Celsa solo es el principio: el tsunami empresarial que se le viene encima al Gobierno

Los politólogos no se cansan de repetir que estamos en el inicio de un nuevo orden mundial donde la geopolítica ha desplazado a la economía como palanca tractora. Dice Borrell que la invasión de Ucrania ha demostrado que la UE no puede seguir al albur del resto del mundo en materias clave y que hay que independizarse de EEUU en defensa, de Rusia en aprovisionamiento energético y de China en cuestiones de comercio mundial. Lo dice y nosotros nos lo creemos como si fuera Yul Bryner vendiéndonos el crecepelos definitivo.

El discurso de Borrell se compadece mal con algunos de los últimos movimientos corporativos, tales como la compra de un 9,9% de Telefónica por el fondo soberano de Arabia Saudí, situándose como principal accionista de la operadora, o la toma de control del 100% de Celsa por parte de los fondos. Tanto la teleco como la compañía siderúrgica están consideradas empresas sistémicas por el Estado español. Si Arabia Saudí y los inversores oportunistas son la salvación de nuestro tejido empresarial, bendita sea la autonomía estratégica por la que claman las autoridades bruselenses.

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Más allá de las conspiraciones del eje del mal para hacerse con la economía productiva occidental, estos movimientos tienen una explicación de lo más simple. A saber: los saudíes entran en Telefónica porque está barata y se trata de una buena compañía; los fondos se hacen con Celsa porque está en quiebra y es incapaz de devolver los préstamos. Lo que viene a ser el libre mercado. Si Telefónica capitalizara lo que Apple o Celsa repartiera un dividendo como el de Inditex, estaríamos hablando de otra cosa, pero no es el caso.

Lo mollar de estas operaciones es que acontecen en un momento en el que las teorías de Mazzucato, que propugna que los gobiernos ejerzan de contrapeso a los lobos de Wall Street y tengan un papel activo en la economía, se están imponiendo a las de Milton Fridman, máximo exponente del credo neoliberal, cuyo dogma consiste en crear el máximo valor para el accionista, y eso sí que es un problema y, sobre todo, una contradicción.

No se puede sorber y soplar al mismo tiempo. O creemos en las reglas del mercado, o abogamos por una mayor intervención del Estado en aras de la autonomía estratégica. Carlos Sánchez nos recordaba este fin de semana el trilema de Rodrik o la imposibilidad de defender de forma simultánea la hiperglobalización, la soberanía nacional y la democracia.

Opinión

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El trilema tiene su aquel en un escenario macroeconómico que se está complicando por momentos, donde son muchos los fondos oportunistas que están agazapados en la City a la espera de que se produzcan más casos como el de Celsa. Pequeñas y medianas compañías que, ahogadas por unos tipos que han pasado de cero a 4,5% en menos de lo que un Ferrari alcanza los 100 kilómetros a la hora, caen en manos de sus acreedores.

La política llevada a cabo por la Administración norteamericana, conocida popularmente como Bidenomics, que pivota en torno al sector y la inversión pública, ha dopado a aquel país como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial con unos estímulos de cerca de 14 puntos de PIB. Gracias a ello, la economía ha seguido creciendo, pero también lo han hecho el déficit presupuestario y la inflación. La Fed ha tenido que subir los tipos hasta el 5,5%, su máximo nivel desde 2001. La curva de rendimientos de los EEUU lleva tiempo invertida y anticipa una recesión que se procrastina en el tiempo.

En Europa, el escenario podría pintar algo mejor, si no fuera porque siempre acaba arrastrada por lo que ocurre al otro lado del Atlántico. En solo un año, ha incrementado los tipos de interés en 450 puntos básicos. Aun así, no ha conseguido frenar la inflación, que está repuntando por los costes energéticos. La preocupación del BCE es cada vez mayor. El dinero en circulación se ralentiza. Se extiende la sensación de que hay un cambio de paradigma que traerá consigo algo impensable hasta hace poco: la escasez de capital.

El maná de papá Estado toca a su fin y las reglas fiscales y, por ende, la austeridad, regresa a nuestras vidas

Estos datos macro podrían resultar un poco fríos si no fuera porque tienen su reflejo en la micro, es decir, en el mundo real, donde las empresas han visto incrementar considerablemente sus costes fijos por los sueldos y la energía, así como sus gastos financieros por culpa de la vertiginosas subida de tipos.

A ello hay que sumar el grado de apalancamiento de algunas compañías que no han sabido (o no han podido) refinanciarse a tiempo, así como la nueva ley concursal, que se traspone al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea sobre Reestructuración, y que permite a los acreedores llevar la iniciativa en los procesos de insolvencia. Con estos mimbres, son muchos los que empiezan a notar en el cogote el aliento de sus acreedores.

Si el tsunami de reestructuraciones no se ha producido antes ha sido gracias a las ayudas públicas con las que han regado a las empresas durante el confinamiento, primero, y durante la crisis energética, después. Pero el maná de papá Estado toca a su fin y las reglas fiscales y, por ende, la austeridad, regresa a nuestras vidas.

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En los próximos meses, oiremos hablar de otros muchos casos como el de Celsa, lo que no será solo un problema para los dueños de estas compañías, que muy probablemente se queden sin ellas, sino también para un Gobierno como el español, que aboga por la autonomía estratégica y una "economía más humana", y que va a ver como parte de su tejido productivo cae en manos de inversores que no tienen tanto en cuenta los intereses de la empresa ni del país como el bonus de final de año de sus ejecutivos.

Si la compañía que cambia de propietarios lleva la etiqueta de estratégica, necesitará del nihil obstat del Ejecutivo a través de la Autorización de Inversiones Extranjeras. En el caso de Celsa, según apunta Esteban Hernández, el Gobierno aprobará el cambio de titularidad en favor de los fondos siempre y cuando vendan hasta un 25% del capital de la compañía siderúrgica catalana a un inversor industrial, preferiblemente nacional. Es lo mismo que ha ocurrido con ITP Aero, el fabricante de motores adquirido por Bain Capital y en cuyo capital han entrado, entre otros, accionistas vascos e Indra, participada por la Sepi.

En estas encrucijadas, lo mejor es releer a clásicos como Aristóteles, para quien la virtud se encuentra en el justo medio entre dos extremos

El dilema resulta endiablado para el Estado: si frena la entrada en el capital de socios que no son de su agrado por cuestiones políticas, lo más seguro es que esté condenando su viabilidad y que dicha empresa, incapaz de resultar competitiva y amoldarse a las reglas del libre mercado, acabe quebrando, amén de que estaría atentando contra una ley, como es la concursal, auspiciada por Europa; pero, si les abre las puertas de par en par, posiblemente estemos dando entrada a nuestros más íntimos demonios, lo que, a largo plazo, tendrá nefastas consecuencias, como bien apuntaba Borrell en su discurso.

En estas encrucijadas, lo mejor es releer a clásicos como Aristóteles, para quien la virtud se encuentra en el justo medio entre dos extremos y este justo medio no es sino la recta razón que decide el hombre prudente. Otra cosa es que, en los tiempos actuales, el hombre prudente brille por su ausencia.