Casualidades que matan: Grifols y el retorno del Ibex a Cataluña

La rueda de la fortuna ha querido que la misma semana que la compañía Grifols se hundía en bolsa tras el ataque especulativo de Gotham, Junts llegara a un acuerdo con el PSOE, es decir, con Pedro Sánchez, para revertir el real decreto del PP de 2017 y facilitar así el retorno de las 7.000 empresas que sacaron su sede de Cataluña tras los tristes acontecimientos del 1-O. El portavoz de Junts, Josep Rius, habló incluso de multas para aquellas compañías que decidieran mantener su estatus actual y no regresar.

Quizá por ello, merece la pena recordar que Grifols fue la única empresa del Ibex que mantuvo su sede en Cataluña y se vanaglorió de ello. Su presidente, Víctor Grifols, pidió un referéndum por aquellas fechas ("yo sigo siendo referendumtista", apuntó entonces).

Desde aquel momento, muy a su pesar, se convirtió en referente de la causa secesionista: empresario de éxito, líder de una compañía considerada estratégica por EEUU y de férreos principios frente al Estado español. La semana pasada, sus acciones cayeron casi un 40%.

Son muchos los que han salido en defensa de la farmacéutica y en contra de las artes de Gotham City por eso de ser juez y parte, esto es, por ponerse bajista de una compañía al tiempo que elaboraba un informe en su contra. Esta tipología de fondos es paradigma del "greed is good" ("la codicia es buena"), la célebre frase acuñada por Gordon Gekko, causante de tantos y tan profundos males, empezando por la Gran Recesión.

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Pero la farmacéutica tampoco puede sacudirse las responsabilidades. Hay voces que reprochan a Grifols su excesivo apalancamiento, el hecho de colocar deuda en sociedades opacas fuera de su balance, el tratar la empresa como un cortijo familiar, la falta de transparencia y los fallos graves de comunicación, acusaciones todas ellas que, pese a los esfuerzos por negarlas, resultan difíciles de rebatir. Por de pronto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha exigido explicaciones inmediatas.

Cuando en la compañía catalana apuntan a manipulación de mercado, ¿a quién se refieren? ¿A Gotham, por el interés claro en hundir los títulos de la farmacéutica? ¿O a la propia Grifols, que en hecho relevante a la CNMV negaba la mayor y defendía sus praxis contables, disparando su cotización casi un 40% desde mínimos?

El exceso de intervencionismo público supone un misil en la línea de flotación de un país. Hace que su economía se jibarice, que se vuelva ineficiente

Todo esto viene a cuento de que si bien es cierto que, en estos tiempos convulsos, resulta cada vez más necesaria la intervención pública para defenderse de actores espurios en sectores estratégicos de nuestra economía, igual de cierto es que el mercado libre, con sus virtudes y vicios, sirve para depurar ineficiencias y distinguir a las empresas solventes de aquellas que juegan con trampas. Nos referimos a ese capitalismo de amiguetes al que apunta Carlos Sánchez en su nuevo libro, donde impera la ausencia de competencia y la subsidización de sectores clientelares, sin importar el mérito, y corrupción.

Que las prácticas de actores del mercado como Gotham no nos gusten y combinen mal con la moralidad que se espera del liberalismo no significa que sean ilegales. Lo vimos en el caso de Luceño y Medina. "Cuando un empresario hace un contrato en una situación de escasez en la que el mercado no funciona, mala suerte. Que en esas circunstancias haya gente que se aproveche y beneficie está muy bien. Así, cuando haya otra nueva situación como la pandemia, la Administración lo hará mucho mejor", aseguraba Juan Alfaro, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, a El Confidencial.

El exceso de intervencionismo público, bien entrando en el capital de grandes compañías, bien con el aumento de la presión fiscal, la aprobación de impuestos coyunturales que devienen estructurales, la persecución de compañías que deciden reubicarse en otros países o la obligación por motivos políticos de establecer la sede social en aquella comunidad o en aquella otra, supone un misil en la línea de flotación de un país. Hace que su economía se jibarice, que se vuelva ineficiente.

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El tufillo populista se expande y despide un olor difícilmente respirable entre un grupo de empresas a las que el poder político no les termina de quitar el pie de encima, sacándolas de una polémica para inmediatamente meterlas en otra.

"¿Va a recomponer la relación con el mundo de la empresa? ¿Va a aprovechar Davos para reunirse con las grandes empresas del Ibex?", preguntaba la directora de El País a Pedro Sánchez, dejando traslucir las malas relaciones entre empresas y Ejecutivo. "No creo que tengamos que recomponer nada", respondía asertivo el presidente del Gobierno.

Opinión

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Juan Ramón Rallo

En esta corriente de intervencionismo público, Cataluña se lleva la palma. Debe llamar a las puertas de la Moncloa para lograr aquello que no consigue en el libre mercado. Hablamos de una comunidad que carga hacia la izquierda y donde ha calado como en ninguna otra la teoría del decrecimiento. Ahora demandan la publicación de las balanzas fiscales y un pacto fiscal que los equipare al País Vasco y Navarra. Una vez conseguidos los indultos y la amnistía, necesitarán de otro banderín de enganche para ocultar lo que es un secreto a voces desde 2017: la derrota del soberanismo y la mala gestión de la Generalitat.

Cataluña está haciendo agua de forma estrepitosa en temas como la educación (ahí están los resultados de PISA), la Sanidad o la vivienda. La presión fiscal resulta irrespirable. Aun así, piden más dinero y la vuelta de las empresas. Con semejante panorama, no es de extrañar que las grandes compañías hayan puesto pie en pared ante la posibilidad de retornar a Cataluña. Solo Grifols se quedó tras el 1-O y ahora se tambalea en bolsa. Será una casualidad, pero hay casualidades que matan.