocupación por la deriva de Europa, en general, y de la de España, en particular

El Gobierno pretende recaudar 1.500 millones por esta vía, que afectaría a cerca de 23.000 contribuyentes. Su aplicación estará limitada en el tiempo, solo a los ejercicios de 2023 y 2024, aunque ya sabemos que el carácter temporal en España suele ser bastante permanente: el de patrimonio nació en 1977 con vocación censal, de forma excepcional y carácter temporal, y todavía estamos dando vueltas a la pelotita. Para más inri, el impuesto de la solidaridad español no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Solo Suiza o países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Bolivia cuentan con una figura fiscal parecida.

Tan es así que, en un reciente viaje a nuestro país, el expresidente Mauricio Macri mostraba su preocupación por la deriva de Europa, en general, y de la de España, en particular. Salvando las distancias, habíamos pasado de ser exportadores de los valores de la democracia liberal al resto del mundo a ser importadores del populismo e intervencionismo propios de Latinoamérica. Aludía, concretamente, a la tasa que el Ejecutivo argentino ideó como "aporte solidario y extraordinario para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia de covid", que no era sino una tasa a las grandes fortunas que provocó que muchos inversores salieran escopetados del país y que ha sido el modelo en el que luego se ha inspirado Pedro Sánchez para su cruzada contra los ricos.

Así las cosas, lo del impuesto a la solidaridad del Gobierno español no es tanto por Thomas Piketty como por la peronista Cristina Fernández de Kirchner, pudiendo tener aquí un efecto similar al de allá. "La comunidad de argentinos, venezolanos, mexicanos y de tantos países de América central y del sur que han venido a España y, en concreto, a Madrid, es espectacular. Vinieron huyendo del infierno fiscal de sus países de origen. Trajeron sus negocios, sus empresas, generaron riqueza en suelo español y crearon muchos puestos de trabajo. Planteémonos si queremos que vuelvan a marcharse. Porque tal como vinieron, si entra en vigor este nuevo impuesto, se irán", escribía el empresario argentino, afincado en España, Martin Varsavsky, en este mismo diario.

Opinión

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Los cocoon están diseñados para personas que ya han cumplido una edad, cuentan con liquidez suficiente y han liquidado su estructura empresarial en España. El resto de grandes fortunas, por mucho que pretendan hacer el petate y marcharse fuera para pagar menos impuestos, como augura Varsavsky, no podrá hacerlo. Primero, por el exhaustivo control de Hacienda que impide que cualquiera que mantenga un núcleo mínimo de intereses económicos en nuestro país pueda tributar en otro distinto. Y, segundo, por el corralito de personas, o exit tax, que les obliga a devengar todas las plusvalías latentes acumuladas. Es un 'impuesto de salida' que puso en marcha en su día Cristóbal Montoro y que tienen que pagar las personas físicas, sean españolas o extranjeras, que quieran trasladar su residencia habitual fuera de España. Toda una pastizara.

Porque, si hay que hablar del impuesto de solidaridad que pretende aplicar María Jesús Montero, también resulta obligatorio hacer lo propio con Montoro. El impuesto sobre patrimonio nació de mano de la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, junto al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es una figura fiscal a la que siempre ha perseguido la polémica por su carácter confiscatorio. Como dicen los asesores fiscales, es muy cuestionable que el dinero que tú guardas en un calcetín te lo vaya sisando año a año el Estado sin hacer nada. Curiosamente, fue Zapatero quien lo eliminó el 1 de enero de 2008 y Montoro quien lo resucitó para los años 2011 y 2012. Cosas veredes.

Ahora vuelve a la palestra camuflado de impuesto a la solidaridad y con el objetivo de castigar a aquellas comunidades, especialmente Madrid, en las que prácticamente ha desaparecido patrimonio gracias a las bonificaciones. Ese es el punto clave. No se trata tanto de criticar las subidas de impuestos en circunstancias excepcionales como la actual (gravar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas resulta coherente), sino el interés político y electoral que se esconde tras las mismas. En definitiva, no se trata de los ricos. Se trata de Madrid. Se trata de Ayuso.