Pocas luces y muchas sombras en el desembarco de Arabia Saudí en Telefónica

De la toma de participación de Arabia Saudí en Telefónica poco se sabe más que la conmoción generada y los detalles desgranados con cuentagotas, algunos de ellos incluso contradictorios, que hacen que la operación sea más propia de una novela de Arthur Conan Doyle que de un manual de inversiones de la London School of Economics. De lo que estamos seguros es de que supondrá un antes y un después para la compañía —y por añadidura para el grueso del Ibex—, y que tendrá consecuencias.

Curiosamente, lo más llamativo de la operación es también lo más obvio: que el grupo saudí STC se haya hecho con un 9,9% del capital (un 5% supeditado al visto bueno del Ejecutivo) por apenas 2.100 millones de euros, lo que significa que Telefónica, el oráculo del Ibex 35 (con permiso de Inditex) y oscuro objeto de deseo de la clase empresarial española, vale actualmente poco más de 20.000 millones, una quinta parte que en los momentos previos a la Gran Recesión de 2008 y la mitad de lo que llegó a cotizar Terra.

No deja de resultar sintomático, y peligroso, que pase a tener como mayor accionista a una monarquía absoluta que se rige por la 'sharía'

La operadora presidida por José María Álvarez-Pallete resulta una bicoca para cualquier fondo internacional que quiera entrar en una compañía a precio de saldo y con perspectivas de hacerse con una buena rentabilidad, pues existe la convicción de que vale bastante más de lo que los analistas y los propios inversores dicen de ella. Ya saben: la suma de las partes, es decir, sus filiales y negocios, es muy superior al todo. El mejor profeta de esta buena nueva ha sido Isidro Fainé, ahora con la mosca detrás de la oreja, que ha ido adquiriendo paquetes de la compañía, incluso en los momentos de mayor debilidad.

El Gobierno de España no es ajeno a esta circunstancia ni tampoco a lo que supone Telefónica, columna vertebral del país, tal y como se pudo comprobar durante el confinamiento, cuando las redes aguantaron demandas muy superiores a la media, cosa que no ocurrió en otros países y con otras telecos. De ahí el real decreto antiopas, que establecía que la Moncloa debía dar permiso a cualquier inversor para la compra de más de un 10% de una sociedad estratégica. Porcentaje que luego bajó al 5% para empresas relevantes en la seguridad nacional, como sucede con la operadora.

Otro hecho irrebatible es que el comprador de este 9,9% no es sino Saudi Telecom (STC), controlado por el fondo soberano de Arabia Saudí. Aunque en los últimos 15 años España se ha acostumbrado a recibir grandes sumas de dinero de los países del golfo Pérsico —ahí están los ejemplos de Iberdrola y El Corte Inglés, entre otros—, no deja de resultar sintomático, y peligroso, que uno de los mayores baluartes patrios pase a tener como mayor accionista a una monarquía absoluta que se rige por la sharía.

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Curiosamente, el anuncio de la operación de STC en territorio español ha coincidido en el tiempo con la condena a muerte de un profesor retirado en Arabia Saudí después de que este criticara en varios tuits a las autoridades. El país de Oriente Próximo nunca se ha mostrado muy sensibilizado con los derechos humanos y menos aún con la libertad de expresión. Basta con echar un vistazo a The Killing In The Consulate: The Life and Death of Jamal Khashoggi, escrito por el periodista Jonathan Rugman.

Todo ello hace que, aunque Telefónica no quiera, la operación tenga más calado político que empresarial. Así, frente a la contemporizadora Nadia Calviño o al más asertivo Félix Bolaños, que asegura que se trata de "una muestra de confianza y una apuesta por España", la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha dicho que "no se puede consentir" lo que ha pasado y que trabajará "para que no se produzca" la compra de los árabes.

Tampoco hay que olvidar las relaciones bajo el radar que mantienen Arabia Saudí y Rusia, los dos mayores productores de petróleo del mundo, que han llevado el crudo por encima de los 90 dólares, ni el memorando firmado por STC y la china Huawei para una alianza estratégica global para el desarrollo tecnológico del 5G. Ni qué decir tiene que estos movimientos, así como la irrupción en Telefónica, han puesto en alerta a Estados Unidos.

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Luego ya entramos en el terreno de las especulaciones —¿quiénes estaban al corriente de la operación? ¿Está supeditada a los contratos con Navantia? ¿Cómo no hubo filtraciones previas? ¿Cuál es el papel de José del Valle en la compra del paquete?—, que son siempre aguas movedizas, pues la aplicación del sentido común, acaso el menos común de todos los sentidos, no siempre conduce al camino correcto.

El hecho probado es que tanto en la Ciudad de las Comunicaciones como en la Moncloa se muestran sorprendidos y aseguran oficialmente no haber tenido constancia previa de la operación, lo cual, lejos de resultar una atenuante, supone una deficiencia en los protocolos de buena gobernanza. Implica un fallo sistémico en la seguridad tanto de Telefónica, que no tuvo constancia de la compra de sus acciones ni de la entrada de inversor tan relevante, como del Gobierno, cuyo Centro Nacional de Inteligencia, ahora al ralentí por exigencia de sus socios independentistas, tampoco habría sabido de las intenciones saudíes.

Una contrariedad de la que participan la hasta ahora guardia de corps de Telefónica, esto es, sus accionistas tradicionales y núcleo de control español, La Caixa y BBVA, más luego BlackRock, que, piano piano, ha ido aumentando su paquete accionarial en la operadora. Los tres ignoraban el desembarco saudí, los tres cuestionan su rol en la empresa.

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Caso paradigmático también es el de la Casa Real, quien se apresuró a asegurar que Felipe VI "no ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica". Un apunte que no es sino un cortafuegos frente al Rey emérito, pues se desconoce si este último sabía algo de la operación, habida cuenta de sus vinculaciones con Arabia Saudí. Recordemos que fue este país el que realizó la polémica donación de 100 millones de dólares a don Juan Carlos.

Como decimos, Telefónica y política siempre han ido de la mano. En este caso, la llegada de STC se produce justo con un Gobierno en funciones y con un proceso de investidura que genera incertidumbre en todo el país. También en Telefónica. Los designios de la operadora, como los de cualquier empresa con un negocio con implicaciones para el conjunto del país, no serán los mismos con Sánchez que con Feijóo. Eso lo sabe Álvarez-Pallete. La irrupción de un accionista como STC debería servir para blindarse frente a injerencias externas.

Sea como fuere, la imagen de España en los mercados internacionales se ha resentido. Por la falta de comunicación y el descontrol proyectados, y por esa sensación de estar desmantelando el país para venderlo al mejor postor. Que no vaya a ser así, dependerá de cómo gestionen la situación los directivos de Telefónica. Por de pronto, vayamos comprando un diccionario español-saudí, saudí-español, para saber cómo se dice matilde en árabe.