El dilema de Feijóo: cómo salvar al niño antes de que lo partan por la mitad

"Presentaron la espada al rey y este sentenció:

—Cortad al niño vivo en dos partes, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra.

Entonces, a la mujer de quien era el niño vivo se le conmovieron las entrañas por su hijo y pidió al rey:

—¡Por favor, mi señor! Que le den a ella el niño vivo y no lo matéis".

(I Reyes 3: 16-28, Antiguo Testamento)

Da grima, por no decir espanto, el pacto alcanzado entre los socialistas y las fuerzas independentistas, que implica violentar el Estado de derecho, la separación de poderes, la seguridad jurídica y la igualdad entre ciudadanos. Con todo y con eso, más miedo da aún que haya una élite intelectual que, bajo la vitola de una hipotética superioridad moral, no solamente defiende los acuerdos, sino que se lanza a vilipendiar a todos aquellos que no piensan como ellos, tachándolos de fascistas.

En su célebre El ocaso de las democracias, Anne Applebaum se pregunta cómo es posible que esas personas con las que compartía inquietudes y conversaba amigablemente en los salones de los palacios polacos, de la noche a la mañana, empezaran a traslucir modos y modales autoritarios. Intelectuales que concedían que el partido que había alcanzado el poder ejecutivo, en tanto en cuanto lo había logrado por vías democráticas, pudiera controlar al resto de poderes asistido por la impunidad.

El Financial Times debería recuperar el ensayo de la periodista norteamericana cuando vuelva a hablar de amnistía como instrumento legítimo para rebajar la tensión en Cataluña. Lo mismo para los líderes que se acercaron este fin de semana a Málaga para aupar a Sánchez como referente de la socialdemocracia europea. Lo hicieron bajo los carteles que colgaban de los puentes de la ciudad: "Europe, stop the amnesty". No se trata de la convivencia. Se trata del Estado de derecho. Y sí, efectivamente, España está en la Unión Europea. Polonia y Hungría también. ¿A quién queremos parecernos?

No se trata de la convivencia. Se trata del Estado de derecho. Y sí, efectivamente, España está en la Unión Europea. Polonia y Hungría también

Según va aumentando el perímetro de la amnistía para dar cabida a delitos de terrorismo, malversación o blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, lo hace también el número de fascistas, tal y como se pudo constatar en las exitosas movilizaciones de este domingo. El sondeo de El Confidencial señala que el 63,8% de los españoles está en contra de una investidura en los términos pactados. Un 43% de los votantes del PSOE —la derechona disfrazada de corderitos socialdemócratas— se declara igualmente a favor de la repetición electoral.

Además de "la derecha mediática, política y económica" a la que se refiere la ministra María Jesús Montero, está luego la derecha de los inspectores de Hacienda, que se muestra contraria al acuerdo por atentar contra la igualdad y al troceo de la Agencia Tributaria; la derecha sindical, que ha convocado huelgas por la entrega de Rodalies, y la derecha legal, que denuncia la "evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes", por poner solo unos ejemplos.

Opinión

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Los pactos de la deslealtad

El Confidencial

Especialmente significativos han resultado los comunicados de las asociaciones de jueces, incluida la progresista, criticando las referencias a la supuesta judicialización de la política que puede dar lugar a acciones de responsabilidad, o los pronunciamientos de los grandes despachos de abogados, poco dados a mojarse en lides políticas, contra los apartados más controvertidos del acuerdo PSOE-JxCAT. Los nacionales ya lo han hecho. Pronto vendrán los despachos internacionales. Todos fachas.

Argumentaba Javier Gomá en El Mundo que la amnistía es ilegal, inmoral e inoportuna. De los tres adjetivos que le dedica, el más ajustado para explicar lo que está ocurriendo en este país es el segundo de ellos, el de la inmoralidad, el mismo que Applebaum dejaba traslucir en sus escritos al calor de la polarización, ya que los otros dos se encuentran sometidos al relativismo imperante. Es decir, pueden ser objeto de discusión entre las partes.

