El presidente no tiene un problema con los medios. Lo tiene con su entorno

El próximo 17 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en el Congreso de los Diputados el cacareado paquete para la regeneración democrática, un eufemismo que esconde un traje legal a la medida del líder para orillar los casos que afectan a su entorno. No por nada, dicho plan pretende adaptar las leyes orgánicas de Derechos al Honor y Derecho de Rectificación a las necesidades de su persona. También incluye una modificación de la ley de publicidad institucional.

Para que quede claro, lo anunciará solo 48 horas antes de que su mujer comparezca ante la Justicia en una causa por la que es investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La referencia temporal no resulta baladí. El juez Peinado advirtió a Begoña Gómez que "todos los españoles son iguales ante la ley".

Incido en ello porque resulta paradójico, por no decir una broma, que lo mismo que esgrime la defensa de la mujer del presidente —que no se grabe su imagen, atendiendo a la "relevancia pública" de la investigada, para evitar la pena del telediario— sea justo lo contrario de lo que dicen los miembros del Ejecutivo para argumentar que no hay causa alguna. En opinión de los ministros, Begoña Gómez es una persona "anónima" y, en el ejercicio del puesto de responsabilidad que ocupa, "se tiene que ver con empresarios porque forma parte de su trabajo", sean cuales fueren estos.

O se es una persona de relevancia pública o se es una persona anónima. No se puede ser mujer del presidente del Gobierno a ratos, solo cuando conviene.

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Lo dice alguien que fue grabado en esta causa y cuyas imágenes fueron debidamente filtradas a los telediarios al poco de llegar a las partes. La ironía de todo este asunto es que Televisión Española se pasó la mañana del viernes, mientras esperaba a Begoña Gómez en Plaza de Castilla, emitiendo dicha grabación, y charlando con José Antonio Martín Pallín, jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo. Es "difícil" encontrar "tantas anomalías" como en el caso Begoña Gómez, decía. Solo faltaba Garzón de contertulio.

Con estos mimbres, resulta realmente temerario hablar de regeneración democrática y entrar en el debate de los pseudomedios y la máquina del fango.

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A cada pregunta al respecto que han hecho a Pedro Sánchez, el presidente nos ha salido con la Ley Europea de Libertad de Medios, lo cual resulta llamativo, en tanto en cuanto dicha norma, más allá de la inclusión de los estándares de transparencia y gobernanza que deben ir asociados a la prensa y a la información de calidad, pone negro sobre blanco que, uno, las empresas periodísticas no son como cualquier otro negocio y, dos, que es preciso proteger su independencia de las presiones políticas y empresariales.

Sin embargo, por el hecho de coincidir dicho paquete de regeneración democrática con las causas judiciales que acorralan al entorno del presidente y por el tono del discurso de los ministros ("hay que reflexionar sobre muchas cosas, entre ellas si se puede presentar una denuncia con recortes de pseudomedios digitales plagadas de bulos y mentiras", Montero dixit), más que salvaguardar la independencia de los medios, nos maliciamos que la pretensión del Ejecutivo es intervenirlos de hoz y coz, en consonancia con lo realizado en otras esferas de la realidad. Un intervencionismo agotador. En ocasiones, asfixiante.

La excusa es la de siempre: una conspiración de la "ultraderecha" contra su persona con el único fin de derribarlo. ¿Los culpables? Los bulos. Eso sí, luego preguntas y no saben a ciencia cierta a cuáles se refieren, lo que no es óbice para que los satélites afines repitan el mantra oficial sin ni siquiera plantearse lo que hay detrás del mismo.

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La bienintencionada y ya mencionada Ley Europea de Libertad de Medios encierra un pecado de origen. Primero, regula aquello que debería ser autorregulado por los propios profesionales de los medios. Segundo, el reglamento europeo y la ambigüedad del texto abre la puerta a que los Estados se excedan en sus atribuciones y sobrerregulen más allá de lo comprensible, lo que resulta previsible escuchando a nuestros líderes.

Es el mundo al revés. Señalan a los medios cuando quieren decir Pedro Sánchez. Realmente, el problema no es la prensa, sino el Ejecutivo y su incapacidad para diferenciar la acción de gobierno de los intereses personales, familiares y partidistas. Al no establecer barreras claras entre estas parcelas, hace que todas se confundan y surjan dudas razonables sobre la buena praxis de los miembros que conforman el Gobierno de la nación.

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Igual que los medios necesitan de un código deontológico para el buen desarrollo de su profesión, los miembros del Ejecutivo requieren de reglas éticas que eviten más casos como el de Begoña Gómez, donde se ha producido un conflicto de interés evidente. Los conflictos de interés no tienen que ser siempre explícitos sino que pueden ser también aparentes, generando sospechas y falta de confianza a pesar de no haber comportamiento delictivo.

Más que intervenir los periódicos con la excusa de los pseudomedios, el Gobierno debería centrarse en autorregular este tipo de situaciones. No es la prensa, que simplemente ejerce su labor de intermediación entre la realidad y sus lectores. Ni siquiera es Begoña Gómez. Se trata del presidente del Gobierno, de sus ministros y su ética.