Sánchez toma nota de los empresarios díscolos

Pocas veces se ha escuchado tan alto y claro a un empresario como se escuchó a Ignacio Garralda en los Premios Influyentes de El Confidencial, entregados la pasada semana en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. El presidente de Mutua Madrileña salió en defensa del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de jueces frente a posibles intromisiones, reivindicaciones que no sería necesario verbalizar por lo obvio de las mismas si no fuera por la sociedad vaporosa, más que líquida, en la que nos encontramos.

En línea similar, aunque no tan explícitos, se mostraron Othman Ktiri, de OK Mobility, y Antonio Brufau, presidente de Repsol, compañía esta última sacudida por el vendaval fiscal y normativo del Gobierno. "Antes de tomar una decisión de inversión, miraremos el entorno regulatorio. Seré claro, cristalino: si no vemos estabilidad, tomaremos decisiones", se ha encargado de recordar Josu Jon Imaz, CEO de la petrolera.

No estamos acostumbrados a este tipo de declaraciones. El empresario español es un animal miedoso por naturaleza. La sociedad civil de nuestro país, al contrario de lo que ocurre en el mundo anglosajón, se mira el ombligo y culpa en petit comité a los demás para luego, en público, dar la callada por respuesta y no hacer nada.

De ahí la importancia de las intervenciones recientes de estos y otros insignes empresarios y ejecutivos patrios, tales como Juan Roig, Vicente Boluda o Antonio Huertas, especialmente este último, coincidiendo con la movilización masiva contra la amnistía. "Hoy toca defender la Constitución y el Estado de derecho", dijo el de Mapfre.

Fue el primer representante del Ibex en mostrarse de forma rotunda sobre los pactos con los independentistas. Unas palabras que, sin embargo, apenas han servido de espoleta para que el resto de compañeros, más allá de los Roig y cía., salga a decir en público lo que piensa en privado. La gran banca sigue dando la callada por respuesta. Otros, bien porque quieren, bien porque no pueden, se han plegado a los designios gubernamentales. En su mayoría, lo hacen así porque son conscientes de lo que se les puede venir encima.

Sánchez es de los que toman nota. Sabe que fueron muchos los que, aupados por unos sondeos que situaban a Feijóo en la Moncloa, jugaron al postsanchismo. También sabe que es presidente del Gobierno por los pelos, con la ayuda sobrevenida de Vox y gracias a siete votos del fugado Puigdemont. Tan es así que no está dispuesto a cometer los mismos errores. Tampoco a sufrir tanto. Ni a que le hagan la cama.

Más que venganza, lo de la Moncloa será 'realpolitik'. Anotar los nombres para transar con ellos como moneda de cambio

El director de La Vanguardia, Jordi Juan, que es de los que intuyen por dónde sopla el viento, lo resumía en uno de sus editoriales: "Abróchense los cinturones que vienen curvas. Hay muchas cuentas pendientes de lo que ha sucedido estos últimos meses en España que a partir de mañana se van a cobrar". Leído entre líneas, pudiera parecer un ajuste contra todos aquellos que jugaron al postsanchismo. La realidad se antoja más compleja.

La venganza es el veneno que se toma uno para que muera el otro. De ahí que, más que venganza, lo de Sánchez sea realpolitik. Anotar los nombres para transar con ellos como moneda de cambio. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Sánchez con Antonio Hernando, Óscar López y César Luena? ¿Dónde estaban entonces y dónde están ahora? Pues eso. Hasta a Iván Redondo parece que le empieza a sonar de nuevo el WhatsApp de la Moncloa.

Tomar nota de los grupos de comunicación que no les rinden pleitesía, de los que comenzaron a repartirse el botín de las empresas participadas por el Estado antes de tiempo, de las grandes eléctricas que se rebelaron en Bruselas contra el plan de España y Portugal de intervenir temporalmente el mercado de la electricidad. "Telefónica, Indra, Talgo y Naturgy, pendientes del intervencionismo del nuevo Gobierno", titulaba Expansión. La noticia venía ilustrada con el nuevo titular de Industria, Jordi Hereu. Tomamos nota.

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Marcos Lema

En la CEOE, acaso el parapeto en el que se esconden los empresarios para no pronunciarse a título individual, se han mostrado igualmente taxativos con la deriva del país. En la resolución de su comité ejecutivo advirtieron del grave menoscabo que los acuerdos del PSOE con los independentistas pueden suponer para la separación de poderes y la seguridad jurídica, fundamento de nuestra democracia.

En una entrevista en el Canal 24 Horas, Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE, hablaba sin tapujos de la creciente preocupación por el deterioro del Estado de derecho y de una mayor desigualdad entre españoles: "Nos tienen que explicar por qué lo que antes no cabía en la Constitución, ahora sí cabe. Cuando la ley no se cumple, la confianza de los inversores extranjeros se ve comprometida".

Pero, claro está, una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. En la patronal, se les antoja que la legislatura será larga y no pueden estar a la gresca desde el inicio, sobre todo cuando hay que batirse el cobre para evitar que los planes del nuevo Gobierno —reducción de la jornada y salario mínimo interprofesional— acaben llevándose por delante la productividad de las empresas. El dilema de la patronal es grande y obligará a mantener un perfil más bajo del que desean muchos de los miembros que la componen.

Cinco años después, cuesta imaginar un acto como aquel celebérrimo #Avanzamos, en 2018, organizado con motivo de los 100 días en el poder del Partido Socialista, donde el presidente del Gobierno despachó amigablemente con los mismos a los que hoy hace de menos, con Ignacio Sánchez Galán a la cabeza. El debate de investidura ha dejado claro cómo serán los próximos cuatro años. El Ejecutivo de coalición frente a los empresarios. Los míos frente a los tuyos. La España de los muros.