Medios, empresas y ahora fútbol: el plan del Gobierno para controlar la RFEF

Todo es política. Se trata de una tendencia cada vez más generalizada, especialmente en el espacio ideológico de la izquierda, de emplear la política como instrumento para ocupar espacios que le son ajenos en aras de una mayor justicia social. El fútbol es un claro ejemplo de ello. La política y, por ende, el virus de la polarización se ha desplazado inexorable hasta el terreno de juego.

No lo digo tanto por el feo de Dani Carvajal al presidente del Gobierno en la Eurocopa, que ha generado más ríos de tinta que la Ley de Amnistía, o por el uso electoralista que se hizo del Mundial femenino que ganó la selección española en Australia, sino por la toma de control de la Real Federación Española de Fútbol por parte del Gobierno. Igual que en la justicia, la empresa o los medios de comunicación, ahora le toca al fútbol. El deporte rey como palanca política.

La RFEF es una institución clave. De ella no solo dependen las selecciones nacionales en todas sus categorías, los árbitros, los entrenadores, así como la Copa del Rey y la Copa de la Reina, y la Supercopa masculina y femenina, entre otros, sino que también sirve para la vertebración del territorio a través de las distintas federaciones. Si el PODER de la Federación es grande, más aún lo es con selecciones campeonas del mundo y a las puertas de la organización de un mundial, con Marruecos y Portugal en 2030.

Todo ello viene a cuenta de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de imponer dos años de sanción al presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, por haberse extralimitado en sus funciones cuando presidía la Comisión Gestora tras la caída de Rubiales. La sanción es consecuencia del expediente elevado al TAD por el Consejo Superior de Deportes, es decir, por el propio Ejecutivo Central.

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Si la idoneidad de Rocha es más que discutible —un señor que, como los monos sabios, ni vio, ni escuchó, ni denunció los desmanes de su antecesor en el cargo— más lo han sido las formas para laminarlo. Se da la paradoja de que el TAD lo ha inhabilitado por las medidas que le había impuesto precisamente el CSD. A saber: el despido de Andreu Camps, exsecretario general de la RFEF, la rescisión del contrato con el bufete GC Legal, que dirige Tomás González Cueto, y la personación de la Federación en el caso Supercopa. El mundo al revés.

Como era de prever, Rocha ha impugnado la resolución ante el juez de lo contencioso-administrativo, solicitando una suspensión cautelar que le permita presentarse a las elecciones previstas para después de los Juegos Olímpicos de París. La impresión generalizada es que el juez le terminará concediendo las cautelares, el quilombo se prolongará sine die, habrá elecciones, ganará Rocha y el Gobierno tropezará con la misma piedra y volverá a hacer el ridículo como ya lo hizo con la RFEF de Rubiales.

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Aquella institución, la de Rubiales, reflejaba el lado oscuro del fútbol, allí donde todavía no había llegado la transición democrática, donde todo eran familias y favores debidos, y donde imperaban los condotieros. En ese contexto, aventurerismos como el de Carlos Herrera, alguien de enorme popularidad, pero ajeno al ecosistema federativo, no son sino sueños propios de estas noches de verano.

El Ejecutivo y, más concretamente, el Consejo Superior de Deportes miraron hacia otro lado y mantuvieron durante dos años a Rubiales a pesar de las informaciones publicadas por El Confidencial sobre las negociaciones con Gerard Piqué para vender la Supercopa a Arabia Saudí, el uso de fondos de la RFEF para viajes personales, la contratación de detectives privados para espiar a rivales y las grabaciones a ministros.

Nadie del Gobierno hizo nada entonces. Aquel silencio fue caldo de cultivo para especulaciones y maledicencias. Las sombras de Florentino Pérez y Alejandro Blanco eran alargadas.

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Este mismo Gobierno, con Víctor Francos de secretario de Estado para el Deporte, fue testigo en Sidney del escándalo del beso y los comportamientos inadecuados del expresidente en el palco de honor del partido. El Ejecutivo tampoco quiso activar en ese momento los procesos de inhabilitación, a pesar del clamor público y de las distintas denuncias existentes.

Fue FIFA quien puso fin a esta situación. Después de mirar para otro lado, Víctor Francos, anunció que llevaría el caso ante los tribunales para que se le incoara un procedimiento por "una falta muy grave". ​

De aquella inacción hemos pasado a una ofensiva para la toma de control de la RFEF. La excusa que blandían entonces —la naturaleza jurídica de las federaciones deportivas, básicamente privada, que les ataba de pies y manos— parece haber caído en saco roto. El intervencionismo del Gobierno se expande como una mancha de aceite en todos los órdenes. La maniobra parte del actual presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y de su director general, Fernando Molinero.

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En su política de intervenir las instituciones, el fútbol resulta mollar. No solo por su poder territorial, nacional e internacional, sino también por lo que supone, hoy por hoy, a las puertas de un Mundial, con socios estratégicos como Marruecos y Portugal.

El Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza y utilizando a Uribes, ha descabezado una de las Federaciones más importantes del mundo, horas después de que la selección española alzara la copa. Cabe recordar, que el 10 de septiembre estaba previsto convocar elecciones en la RFEF, por lo que esta decisión sólo se entiende dentro de la política de desembarco del Gobierno en las instituciones más relevantes de un país.

Se trata del ejercicio espurio de la política frente a ese alegato que hace mi compañero Alejandro Requeijo, en Invasión de Campo, en favor de la identidad de las gradas y del fútbol como un patrimonio cultural, social y familiar a respetar. Conforme aumentan los éxitos del deporte español, así crecen las traiciones y luchas de poder. La RFEF es el mejor ejemplo. Cayó Rubiales. Ha caído Rocha. Y esto no ha hecho más que comenzar.