Tsunami Democràtic y CNI, una página ignominiosa de nuestra historia reciente

El juez García-Castellón sitúa a altos cargos de ERC al frente de Tsunami Democràtic. Según la información que publicamos en exclusiva, dirigentes como Marta Rovira o Xavier Vendrell estuvieron en las bambalinas de esta plataforma que puso en jaque al Estado, bloqueando el aeropuerto de El Prat, cortando autopistas y organizando altercados callejeros contra edificios de las Fuerzas de Seguridad. Lo que vino después es de sobra conocido y constituye una de las páginas más ignominiosas de nuestra historia reciente.

El CNI se arrogó la misión de investigar a los cerebros que se ocultaban tras Tsunami, pues no solo es una de sus competencias, sino también una de sus prioridades, tal y como refleja la directiva de Inteligencia, que sitúa el independentismo como uno de los mayores riesgos que enfrenta el Estado español. Hubo escuchas a los hoy señalados por la Audiencia Nacional y se hicieron bajo control judicial, tal y como recoge la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del centro.

Los mismos que montaron Tsunami, según la Audiencia Nacional, laminaron a Paz Esteban. ERC se encargó de apretar el gatillo

Cuando las intervenciones de los móviles salieron a la luz, los sediciosos pusieron pie en pared y exigieron a Sánchez responsabilidades políticas y unas cuantas cabezas encima de la mesa. El Gobierno les entregó la de la directora del CNI. Los mismos que montaron Tsunami, según la AN, laminaron a Paz Esteban. ERC, el socio del Ejecutivo, se encargó de apretar el gatillo. La victoria del independentismo, la sumisión de Sánchez.

Desde entonces, el CNI no levanta cabeza. La desazón, cuando no el derrotismo, se extiende por la cuesta de las Perdices como una nube tóxica. Los agentes están sin actividad. Apenas les dan órdenes ni objetivos que investigar más que los que mantienen por cierta inercia de tiempos pasados. No cuentan con ellos. Los jefes no quieren problemas allí donde hace falta pax romana. Los agentes han dejado caer el boli.

Lo del Centro Nacional de Inteligencia es un ejemplo del nivel de degradación en que están cayendo instituciones clave para el país dentro de esa estrategia gubernamental de ir copando esferas de poder que no le son propias. La sociedad civil, enfrascada en polémicas que nos lanzan como huesos, tales que los vientres de alquiler o los capirotes de los nazarenos, no se percata de la gravedad del asunto, aun a sabiendas de que el ocaso institucional siempre conduce a la corrupción política y la miseria económica.

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No es solo el CNI, ni el CIS o RTVE. La lista de organismos que han sido abducidos por las injerencias políticas del Gobierno es larga, organismos que resultan mollares para el buen funcionamiento del país, con especial mención a aquellos que se erigen en clave de bóveda de la seguridad del Estado, caso de los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

¿Se acuerdan de aquella UDEF que tanto espacio ocupaba en la prensa? ¿Y de la UCO? Prácticamente, han desaparecido de los titulares. Los han ido matando por inanición, quitándoles competencias, restándoles recursos. Aunque tanto la UDEF como la UCO deben ser objeto de una crítica racional por algunas malas praxis en las que incurrieron en el pasado, ello no es óbice para hacerlas desaparecer sin que medie explicación alguna.

Otro ejemplo especialmente sangrante es el de Diego Pérez de los Cobos, acaso la prueba del nueve de la pérdida del sentido de Estado en que ha caído nuestra clase dirigente. El coronel fue cesado "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento", esto es, por no entregar al Gobierno un informe que la jueza había ordenado taxativamente que no entregara. Marlaska camufló su decisión bajo el argumento de la "pérdida de confianza".

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Ahora, el Tribunal Supremo ha anulado el cese al considerarlo ilegal y ha ordenado restituir al mando en su puesto al frente de la Comandancia de Madrid. La decisión del TS se apoya en una jurisprudencia ya asentada en la sala, según la cual el cese de los cargos públicos discrecionales tiene que estar motivado. Para esta justificación, no basta la pérdida de confianza, sino que hay que blandir razones de peso.

La de Marlaska es una figura jibarizada por los polémicos incidentes que han ido salpimentando la legislatura. Pese a este último varapalo, sigue siendo ministro del Interior. Pedro Sánchez lo tiene blindado, a pesar de haber perdido el favor de los suyos. Lo mantuvo tras la tragedia de la valla de Melilla y vuelve a hacerlo ahora.

La que sí ha dimitido es la directora general de la Guardia Civil y mano derecha del ministro, María Gámez. Lo hizo días antes de saberse la sentencia del TS. Renunció, según sus palabras, para "salvaguardar y proteger a mi familia" a raíz de un caso de corrupción en el que está imputado su marido. Descartó que tuviera que ver con la sentencia de Pérez de los Cobos. A nadie escapa, sin embargo, que la sombra del coronel es alargada.

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Para el anuncio, Gámez se hizo rodear de altos mandos del Instituto Armado, a pesar de que su marcha se debía a razones estrictamente personales y judiciales, que nada tenían que ver con el cuerpo. El malestar en la Guardia Civil fue notorio. Consideraron que su ya exdirectora los había utilizado para su propio blanqueamiento.

A raíz de esta imagen, empezó a circular por los WhatsApp un vídeo del Jemad de Australia de 2019 en el que interrumpía en directo a su ministro de Defensa para decirle, después de pedir disculpas, que iba a retirar a sus militares ante el cariz político de su discurso. El vídeo, como podrán imaginar, corrió como la pólvora entre los guardias civiles.