Pueden serlo a pesar de que la retórica monclovita tiene más agujeros que un queso gruyere y cueste digerir que lo que ahora es legal no lo fuera hace cuatro meses. De los autores de "el 1-O es delito de rebelión", "no habrá indultos", "no se suprimirá la sedición" "ni habrá amnistía", llega ahora el "todavía no hay nada pactado", orillando el hecho de que se van a sentar a negociar asuntos que se encuentran fuera del marco constitucional.

Los pactos de la deslealtad se articulan en torno a la falta de principios y la sensación falaz de que las decisiones de hoy no tendrán consecuencias

Pero lo más grave, insisto, es lo que concierne al ámbito de la moral, sustantivado en la defensa que se hace del documento político rubricado por socialistas e independentistas y en las críticas a las manifestaciones, tachadas de antidemocráticas, por ser más los españoles que votarán la investidura de Pedro Sánchez que los que votarán en contra.

¿Significa esto que el pacto alcanzado por el PSOE con sus socios le otorga una mayoría parlamentaria que le permite hacer lo que quiera, situándose por encima de la ley? ¿Maniatar cuando no encausar al poder judicial? ¿Encorsetar el legislativo a golpe de decretos y proposiciones de ley que les permitan saltarse los órganos consultivos? ¿Descarrilar todos los instrumentos de control al Gobierno? Esto tiene otro nombre.

Los pactos de la deslealtad —como denominamos en el editorial que ha publicado El Confidencial con carácter excepcional, pues este periódico se pronuncia en escasas ocasiones y todas ellas de extrema gravedad— se articulan en torno a la falta de principios y vienen avalados por personas que actúan no tanto guiadas por la mala fe como por la sensación falaz de que las decisiones de hoy no tendrán consecuencias futuras.

Las manifestaciones de este domingo nos muestran una sociedad civil que empieza removerse frente al retroceso de derechos

Las manifestaciones de este domingo, los sondeos publicados y los comunicados de asociaciones nada sospechosas nos muestran una sociedad civil que, además de confusa y preocupada, empieza removerse frente al retroceso de derechos fundamentales.

Václav Havel lo llamaba "el poder de los impotentes" o "actuar como si…". Como si fuéramos ciudadanos de una sociedad libre, como si pudiéramos expresarnos sin cortapisas, aun a riesgo de que nos lapiden en las redes, ejercer de contrapeso frente al Ejecutivo pese a la progresiva desaparición de la separación de poderes, pensar que el PSOE sigue siendo un partido de Estado. Puede que no sirva. Poco importa. Hablamos de principios y valores.

El marco sirve igual para valorar la política de Pedro Sánchez que la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, protagonista de las movilizaciones del domingo. Si Feijóo no quiere ser presidente a toda costa y prefiere gobernar respetando el juego democrático, resulta legítimo preguntarse por una abstención del PP en el debate de investidura a cambio de archivar la amnistía y los pactos con los partidos que pretenden acabar con el Estado español.

Llegados a este extremo, no hay que plantear el dilema desde un punto de vista político, sino desde el frente de los principios y valores

Si nos encontramos en una situación de extrema gravedad para el país, consecuencia de una crisis de gobernabilidad, derivada del hecho de que el candidato a presidente necesita los siete votos de un prófugo de la Justicia, ¿no habría que valorar una abstención patriótica del PP a cambio de seguridad jurídica y separación de poderes?

El movimiento parece a todas luces inoportuno, habida cuenta del éxito de las manifestaciones de este domingo, capitalizadas por Feijóo. Con este nivel de contestación social, lógico tras las cesiones y el engaño, poner la otra mejilla con una propuesta de esta índole sería interpretado por parte de los suyos como una inaceptable señal de debilidad. Más a más, sabiendo de la escasa fiabilidad de Pedro Sánchez.

La cuestión es que, llegados a este extremo, no hay que plantear el dilema desde un punto de vista político, como nos tratan de inocular desde la Moncloa, sino desde el frente de los principios y valores. Los líderes deben asumir consecuencias que no les corresponden incluso en detrimento de sus intereses. Frente a esa revolución que quiere hacer desaparecer todo aquello que dábamos por bueno, la evolución de una democracia como la española que tiene tantos defectos como virtudes de las que presumir.