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'Hedge' versus Estados: el futuro de la industria europea se juega en Castellbisbal
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Nacho Cardero

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'Hedge' versus Estados: el futuro de la industria europea se juega en Castellbisbal

El futuro de Celsa se dirime en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, que tendrá que pronunciarse sobre el plan de reestructuración. Marcará la línea oficial

Foto: Francesc Rubiralta, de Celsa Group. (EC)
Francesc Rubiralta, de Celsa Group. (EC)
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La madre de todas las batallas geocomerciales no tiene lugar en Bruselas, donde los días 9 y 10 de febrero se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para salvaguardar la industria europea y fijar respuesta conjunta a la nueva Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) de EEUU, sino en Castellbisbal, municipio de la comarca del Vallès Occidental, Barcelona. Allí se encuentra la sede de Celsa, líder en producción de acero circular y bajas emisiones, con 12.000 trabajadores en todo el mundo, de los que 4.500 están en España.

Desde hace unos años, esta compañía metalúrgica, inmersa en una precaria situación financiera, se enfrenta a una ristra de fondos distressed cuyo principal objetivo es hacerse con sus plantas a precio de saldo y maximizar su beneficio.

Foto: Logo de Celsa Group. (Celsa Group)

Al frente de Celsa se encuentra un miembro de familia ilustre, Francesc Rubiralta Ribó, que de la burguesía catalana apenas tiene el apellido, pues se rige por otros patrones, no presume ni le gustan los boatos, es familiar, introvertido y muy poco dado a la proyección pública, aunque se ha visto obligado por exigencias del guion o, lo que es lo mismo, para que no le devoren los hedge funds.

Se hizo con los mandos de la compañía a la muerte de su padre, Francisco Rubiralta Vilaseca. No era su idea, pues hubiera preferido hacer carrera profesional en Estados Unidos, dando continuidad a su periplo de Wharton, pero tuvo que avenirse a los deseos familiares por responsabilidad y por una cuestión de sangre. Frisaba los 30 años cuando le pasaron el testigo. Demasiada carga para tan pronta edad. Desde entonces, ha tratado de garantizar la viabilidad de la empresa con éxitos y algún que otro fracaso por culpa de la pandemia, que le ha llevado a incumplir sus compromisos de pago.

En el año 2017, Rubiralta llegó a un acuerdo con la banca española para refinanciar su deuda, que se había disparado durante la etapa de expansión liderada por su padre. Sin encomendarse ni a dios ni al diablo, y mucho menos a Celsa, las entidades financieras decidieron sacarse de encima los créditos en el mercado secundario. No lo hicieron por gusto, sino porque el Banco Central Europeo obligaba a ello.

Los tiempos han cambiado y hay una decisión clara, desde las instituciones, de salvaguardar el sector industrial europeo

Desde la hecatombe de Lehman —la práctica totalidad de los fenómenos económicos que acontecen en la actualidad tiene su origen en la Gran Recesión de 2008—, el BCE les hace provisionar o sacarse de encima la deuda no sostenible. Los fondos distressed olieron la sangre y llamaron a las puertas de la banca española, que les vendió 2.400 millones de deuda de Celsa por apenas 250 millones de euros. Un desembolso mínimo con el que pretenden hacerse con el grupo. Una operación entre la genialidad y la usura.

Arropados por la nueva ley concursal, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, los fondos acreedores solicitaron a los tribunales un plan de reestructuración cuyo objetivo final consiste, básicamente, en hacerse con el control de la compañía y sacar a los Rubiralta de la propiedad. Según los acreedores, Celsa acumula una deuda vencida de 1.051 millones y tan solo dispone de caja por valor de 85 millones para hacer frente a la misma.

Si fuera otra época relativamente reciente, tales argumentos nos llevarían a pensar que, en una sociedad donde se cumplen los contratos escritos a tinta, los Rubiralta deberían ir pensando en hacer las maletas. Pero lo cierto es que los tiempos han cambiado y hay una decisión clara, desde las instituciones, de salvaguardar el sector industrial europeo, impulsar las ayudas a las empresas nacionales y asegurar cadenas de suministro estratégicas. Visto así, los hedge funds parecen tenerlo más crudo de lo habitual.

La corriente dominante anima al Estado a tener un papel más activo y censura el poder desmedido de bancos y fondos de inversión

Sobre todo si, como es el caso, Rubiralta cuenta con el apoyo del Gobierno central. Desde la SEPI, se han concedido fondos por valor de 550 millones para la supervivencia financiera de la metalúrgica, ayuda condicionada a un pacto previo con los fondos, cosa que no ha ocurrido. El Mazzucato patrio, es decir, Manuel de la Rocha, está remando del lado de Celsa. Hablamos de 4.500 trabajadores y un sector estratégico para el país.

Se trata de una corriente económica hoy dominante, que anima al Estado a tener un papel más activo en el tejido empresarial y censura el poder desmedido de unos bancos y fondos de inversión que se mueven con un afán meramente especulativo y no piensan en la inversión productiva; una corriente que propugna que los gobiernos ejerzan de contrapeso al libre mercado actual y sirvan de espoleta para la innovación e inversiones productivas.

"Es el tiempo de Europa. La autonomía estratégica de Europa es su soberanía operativa", "la UE tiene reglas del siglo pasado, de un mundo que ya no existe", "las cesiones que tome la UE ahora van a ser clave para definir la geopolítica económica y empresarial de este siglo", "no son tiempos de confrontación ni de fragmentación, sino de colaboración y cooperación". Las palabras no son de Stiglitz sino de José María Álvarez-Pallete en una entrevista en Expansión.

Foto: Francesc Rubiralta, presidente de Celsa Group.

La melodía es la misma que se ha escuchado en la última edición de Davos, una melodía que se debate entre las esperanzas de un nuevo capitalismo consciente para hacer frente a los desafíos de este siglo XXI y las suspicacias por el mayor intervencionismo de los Estados. Ya lo dijo Larry Fink, el tan admirado como denostado CEO de BlackRock: "Una empresa no puede lograr beneficios a largo plazo sin contar con un propósito y sin tener en cuenta las necesidades de un amplio elenco de partes interesadas".

El futuro de Celsa se dirime en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, quien tendrá que pronunciarse próximamente sobre el plan de reestructuración presentado por los fondos distressed. Sea como fuere, habrá que ver la reacción del Ejecutivo. Lo de Celsa dista de ser otro caso más de compañía industrial acosada por fondos. Creará precedente y marcará la línea oficial. Una nueva soberanía industrial. La resurrección de Keynes.

La madre de todas las batallas geocomerciales no tiene lugar en Bruselas, donde los días 9 y 10 de febrero se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE para salvaguardar la industria europea y fijar respuesta conjunta a la nueva Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) de EEUU, sino en Castellbisbal, municipio de la comarca del Vallès Occidental, Barcelona. Allí se encuentra la sede de Celsa, líder en producción de acero circular y bajas emisiones, con 12.000 trabajadores en todo el mundo, de los que 4.500 están en España.

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